Nuestro pueblo anhela una vida democrática, igualdad de oportunidades, respeto a las libertades, lucha contra el crimen organizado, deducción de responsabilidades a quienes violen la ley y una verdadera erradicación de las influencias negativas del narcotráfico. En tal sentido expresamos nuestra más profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de ordenar la denuncia del tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos de América.
Dicho acto ha alcanzado de manera inmediata un nivel de impopularidad general, pues es una acción que a todas luces va en contra de los intereses del país y al mismo tiempo debilita de manera profunda la imagen de honduras antes el compromiso de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Como frente hemos externado nuestro deseo de que en honduras el estado de derecho y la institucionalidad alcance niveles que nos permitan de verdad decir que tenemos soberanía y autodeterminación plenas, y consideramos que para ello es fundamental mantener los acuerdos internacionales que fortalecen la lucha contra estos flagelos que tanto daño y luto dejan a nuestra nación.
Lamentablemente, es una realidad que Honduras enfrenta una debilidad institucional endémica, todo lo cual favorece la impunidad y la corrupción, empezando por la polarización y politización de las instituciones, por lo que como frente siempre hemos defendido la necesidad de alcanzar una verdadera independencia de los que ejercen los cargos esenciales para esta lucha. Este acto de denuncia al tratado, sin duda tendrá repercusiones negativas, tanto para la población del país local como a los que residen en Estados Unidos quienes, sin olvidar que estos últimos prácticamente sostienen la economía del país por medio de sus remesas, no se puede obviar que dicha medida tan solo trae dudas y más desconfianza local e internacional, pues muestra una cara a la que no parece interesarle de manera real la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Exhortamos al gobierno a rectificar y actuar en congruencia con las aspiraciones del pueblo hondureño, de traer la CICIH para combatir la corrupción, otra grave amenaza para nuestra sociedad. Urgimos al Congreso Nacional a promulgar una nueva Ley Integral de Extradiciones que fortalezca el marco jurídico en este tema. El planteamiento nos advierte que la denuncia del tratado conlleva graves consecuencias, incluyendo el riesgo de represalias diplomáticas y económicas que afectarían a nuestra nación.
Honduras no puede permitirse aislarse de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Esta decisión, basada en la supuesta defensa de la dignidad nacional, es un pretexto para satisfacer intereses de un reducido grupo de personas, poniendo en peligro la seguridad de la nación. Denunciamos que este acto irresponsable amenaza con convertir a Honduras en un refugio para actividades delictivas y debilitar la imagen y el respaldo internacional del país.
Tierra, Raíces, Pueblo, Nación, Nuestro país, Nuestra prioridad, Nuestro compromiso.
Tegucigalpa, Treinta y uno (31) de agosto del año dos mil Veinticuatro (2024).
Frente Cívico por la Democracia (FCD)
