- El Estado hondureño tiene que garantizar que los defensores del ambiente puedan ejercer su labor sin poner en riesgo su integridad física y su vida
Unas 205 quejas atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre el 2019 y septiembre del 2024, sobre los problemas ambientales que afectan a las comunidades en distintas regiones del país, informó la Unidad de Estadísticas de este ente estatal.
Las quejas atendidas en el CONADEH van desde la afectación de la biodiversidad, abusos de autoridad en el aprovechamiento de recursos forestales, contaminación por la explotación ilegal de minas, tala ilegal de madera, extracción ilegal de minerales, derramamiento de combustible, contaminación por sonido.
Además, la contaminación de aguas subterráneas, el deterioro de los recursos forestales, la falta de protección a las cuencas hidrográficas, problemas en la prestación del servicio de agua, propagación de plagas y enfermedades, atención inadecuada de rellenos sanitarios, la comercialización ilegal de recursos forestales y el establecimiento de industrias y comercios en zonas habitacionales.
Ricardo López, Delegado Adjunto del CONADEH, declaró que esta Institución Nacional de Derechos Humanos atendió 205 quejas relacionados con temas ambientales, en todo el territorio nacional, entre el 2019 y lo que va del presente año.
Destacó la valentía de las personas que, independientemente del riesgo que para ellos representa, defienden el derecho al ambiente sano.
Diversos sectores coinciden en señalar que el Estado hondureño es uno de los países más peligrosos del continente, y del mundo, para la defensa de los derechos humanos ya que enfrentan una situación de extremo riesgo debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra buscando silenciar sus causas.
Riesgo que tiene un impacto diferenciado en distintas poblaciones, como ocurre en las comunidades campesinas y en las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente que, generalmente se traducen en potenciales violaciones al derecho a la vida, la integridad y la libertad personal.
López declaró que el Estado hondureño tiene que garantizar que los defensores del ambiente puedan ejercer su labor sin poner en riesgo su integridad física y su vida y puedan exigir al Estado las medidas adecuadas para el tratamiento de los ríos, empresas mineras o de la deforestación de los bosques y exigir el respeto de los derechos humanos.
Destacó que los defensores del ambiente exigen derechos que benefician a toda una colectividad y no exclusivamente para ellos.
“Lo que desarrolla un defensor del ambiente es garantizar que todos podamos gozar efectivamente de estos derechos ambientales”, puntualizó.
El CONADEH considera que indispensable instruir a los funcionarios y servidores públicos de los gobiernos municipales o locales, para que adopten un discurso con enfoque de derechos humanos que esté alineado con los principios del respeto, la igualdad, la objetividad y responsabilidad y se refleje un verdadero compromiso del Estado en la promoción y protección de los derechos humanos.