El grado de afectación del fenómeno criminal en los últimos cinco años, nos ha ubicado como uno de los Estados sin conflicto bélico, con las Tasas de Homicidios (T/H) más altas del mundo, del 2011 con una (T/H 86.5/100 mil habitantes) según Datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, a una (T/H 58/100 mil habitantes) en el año 2016 registrados por la Secretaria de Seguridad a través de los Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), lo que conlleva a tener en promedio en todo este tiempo, una (T/H 71.62% / 100 mil habitantes).
Si apelamos a un símil, la baja significativa de la T/H sigue sin producir cambios en la percepción ciudadana de inseguridad, la delincuencia común, maras o pandillas, criminalidad organizada y violencia sectorizada, son componentes de una problemática generalizada, que lejos de ser transitoria es una enfermedad endémica de la sociedad. En otras palabras, los esfuerzos de las agencias ejecutivas para contener esta problemática, no han brindado los resultados esperados.
No obstante, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe “Regional de Desarrollo Humano del 2013-2014”, que recoge datos de 18 países de América Latina, considere que la pobreza no genera violencia, resaltando el caso de la Policía Comunitaria de Nicaragua, eso no significa, al menos en nuestra realidad social, que la desigualdad, la inequidad, pobreza extrema, el desempleo, el analfabetismo, la corrupción, entre otros, sean las causas que originen tanta criminalidad.
¿Qué hacer al respecto?, o más bien ¿Qué no hemos hecho? para combatir este fenómeno; se traspasó la Policía al régimen civil hace unos años, se dotó de logística a las fuerzas policiales, se crearon nuevas agencias de investigación criminal, se han fortalecido las instituciones de administración de justicia; en los últimos años se han incrementado el número de jueces, fiscales y policías, se estableció un proceso de depuración, el legislativo se sumó a los esfuerzos, auditando a los operadores de justicia hace unos años, se intervinieron algunas instituciones, se aprobó una Tasa de Seguridad, se creó la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA), la Policía de Militar, la Policía Tigre, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), e incluso la vestimenta policial cambio de color, pero a pesar de todos estos esfuerzos, las estadísticas delictivas no han sufrido descensos importantes.
Bajo esa perspectiva, lo que parece ser un problema para unos, resulta ser un negocio para otros. A pesar de los esfuerzos, el Estado se ve limitado de ejercer un efectivo control social formal, que permita combatir este fenómeno, el rol de brindar seguridad se ha interpolado, dejándole al propio ciudadano la obligación de brindarse seguridad mediante la tenencia de armas de fuego o la contratación de agencias privadas de seguridad para cuidar sus negocios, empresas o viviendas.
Hoy son comunes, los escoltas, alarmas, cámaras de seguridad, proyectos de vivienda en circuito cerrado, grandes muros electrificados en las casas, balcones de hierro en puertas y ventanas (a cual mejor diseño para mantenernos aislados), lo que me hace reflexionar muchas veces ¿Quiénes son los que verdaderamente están presos?, ¿Nosotros? o ¿Ellos?, sin duda, un fenómeno muy complejo, en donde aquellos ciudadanos de mayor capacidad adquisitiva, parecen estar un poco más aislados del problema, resignándose el ciudadano de a pie, a vivir cotidianamente en medio del fenómeno y de los muertos.
Partiendo de la realidad político-social anterior, surgen falsos apósteles “expertos analistas del delito” que mediáticamente (impuestos por los programas de televisión) instrumentalizan la necesidad de la población de encontrar soluciones al fenómeno, con el objetivo trivial de ganar popularidad, conseguir votos o imponer un agenda de cierto sector económico, político o religioso.
Sumado a lo anterior, son constantes los programas de radio y televisión, con música y/o novelas que fomentan patrones conductuales en nuestra sociedad:“Sin senos no hay paraíso”, “El cartel de los sapos 1, 2, 3..”, “Camelia la texana”, “El patrón del mal”, “La reina del sur”, “El señor de los cielos”, “El capo”, “Las muñecas de la mafia”, “El cartel”, etc. todas éstas, una industria fílmica que sin duda induce a la violencia, por ende, basta con analizar los cortes comerciales, para entender quien está en medio del negocio.
Si bien por un lado, se gastan grandes recursos estatales en reprimir el delito, por otro, la ventana está abierta para generar más conductas desviadas. Me atrevería a pensar que estamos inmersos en una cultura apacible a la violencia y en consecuencia al delito, que nace en una de las primeras etapas del control social, la socialización: es allí, en esos primeros círculos de la vida, que los niños crecen escuchando a mamá y a papá discutir, a celebrar cumpleaños con pistolas de juguete (de regalo), o crecen frente a la televisión y a las populares consolas de videojuegos, siendo combatientes hábiles en juegos sangrientos como Mortal Kombat, Manhut, Grezzo, Doom, Saw, Postal 2, Carmageddon, Madworld, No more heroes, Overkill, ResidentEvil, etc.
Al no existir en la actualidad un Oráculo de Delfos (al cual recurrían los griegos en la antigüedad, hace miles de años, para encontrar la verdad y la solución a los problemas), lo que hoy sí tenemos, es la ciencia de nuestra parte, para determinar donde discutir las posibles soluciones al fenómeno criminal (Y no lo es en la televisión!), sino que en los espacios académicos, donde deben ampliamente analizarse y discutirse los diversos enfoques sobre la prevención y la represión del delito.
En consecuencia, aunque algunos sectores insistan en traer extranjeros (grandes expertos analistas del delito, los cuales conocen a los mareros solo por fotografía on-line y nunca han sido asaltados en sus países del primer orden mundial) para tratar de explicarnos las posibles soluciones al fenómeno, no todo está perdido, podemos hacer mucho! Debemos comenzar, con creer en nuestra gente, en nuestros expertos académicos, con debatir entre nosotros, con apoyar espacios académicos en las universidades, para analizar esas posibles soluciones al fenómeno delictivo, y construir juntos mediante el estudio, una nueva Honduras!
Hermes Ramírez
Doctor en Ciencias Penales
Catedrático de Derecho
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