Emelly Milla

Tegucigalpa. – El Departamento de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales-UNAH y la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) realizaron un foro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con el propósito de incentivar la formación de la conciencia crítica en la ciudadanía.

El coordinador de la carrera de Sociología, Marco Tinoco, expresó su motivación y la importancia de la realización del foro, con respecto a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un “evento de trascendencia nacional” dado que se ha aprobado una nueva ley para regular el funcionamiento de la Junta Nominadora, lo que podría cambiar el rumbo de estas elecciones.

El sociólogo afirmó que: “Esperamos que los magistrados realmente puedan estar a la altura”. Añadió: “sabemos que la ciudadanía debe estar informada y debe ser una ciudadanía crítica y propositiva para enmendar todos estos problemas de la justicia en el país”. Por tal motivo, recalcó la importancia de escuchar las reflexiones de especialistas y analistas de trayectoria en el país.

El foro inició con el Secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, quien compartió la idea “la única manera de garantizar la seguridad jurídica en el país es asegurándonos que el sector de la justicia opere de acuerdo con las leyes que ya están establecidas y que las personas encargadas de juzgar se apeguen a ellas”.

También, criticó la posición de las empresas privadas al decir que éstas piensan en que sin un Estado de Derecho no hay inversión.   Sin embargo, para el abogado, los derechos de la ciudadanía están por encima de la inversión: “A mí lo que me interesa es que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales garanticen los derechos de los ciudadanos, de las personas en general, personas naturales y personas jurídicas”, dijo.

Reprochó que, si se busca estar a favor de la inversión por sobre los derechos de los ciudadanos, sería mejor continuar con la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) dado que “las ZEDES son estados en que el ciudadano es sustituido por la empresa”. El doctor aclaró que, estamos en una sociedad de seres humanos por lo que se deben garantizar los derechos de todos; “derivar el tema de seguridad jurídica y el Estado de Derecho exclusivamente a la inversión es una aberración”, afirmó.

Orellana, expresó que, inclusive sin un Estado de Derecho, siempre vendrán “empresas peregrinas” que busquen aprovecharse de las situaciones inconstitucionales en Honduras. Desde su perspectiva, la mejor opción es garantizar los derechos de la sociedad, para poder atraer empresas que beneficien a los hondureños y no se “aprovechen de ellos”.

La Corte Suprema de Justicia, (CSJ) es el órgano más importante del Poder Judicial en donde se puede limitar el ejercicio del poder Legislativo y Ejecutivo. Dentro de la Sala de lo Constitucional, se pueden derogar leyes provenientes del mismismo presidente de acuerdo con esto.

El profesional del Derecho, Edmundo Orellana dijo: “Allí, en la CSJ, se necesita gente que sea un dolor de cabeza para el poder legislativo y poder ejecutivo, no necesitamos gente sometida, servil, que con una llamada el presidente se ponga a temblar. Necesitamos gente a quien tengamos que respetar y decir que estamos orgullosos… porque solo están atendiendo su criterio jurídico y la ley”.

Referente a la nueva ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, Orellana, afirmó que, “no sufrió mutilación alguna” y quienes afirmaron lo contrario “están mintiendo y lo único que están haciendo es descalificando un instrumento legal que será muy útil para escoger a los mejores y las mejores abogadas del foro, para que se integren en la Corte Suprema de Justicia”.

“Lo que se eliminó fue lo que la Comisión de Dictamen incorporó al proyecto”, afirmó. Asimismo, la Comisión de Dictamen fue incapaz de defender sus propias aportaciones y se evidenció la falta de criterio por parte de ellos. Según Orellana, se modificó la ley para permitir que abusadores llegaran a la CSJ.

“El proyecto original iba que aquel que estuviese condenado no podía ser postulado como magistrado”. En la discusión para aprobar la ley, se le incorporó la expresión “en sentencia firme”, lo que quiere decir que, si hay una sentencia que aún puede ser impugnada mediante recursos, puede postularse.

Cuando se refiere a una sentencia firme, es aquella que ya fue pasada por las autoridades competentes por lo que ya no admiten recursos. Los que están con “sentencia definitiva” pueden postularse para magistrados de la CSJ. Orellana, mostró su indignación ante las diputadas que fallaron a favor de este cambio a la ley, y mucho más, ante las mujeres en la sociedad que no condenaron los actos de esas diputadas e invitando así a los colectivos feministas, a hacer una lista de las diputadas y que las condenen públicamente, porque con ellas “los derechos de las mujeres, no están garantizados”.

También, señaló la disposición de la abogada, Maribel Espinoza, quien introdujo en el encabezado del artículo 15; el cual requiere que los postulantes a magistrados acrediten que no están siendo investigados, mediante una declaración jurada. De encontrar que el postulante no fue honesto en la juramentación, quedará inhabilitado para ser magistrado y se procesará penalmente porque incurriría en un delito.

Sobre la evaluación dijo “tengan ustedes la seguridad de que las normas que se aprobaron fueron las que nosotros consignamos en el proyecto, que lo único que se cambió fue el porcentaje con el que se va a calificar cada uno de los factores que están en la ley”.

Leticia Salomón, representante del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), apoyó la iniciativa que se tuvo con el foro para “rescatar un poco el derecho que tenemos a hablar, a opinar, a demandar y a vigilar el proceso” dado que las decisiones que se tomen repercuten a los hondureños.

Salomón, señaló que las decisiones que tomamos siempre van con algún interés particular por lo que es necesario que haya “una instancia intermedia que sea la que tome decisiones y sea capaz de actuar con la claridad y la objetividad necesaria para impartir justicia en nuestro país”.

La investigadora distinguió la despreocupación de algunos ciudadanos, quienes piensan que, mientras “se porten bien” no se deben interesar por quienes conforman la CSJ. Sin embargo, referente a esto, destacó el tema de la indefensión ciudadana, diciendo que los compatriotas se sienten indefensos “ante cualquier tipo de interés, porque saben que no pueden contar con una justicia imparcial”, y por eso, a todos nos debe interesar tener una CSJ “imparcial, pero no neutral”.

Salomón, definió lo neutral como “no estar a favor o en contra de nada”. Por lo que para la socióloga “sí cree en la justicia, si cree en la lucha contra la impunidad, esa corte no es neutral, esa corte es imparcial”. Señaló que: “La justicia esta acosada por muchísimos intereses que se están moviendo de forma invisible o visible”.

La economista indicó que hay intereses personales, familiares, de partido, intereses ilegales, de grupos o gremios y de iglesias. Reflexionó que: “Todo esto que ven ustedes, nos permite ver que hay mucho más de una politización partidaria del proceso de elección de la CSJ”. Pese a que sean los partidarios políticos que integran el Congreso Nacional, quienes elegirán a los magistrados, estos están “influenciados por todos los intereses” antes mencionados. 

La socióloga, expuso dos elementos importantes a rescatar para ver un panorama más amplio de los fenómenos que se están viendo en América Latina; el proceso de la politización partidaria de la CSJ y la judicialización de la política. “Si nosotros vemos que la justicia se politiza desde un punto de vista partidario, estamos viendo que lo que se va a impartir es una justicia que se mueve al son de los intereses partidarios que se mueven en el país. El tema contrario, la judicialización de la política, ha adquirido una gran relevancia en nuestro país y muy en particular por aquellas personas que están siendo juzgadas por algunos delitos que no cometieron”.

La judicialización de justicia puede impedir que un candidato llegue a un puesto público, y es una manera en la que muchos accionan para sacar del juego a alguien competente.

 Distinguió que hay varios momentos claves para tener presente:

1. Movimientos alrededor de la Junta Nominadora; debido a que los partidos políticos buscan controlar a quienes van a proponer representantes ante la Junta Nominadora.

2. Los candidatos propuestos y auto propuestos; “por allí se nos puede “colar” una de bandidos utilizando el precepto generalizado de que toda persona es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Eso no puede aplicarse a candidatos a magistrados de la CSJ”. Mencionó que las personas “manchadas” no deberían ni considerarse para ser parte de la CSJ.

3. Partidos políticos en el Congreso Nacional; recordó que los partidos políticos son los que van a elegir y están en constante negociación de cuántos magistrados van a tener cada uno, por lo que se necesita estar al pendiente que esto no suceda así.

4. Magistrados electos al final; es necesario conocer si los magistrados que quedaron son los más capacitados e idóneos para que se les dé el cargo. Hay que ver las reacciones de ellos para saber si se ponen a la orden de partidos u organizaciones que los apoyaron.

También destacó que si se acusa a alguien de corrupto “debemos tener la certeza de que lo es”.

“Los mejores y más íntegros magistrados deben definirse por las neuronas y no por las hormonas”, alegó. Y de igual manera, elogió el hecho de que estén enfocándose en la cantidad de mujeres y hombres que habrá en la CSJ como un avance, pero, siempre es necesario tener en cuenta si esos hombres y mujeres son transparentes y no están involucrados en actos vergonzosos dado que, de ser así, ella se sentiría mejor con que hicieran lo necesario por elegir a los mejores.

Finalizó diciendo, que, hay que estar al pendiente de los responsables de los magistrados que queden al final, saber quién los propuso, qué partidos políticos los apoyó, qué iglesia abogó por ellos y qué grupos gremiales están detrás, para señalarlos en el momento que se necesite, porque muchas veces sucede que culpan al Congreso Nacional cuando los que propusieron a esas personas son igual de responsables que el Congreso Nacional.

Luis Maljik, director legal de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), señaló que ellos consideran 3 factores claves para el desarrollo social en Honduras y esos son: “número uno: tener una política tributaria y competitiva; número dos: trabajar hacia la simplificación administrativa y número tres: un fortalecimiento del Estado de Derecho”.

Se centró en el último factor y compartió datos establecidos por World Justice Proyect (WJP), que mide a los países anualmente, de acuerdo con un índice de Estado de Derecho y estos se establecen alrededor de ocho factores. De estos ocho factores, el abogado se enfocó en explicar los primeros cuatro.

El primero de los factores; es la ausencia de corrupción, que mide que los funcionarios públicos no acepten sobornos ni utilicen su cargo para intereses personales; en esta instancia, Honduras estuvo en la posición 122 de 139 países dentro de la lista.  El segundo factor; es el respeto de los derechos fundamentales, en el cual, el abogado destaca el respeto al principio de inocencia y el respeto de los derechos mínimos de las personas privadas de libertad, en la que Honduras fue el puesto número 137.

El tercer factor es la justicia civil, que lo componen: el verdadero acceso de justicia que tiene un ciudadano, el acceso a la casación, que el sistema esté libre de sobornos o influencias y que los jueces cumplen su labor para la emisión de las sentencias; Honduras se posicionó en el número 126 en la lista. En la justicia penal, fue donde el país tuvo la peor calificación. Este mide aspectos de la independencia de los jueces, la imparcialidad y otros elementos como la impunidad.

El abogado ahondó en el tema de recurso de casación, él considera que es una de las más importantes “a nivel de las distintas salas”. Definió la casación como “un instrumento cuya finalidad es que en el Estado exista una uniformidad en cuanto a la aplicación del derecho objetivo, dicho en palabras sencillas, que un mismo caso sea tratado de la misma manera en la zona norte del país o en la zona sur”. Este recurso nos da garantía de igualdad ante la ley.

La CCIC, espera en el proceso de elección que “las distintas organizaciones que están señaladas en el artículo 311 de la Constitución de la República, se comprometan a nombrar personas idóneas, capaces y comprometidas en llevar a cabo este proceso de elección para la nómina de candidatos y que las decisiones se basen única y exclusivamente en criterios que ya establece la normativa”.

En cuanto al proceso, Maljik espera que “haya un respeto absoluto de cada uno de los principios que ya establece el artículo 3 de esta ley: legalidad, equidad de género, publicidad, transparencia, objetividad, entre otros”. De igual manera ellos quieren que se elijan a los mejores hombres y mujeres para que compongan la nueva CSJ.

A partir del ejercicio de la nueva Corte Suprema de Justicia, ellos buscan “que se sigan las políticas institucionales para la reducción de la mora judicial” y se mejore el nivel de juzgado el tema de la motivación de las resoluciones judiciales. Y no solamente, fundamenten las decisiones basadas en norma jurídica, sino también, argumenten sus decisiones del porqué se aplica dicha norma, a modo de que la sentencia dictada sea lo suficientemente clara para todos los ciudadanos.

Para finalizar, recalcó que, el poder judicial tiene la tarea de transmitir seguridad jurídica tanto para ciudadanos como para extranjeros. Igualmente, destacó un aspecto de la nueva ley de la Junta Nominadora, en la que ya no solamente se envía una nómina, sino que, ahora se obliga a realizar un informe del porqué se propuso a dicha persona y lo califican para conocer si es o no idóneo.

El abogado solicitó analizar otros modelos de elección de la Corte Suprema de Justicia, hechos por otros países de la región como Argentina, dado que en esos países no se hace un cambio total de sus miembros, sino de una forma parcial. Para él, este es un beneficio que deja una memoria institucional y que a la vez fortalece la construcción y la solidez en el tema de jurisprudencia.

Edmundo Orellana rechazó la idea del abogado Maljik, al decir que la CSJ no es responsable de la inseguridad jurídica del país, dado que, según Orellana, la CSJ desintegró el Estado y son responsables del “desastre del país”.

Por su parte, la licenciada Salomón, espera que haya una lista con postulantes íntegros, y que se presenten varias mujeres integras para ser parte de la CSJ. Señaló que, si eso ocurre, se puede recuperar la legitimidad y confianza en las organizaciones. A su vez, resaltó la actitud servil que han tenido los gobernantes con los requerimientos de Estados Unidos, cuando estos requerimientos también afectan enormemente al país, hablando del narcotráfico, la migración, la corrupción, entre otros más que han sido discutidos.

De acuerdo con Maljik, aclaró que la CSJ no es absolutamente culpable de lo que sucede en el país, si tomamos en cuenta los factores que determinaron la posición de Honduras en World Justice Proyect. El abogado dijo que la responsabilidad la tienen varias instituciones y no solamente la CSJ.

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