Por José Manuel Serén

Tegucigalpa Honduras |Reporteros de Investigación. El Mecanismo de Protección, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, otorgó medidas de protección a la Directora del Periódico Digital Reportar Sin Miedo, Dunia Orellana.

Orellana expresó que ha tenido agresiones relacionadas con la agenda LGTBI de Reportar Sin Miedo y con sus investigaciones, pero no les ha tomado relevancia, ya que son situaciones que ha podido contrarrestar. Desconocidos han intentado ingresar a sus cuentas virtuales, pero no lo han logrado porque aplica frecuentemente medidas de autoprotección digital.

La denunciante dijo a RI que el 25 de marzo de 2022, un individuo ingresó a la fuerza las oficinas de la organización periodística e intentó llevarse a la fuerza a un menor de edad que se encontraba en eso momento en el local.

Comenta que esto le hace sospechar que desconocidos tratan de intimidarla debido a los temas delicados y de alto impacto que surgen en el país y que ha investigado sin afinidades políticas para publicar en su medio digital, en el que menciona personajes con suficiente capacidad económica y política.  

El Mecanismo manifiesta a través de la resolución favorable a su petición que Dunia Orellana, se comprende dentro de la población beneficiaria de esta ley, al referir que, es directora ejecutiva del medio de comunicación digital «Reportar Sin Miedo», una organización periodística sin fines de lucro.

RSM se dedica a verificar hechos, investigar y combatir las noticias falsas por medio de la investigación periodística y de actualidad; produce contenidos en diferentes plataformas con el fin de fomentar la información, educación, participación ciudadana, inclusión, interacción, diversidad, hiperlocalidad y transparencia en temas de acceso a la justicia, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, género,  transparencia, migración, crisis climática, política, cultura, educación, salud, trabajo y tecnología con enfoque interseccional.  

Resolución del Mecanismo

El Mecanismo citó que tal como lo ha indicado la Relatoría Especial, la violencia en línea tiene un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión, hay innumerables mujeres periodistas que deciden no continuar publicando información frente a la violencia, amenazas o acoso, otras recurren a la autocensura, cierran sus cuentas digitales o abandonan la profesión. 

Las restricciones y obstáculos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las mujeres refuerzan su marginación en espacios públicos, y la discriminación estructural impide que puedan ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión, este derecho, también se limita el ejercicio de otros derechos fundamentales, como los derechos al desarrollo, la educación, la salud, la participación política y una vida libre de violencia, como lo indica  un informe “titulado” Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión, RELE-CIDH, 2018.

Estas medidas fueron aprobadas bajo resolución No. SEDH-DGSP-R/O-027-2022 y se ordena brindar enlace en caso de existir una situación de riesgo que afecta la vida, libertad, seguridad e integridad personal, de la peticionaria; solicitar dentro del rol institucional, al Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, la implementación de medida de protección consistente en un enlace policial con toma de decisiones para la atención inmediata de la peticionaria, cuando informe emergencias derivadas de su labor.

En un considerando, la resolución resalta que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Asimismo resalta que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación, sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen  nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  Según describe el principio número 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 

La peticionaria, residente en San Pedro Sula, realizó esta petición, con la representación de la defensora de derechos humanos, Dina Meza, directora Ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).

Orellana es también integrante del Consejo Editorial de Reporteros de Investigación. Acudió al Mecanismo de Protección debido a los diferentes incidentes sufridos en los últimos meses.

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