Lunes 03 de julio de 2017

REDACCIÓN. Decapitadas y con sus cuerpos desmembrados fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres en un solar baldío de la Colonia Edilberto Solano, en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.

Los cuerpos de dos mujeres eran trabajadoras de la maquila que desde hacía tres días habían sido reportadas como desaparecidas. El caso se volvió emblemático y obligó a las autoridades a dar respuestas en el caso, y en 48 horas dieron captura a dos de los supuestos asesinos, miembros de Mara MS 13.

Como el episodio captó la atención de la opinión pública, las autoridades dieron respuestas en el caso, no le ocurrió lo mismo a Ricci Estefany García Fuentes, una estudiante de belleza que a sus 16 años de edad fue asesinada en el mes de diciembre del 2014. El hecho ocurrió en la invasión La Esperanza, del municipio de Cofradía, en Cortés y su caso aún sigue esperando que se investigue.

En el expediente 1998-14 de la Dirección Policial de Investigación, DPI, de la Unidad de Delitos Contra la Vida, no hay avances que lleven a identificar a sus asesinos. Esta es la realidad de Honduras, donde el 96% de los casos continúan impunes. Solo el 2016 se reporta que hay 181 feminicidios que siguen impunes.

MEDIDAS

Cada 14 horas se asesina una mujer en Honduras, ese dato escalofriante lo proporciona el Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, quien reporta además que en lo que va del 2017, son 140 mujeres asesinadas.

Como medidas para agilizar los procesos de investigación y frenar la alta impunidad, hace un año, el Congreso Nacional aprobó en el Presupuesto General de la República, una partida de cinco millones de lempiras, de los 30 que se solicitaron para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, que funciona adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La creación de esa unidad busca bajar los índices de impunidad y esclarecer esas muertes violentas, fue publicada en la Gaceta el 1 de diciembre de 2016, Decreto 106 – 2016. Según Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público en San Pedro Sula, la unidad de mujeres se creó hace cinco años y las investigaciones avanzan “dependiendo de los casos que se presenten”, porque no existen suficientes fiscales para atender la mora actual. Pero no era esa unidad sino la de delitos contra la vida a la que se refiere.

“En situaciones menores, como agresiones y daños físicos pero que no llegan a quitarle la vida a la mujer están por resolverse en un 80 por ciento, aunque en el caso de muertes están en un cero por ciento resuelto”, dijo Guzmán. El funcionario asegura que la falta de colaboración de las familias en brindar información y declarar ante las autoridades, limita el avance de las investigaciones y esto ocurre por el temor de las familiares a recibir represalias de parte de los victimarios según familiares de las víctimas que participaron en un grupo focal durante la auditoría social realizada por la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios.

“El avance es en un 98 o 99 por ciento en los casos y los resultados son satisfactorios, porque se han obtenido sentencia condenatoria firmes, cuando se han judicializado los casos” dijo el vocero. Esta información es inexacta según los índices de impunidad que existen. Casos que no llegan a sentencia no se puede decir que tienen resultados satisfactorios.

Según, María Luisa Regalado, de la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios, la respuesta a las muertes violentes de mujeres dependen en gran medida a la atención mediática.

POCOS CASOS JUDICIALIZADOS

Son pocos los casos de feminicidios que llegan a los Tribunales, en el caso de San Pedro Sula, el portavoz del Poder Judicial, Ruy Barahona, revela que los expedientes que han ingresado son por tentativas de homicidio.

 

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