César Ramos – En Alta Voz
El foro sobre el Sistema Nacional de Protección dejó en evidencia el malestar de organizaciones y defensores que aseguran que la institución perdió su rumbo y se alejó de la gente a la que debía resguardar.
Lo que nació como una conquista de la sociedad civil y una esperanza para quienes defienden derechos humanos, hoy es visto como un mecanismo debilitado, con menos respuestas y más burocracia.
En sus primeros años funcionó con esfuerzo y compromiso, incluso sin recursos suficientes, pero con el tiempo fue absorbido por intereses políticos que le quitaron su esencia.
Las medidas de protección comenzaron a reducirse mientras las amenazas y el hostigamiento aumentaban, dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad.
Para las organizaciones sociales, la idoneidad del personal dejó de ser prioridad y el sistema pasó a convertirse en un espacio de favores y cuotas de poder.
También se denunció la falta de apoyo real de otras instituciones del Estado, que en lugar de garantizar derechos, en muchos casos se convirtieron en obstáculos.
El papel de la Policía Nacional generó preocupación, ya que algunas acciones señaladas por los beneficiarios fueron percibidas más como vigilancia e intimidación que como protección.
Ante el nuevo escenario político encabezado por Nasry Asfura, las organizaciones advierten que no se trata de cambiar discursos, sino de transformar prácticas que han puesto vidas en riesgo.
Dina Meza directora de Asopodeuh cuestionó que varias denuncias de violaciones a derechos humanos no recibieron trámite en la Secretaría correspondiente, pese a que su función principal es crear políticas públicas que garanticen el respeto a la dignidad humana.
Además señaló que acompañaron a militantes del Partido Libre que fueron maltratados en distintas instituciones, insistiendo en que los derechos deben respetarse sin importar la ideología o el gobierno de turno.
Desde las organizaciones se recalca que todas las instituciones del Estado deberían trabajar con un enfoque de derechos humanos y no según intereses políticos.
El mensaje final fue claro: el sistema de protección debe volver a servir al pueblo, porque cuando se debilita no solo se fallan las leyes, se pone en peligro la vida de quienes alzan la voz.
