Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario

No hay nada cierto, salvo la muerte y los impuestos, reza la muy conocida frase del filósofo, inventor y político norteamericano Benjamín Franklin. Con eso dejaba establecida la noción de un Estado cruel y capaz de convertir sus decisiones en algo ineludible para sus ciudadanos. Eso viene a la mente cuando, recientemente las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR) anunciaron como un gran éxito de su gestión, que los ingresos tributarios en el 2019 llegaron a 107 mil millones de Lempiras. Tal noticia pone al país frente a cifras incomparables que se lograron después que la tributación se ubicaba en alrededor de 56 mil millones de lempiras para el año 2013. A partir de ese año ha venido creciendo permanentemente.

Por las cifras anteriores, se debe de concluir que no hay gobierno en la historia del país que haya tenido a su disposición tantos recursos como el actual. Según los cálculos que se han hecho, la carga tributaria representaba el 14%, hoy representa alrededor del 18% del PIB. Ese nivel histórico alcanzado en la tributación es el resultado de una tenaz tarea de recaudación, de aumentos a los impuestos de años atrás y de la ampliación de la base tributaria.

No habría tantas reacciones negativas a la política tributaria de los últimos años, si el aumento en la recaudación viniera cubriendo ciertas deficiencias que han sido señaladas desde hace muchos años. En primer lugar, las famosas exoneraciones son uno de los agujeros donde se siguen escapando recursos en muchos casos injustificadamente. Se sabe que muchas de estas exoneraciones han surgido al amparo de las campañas políticas y de la corrupción. Allí ha existido un potencial enorme, pero no se ha querido tocar pese a los reiterados señalamientos de las distorsiones de un sistema que puede tener sentido otorgado al amparo de criterios económicos justificados. En segundo lugar, la evasión y la defraudación siguen ocurriendo abiertamente y sutilmente a través de mecanismos de vieja data conocidos por todos los actores del sistema. Controlando estas dos situaciones se podría lograr una mejor recaudación y no habría justificación para más aumentos a los impuestos.

Tampoco sería escandaloso lo que las autoridades presentan, si la ciudadanía tuviera certeza que la gestión de esos recursos es medianamente aceptable. Pero ese no es el caso de Honduras, mucho menos en los últimos años. El gasto y la inversión pública en Honduras están marcados por la inefectividad y la poca transparencia. Y no son simples leyendas. Están constatados los sobreprecios que se pagan en toda transacción mercantil que las autoridades gubernamentales hacen. Hay suficiente evidencia de los compromisos electoreros y de poder que guían a los que deciden dónde y cuánto gastar. Los casos de contratos de inversión y de servicios que negocian en las altas esferas del poder imponen todas las obligaciones al sector público para así garantizar un negocio redondo e injustificado al contratista. Los casos saltan uno tras otro, demostrando cada vez lo profundamente enraizado que están esos efectivos instrumentos de la corrupción y la ilegalidad. Uno de los gobiernos más señalados por la corrupción y por la impunidad se jacta hoy en día de batir los récords en cuanto a impuestos recaudados.

Hay que agregar un punto. El incremento de los impuestos y el aumento del endeudamiento público van de la mano. Cada vez que se contrae un compromiso adicional con los acreedores es necesario ir señalizándoles que hay capacidad de pago y por ello se requiere demostrar liquidez, disponibilidad de recursos y espacio para honrar las deudas hoy y en el mañana. Por ello el aumento constante en los impuestos y en la recaudación en momentos de alto endeudamiento público, como en efecto ha ocurrido en Honduras. Para el año 2018 el gobierno destinó para el servicio de esa deuda el equivalente al 30% de lo recaudado en impuestos y eso seguirá pesando en los siguientes años.

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