San Pedro Sula. Centenares de sampedranos acudieron a las conferencias sobre el nuevo “Código Penal” convocadas por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
En conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y con apoyo de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, se abordó el nuevo marco legal desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos, también de cómo su aplicación afectaría el Estado de Derecho el cual es fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier país.
“Desde nuestra perpectiva, se requiere reformas de artículos que impactarían negativamente en la libertad de expresión, libertad de reunión-asociación y en la efectiva investigación de violaciones de derechos humanos”, dijo Ivania Galeano, especialista en Derechos Humanos Internacionales de la oficina de la ONU en Honduras.
El jefe de la Unidad de Investigación del CNA, Odir Fernández, evidenció cómo retrocedería la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país al reducir las penas en delitos como malversación de caudales públicos y de enriquecimiento ilícito. “Les invito a hacer un análisis, vean quienes son los que defienden el nuevo Código Penal: profesionales del derecho y parlamentarios; pregúntense a quienes defienden esos abogados. El país es el que va a perder si entra en vigencia ese Código Penal porque se va a generar más impunidad, están diciendo prácticamente: roben y descansen. Los que perdemos somos nosotros porque son nuestros impuestos, nuestros recursos”, dijo Fernández.
El director ejecutivo de la CCIC, Pedro Barquero, señaló que la lucha contra la corrupción y la impunidad es el mejor negocio que pueden hacer los hondureños porque los países con un fuerte Estado de Derecho son más atractivos para la inversión que se traduce en la mejora de la calidad de vida de la población.
La Directora del CNA, Gabriela Castellanos, señaló que de acuerdo a los análisis legales un 75% de los artículos del nuevo reglamento no está de acorde a la realidad del país y favorece la impunidad, por eso se demanda la no entrada en vigencia y se propone la elaboración de un nuevo marco legal conforme a lo que requiere Honduras. La CCIC junto a más de 30 organizaciones de sociedad civil demandan la no entrada en vigencia del nuevo Código Penal y están en alerta permanente sobre este tema.
