• En 2021, Honduras invirtió aproximadamente el 12% del presupuesto nacional en compras y contrataciones
• Falta de transparencia, voluntad y controles entre principales deficiencias encontradas por ASJ.
Tegucigalpa, 10 de mayo de 2022. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, lanzó este martes “Estado de país: Honduras 2022”, una serie de foros en los cuales se analizarán los principales y más apremiantes desafíos que enfrenta la sociedad hondureña.
En el primero de los ocho foros que tendrán lugar cada semana a partir de la fecha, la ASJ abordó la situación de las compras y contrataciones públicas, con base en estudios e investigaciones realizados durante la última década por la organización.
En el evento participaron como panelistas Carlos Pimentel, de la Dirección General de Contrataciones de República Dominicana; John Wingle, actual director de país de la Corporación Desafío del Milenio (MCC) para Belice y exdirector de país para Honduras y Guatemala.
Representantes del gobierno, cooperación y organismos internacionales, así como medios de comunicación, conocieron los resultados de la gestión de compras y contrataciones del Estado que desde 2010 se ha realizado en instituciones como la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Servicio de Administración de Rentas (SAR) e Instituto de la Propiedad (IP).
Entre las cifras presentadas destaca que, en 2021, Honduras invirtió aproximadamente 2.89% del Producto Interno Bruto (PIB) en compras y contrataciones públicas, lo que representó el 12% del presupuesto nacional, es decir, alrededor de L 19,467 millones. Se estima que de este monto se perdieron cerca de L 4,767 millones por corrupción.
De acuerdo a los estudios e investigaciones elaborados por la ASJ entre 2015 y 2019, las instituciones evaluadas alcanzaron un cumplimiento de 66% en las normativas nacionales y buenas prácticas, principalmente por falta de transparencia y eficiencia en las compras.
Entre los ejemplos de irregularidades detectadas figura la compra directa y sobrevalorada de siete hospitales móviles para la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, para los cuales se destinaron L 1,186 millones (USD 47 millones), los cuales fueron pagados por adelantado, sin garantías, a ELMED Medical System, un proveedor sin experiencia acreditada. Las estructuras fueron adquiridas en marzo de 2020, pero se recibieron en junio, bajo una entrega tardía, con equipos defectuosos y usados. A 2021 solo dos de los siete hospitales se encontraban en funcionamiento.
Otro de los casos denunciados por ASJ y que provocó gran daño a las finanzas públicas fue el de la concesión del Corredor Turístico, que superó los USD 268 millones, pese a que el valor referencial fue de USD 98 millones. A causa de las inconsistencias e irregularidades en dicho contrato, el Estado hondureño se vio obligado a indemnizar al concesionario por incumplimiento. El monto de la indemnización no se ha hecho público.
Las falencias en los procesos de compras y contrataciones públicas identificadas por la ASJ incluyen: abuso en compras directas, licitaciones y concursos privados, insuficiente profesionalización de los compradores públicos para mejorar las capacidades y el cumplimiento, falta de voluntad, controles y auditorías. En ese sentido, la organización de sociedad civil efectuó diversas recomendaciones para mejorar los procesos.