Tegucigalpa, 13 de noviembre 2024. El Congreso Nacional destinó L 106 millones al pago de asesores, asistentes y servicios profesionales entre enero y octubre de 2024; pero sólo ha aprobado 93 proyectos de ley de los 443 presentados ante el pleno, reveló este miércoles la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la presentación del informe “Monitoreo legislativo: asesores, asistentes y consultores en abundancia; resultados en escasez”.

El análisis del capítulo hondureño de Transparencia Internacional destaca que las diputadas y diputados han sesionado en lo que va del año un total de 64 días de 97 posibles, equivalentes a 242 horas, con un costo de L 4,381 por hora. No obstante, mantienen 320 proyectos de ley engavetados y 10 permanecen en discusión. Esta cifra contrasta con el número de asesores y asistentes contratados por el Poder Legislativo entre enero y octubre.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los asesores tienen la función de brindar asistencia técnica a las diputadas y diputados, así como proponer y organizar la elaboración de proyectos de ley, evaluar e investigar su impacto, y realizar la planificación anual de sus actividades y proyectos.

Sin embargo, un promedio mensual de 118 asesores recibió pagos del Congreso Nacional (CN) en los primeros 10 meses del año. Según información oficial, estos asesores fueron asignados a diferentes bancadas, gerencias, comisiones especiales y de proyectos; ninguno a diputados. Cabe señalar que 68% de los asesores contratados percibió, durante el período señalado, un salario entre L 31 mil y 60 mil lempiras; un 27 % devengó entre L 15 mil y 30 mil lempiras y el 5 %, un salario que oscila entre L 61 mil y 100 mil lempiras.

Con respecto a los 243 asistentes, que en promedio laboraban mensualmente en el Congreso Nacional, entre enero y octubre se erogaron L 55 millones a sus salarios, para un gasto promedio mensual de L 5 millones en el pago de asistentes permanentes o por contrato.

Sumado a esto, el CN destinó L 7 millones a servicios profesionales, incluyendo honorarios de peritos, especialistas, técnicos y asesorías, relacionados con estudios, investigación, análisis y auditorías, equivalente a un promedio mensual de L 765 mil.

En total, cada mes el Poder Legislativo pagaba al menos 118 asesores, 243 asistentes y una cantidad no especificada de consultores. Ante los hallazgos, ASJ concluyó que la información encontrada en los portales de transparencia y la recibida mediante solicitudes de acceso a información pública fue incompleta.

Por otro lado, el actual mecanismo arbitrario de asignación que depende de la presidencia del Congreso Nacional favorece las prácticas clientelares y el uso ineficiente de los recursos humanos, por lo que conviene desarrollar procedimientos de selección y promoción del personal por capacidad y resultados.

En tal sentido, ASJ recomienda que los resultados de las funciones de asesores, asistentes y otros profesionales contratados por el CN, tales como: investigaciones y evaluaciones de impactos de los proyectos de ley, dictámenes, planificaciones y proyectos, sean públicos a través de los portales de transparencia, al igual que el análisis de impacto regulatorio de todas las disposiciones que se presenten, discutan y aprueben en el Hemiciclo, para evaluar la calidad de la producción legislativa.

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