Angie Villanueva
La Coalición del Norte por la Justicia (CONJUSTICIA), un grupo de organizaciones de sociedad civil en Honduras, llevó a cabo el “Sondeo de Percepción del Contexto Nacional”, con el objetivo de conocer cómo la ciudadanía percibe temas clave como seguridad, extradición, empleo y procesos electorales.
Leonardo Pineda, coordinador del estudio, explicó que el propósito principal era obtener información directa de la población para hacer incidencia. “Queríamos conocer de la gente que era lo que estaba percibiendo, porque a veces se manejan en los medios que están en el poder muchas narrativas que no reflejan lo que la gente está sintiendo”, comentó.
El estudio se realizó mediante una encuesta virtual aplicada a 300 personas en 12 de los 18 departamentos del país, con una muestra heterogénea en términos de edad y género. Sin embargo, Pineda detalló que el estudio se centró en personas con un grado de escolaridad más alto, lo que permitió una mejor comprensión de los temas abordados.
Uno de los hallazgos más significativos fue la falta de confianza en las autoridades y la percepción de inseguridad, a pesar de los reportes oficiales sobre una disminución en la tasa de homicidios. Pineda señaló que, aunque el gobierno ha renovado en múltiples ocasiones el estado de excepción, muchas comunidades no perciben mejoras tangibles, especialmente en el combate a la extorsión.
Además, destacó que las recientes disputas dentro del mismo gobierno, como el enfrentamiento entre la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, y el ministro Gustavo Sánchez, han generado aún más desconfianza en la población. “Cuando una funcionaria acusa a su propio ministro de corrupción diciéndole que es parte del crimen organizado, eso obviamente impacta en la ciudadanía y en la percepción de la gente de que realmente no han cambiado mucho las cosas”, afirmó.
Por otra parte, el estudio reveló que el 90% de los encuestados considera que la eliminación del tratado de extradición fue un error del gobierno. Según Pineda, esta postura refleja una fuerte contradicción dentro del partido en el poder, ya que su discurso se ha basado en denunciar el “narcoestado” del gobierno anterior.
“Libre había venido con su discurso con su negativa del narco estado del narco gobierno de que todos los del del Partido Nacional eran narcotraficantes, y son ellos quienes presumen de no tener vínculos con este tipo de personas y que ahora denuncian la extradición, eso es una contraposición muy fuerte”, comentó.
Para el coordinador del estudio, esta medida ha sido percibida como un “harakiri político” para el partido gobernante, al punto de que la administración se vio obligada a retractarse parcialmente al establecer que la extradición seguirá vigente hasta enero de 2026.
Asimismo, el respaldo ciudadano a la instalación de la CICIH es uno de los puntos con mayor consenso en el estudio. Sin embargo, la falta de avances en su implementación ha generado frustración. “Esta era una de las principales promesas del gobierno actual, y su incumplimiento se ha convertido en un talón de Aquiles para ellos”, opinó Pineda.
Por otro lado, el Código Penal sigue siendo una fuente de desconfianza, especialmente por las reducciones de penas en delitos de corrupción y violencia. “El Código Penal se aprobó en plena pandemia y sigue intacto. Las penas o los castigos son aberrantes totalmente fuera de orden, la integridad de una mujer cuesta una barrida de calles, hay castigos más fuertes para alguien que agrede un animalito que para alguien que agrede una mujer”, criticó
En cuanto al ámbito electoral, la mayoría de los encuestados expresó su desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el proceso en general. Pineda advirtió que esta falta de credibilidad es un problema grave para la democracia, ya que desmotiva la participación ciudadana.
“La gente está en un estado de indefensión inducida. En este año electoral queremos generar conciencia, la clase política tiene que cambiar necesitamos un proceso electoral que lleve a nuevas autoridades, que realmente piensen en el beneficio colectivo, tenemos que involucrarnos, no podemos estar tan pasivos”, concluyó.
Los resultados del sondeo reflejan un descontento generalizado con la situación actual del país y muestran una brecha significativa entre las decisiones gubernamentales y la percepción ciudadana. Esta desconexión deja en evidencia la necesidad de políticas públicas con un enfoque más cercano con la población hondureña.
