La Colectiva de Mujeres Hondureñas CODEMUH, se pronuncia ante el contexto de violencias que viven las mujeres en Honduras. Según la ONU “la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida”. Es importante decir, que aquí no está incluida la violencia laboral a la que sobreviven las mujeres.
Las violencias hacia las mujeres deben ser atendidas desde el Estado como un problema estructural y de derechos humanos, con el propósito de combatirlas; mediante una estrategia de prevención, atención, sanción y su erradicación. El Estado hondureño no debe ser omiso, además, está obligado a generar estadísticas confiables, que revelen de manera transparente las dimensiones de las violencias hacia las mujeres, por su condición de género y la violencia laboral. Desde el Estado, las violencias hacia las mujeres deben ser concebidas como el resultado de un conjunto de elementos relacionados con el sistema económico, político y social, atravesado por el patriarcado comoel sistema, de sistemas que reproduce conductas que sitúan a las mujeres y niñas en una posición de subordinación y opresión en los diversos ámbitos de la sociedad. La prevención de las violencias contra las mujeres es un elemento central en cualquier intervención del Estado, esta ocupa un lugar preponderante en la convencionalidad internacional, especialmente, las que Honduras ha firmado como, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belem Do Pará, sin embargo, es un elemento que observamos ausente en las acciones del Estado hondureño. (Memoria Audiencia temática TMCFGL)
Las violencias hacia las mujeres se incrementan y con mayores niveles de crueldad, de enero a octubre de 2023 el CDM registra 341 muertes violentas de mujeres y se mantiene un 95% de impunidad, el departamento de Cortés es uno de los que encabeza dichas estadísticas, siendo los municipios de San Pedro Sula y Choloma los más violentos, justamente donde se ubica la mayor parte de la industria maquiladora, lo que significa, que las mujeres trabajadoras de la maquila se enfrentan a los fenómenos de la violencia por su condición de género y a la violencia laboral, ejemplo; entre el 2022 y lo que va del 2023 se maneja que unas 40 mil personas han sido despedidas por cierres de empresas sin cumplir con los procedimientos establecidos en la normativa nacional y despidos masivos injustificados, como son los casos de Gildan Activewear, Hanesbrands y Fruit of the Loom, entre otras. La mayor parte de las personas despedidas son mujeres y cientos de ellas con problemas de salud, debido a la explotación laboral; imposición de extensas e ilegales jornadas de trabajo y altas metas de producción.
Lo anterior, nos preocupa, ya que a pesar de las prácticas violatorias a los derechos humanos laborales que sobreviven las mujeres obreras, las autoridades del trabajo NO han implementado una Política de investigación a estas maquilas, para determinar la realidad del porqué están cerrando operaciones y despidiendo masivamente o suspendiendo a sus trabajadoras/es sin goce de salario. Las obreras manejan información de algunas maquilas que están cerrando y que, a la vez contratan personal para otras de sus empresas, otras maquiladoras, suspenden al personal con antigüedad laboral y que tienen problemas de salud provocados por el trabajo, para subcontratar a empresas y que les fabriquen sus productos. Una evidencia es el caso de GK Global, liderados por su fundador, Yusuf Amdani, que en 2021 cerró operaciones de Pride Manufacturing y recientemente inauguró la maquila Northern Spinning Mills, la Presidenta de la República Xiomara Castro y la Ministra del Trabajo Sarahí Cerna asistieron a la inauguración, sin tomar en cuenta que hace 2 años el señor Amdani, dejó a muchas trabajadoras/es sin empleo y sin los derechos a la Seguridad Social, además, cientos de ellas con problemas de salud provocados por la actividad laboral.
Las 67 trabajadoras/es que aún resisten para que la transnacional Gildan Activewear les contrate en otra de sus empresas ubicada en Choloma o en San Pedro Sula, demandan la solidaridad nacional e internacional y exigen a la Ministra del Trabajo Sarahí Cerna:
- Investigue a las transnacionales maquiladoras que están cerrando operaciones bajo el argumento de falta de contratos.
- Garantice la estabilidad laboral y las jornadas de trabajo establecidas en el artículo 128, numeral 1 de la Constitución de la República y en el artículo 321 y 322 del Código del Trabajo, para evitar los riesgos laborales.
