- Las quejas contra los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado incluyen el uso desproporcionado de la fuerza en el momento del allanamiento en altas horas de la noche, la perdida de objetos durante las intervenciones y la incriminación con medios de prueba aparentemente falsos.
Alrededor de 700 denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) desde que se instauró el estado de excepción en diciembre del 2022 a octubre del 2024, lo que revela que es una medida en la que se han cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, según este ente estatal.
El director del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del CONADEH, Daniel Cáceres, declaró que el estado de excepción es un instrumento que no está dotado de suficiente análisis jurídico y es un elemento que podría servir para causar violaciones a los derechos humanos, especialmente en las detenciones de personas.
Hemos recibido, hasta octubre del 2024, alrededor de 700 denuncias lo que da un parámetro que todavía siguen ocurriendo abusos durante las intervenciones que se realizan por parte de la autoridad, indicó.
Agregó que, para el CONADEH, es una preocupación continua la prolongación del estado de excepción porque permite violar derechos humanos.
Las autoridades con el mayor número de quejas, ante el CONADEH, son la Policía Nacional, la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Militar.
Las quejas contra los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado incluyen el uso desproporcionado de la fuerza en el momento del allanamiento o de aprehensión, sobre todo, los que se realizan en altas horas de la noche, además, la perdida de objetos durante las intervenciones y la incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos.
Esto nos da una luz que existen abusos policiales durante las intervenciones, dijo Cáceres y cuestionó que, cuando hay allanamientos de morada hay una exposición de niños en altas horas de la noche, porque sacan a las personas de las casas y eso también coloca a los menores en una situación aun mayor de vulnerabilidad.
En reiteradas ocasiones, el CONADEH ha emitido una serie de recomendaciones la principal encaminada a que el Congreso Nacional se abstenga de realizar una nueva ampliación del estado de excepción.
La segunda para que la Secretaria de Seguridad, en el ámbito de sus competencias, ponga en práctica una política de seguridad ciudadana que aborde las causas que subyacen a la criminalidad organizada, ya que no es un fenómeno aislado, sino que tiene que ver con el problema de la pobreza, la criminalización y la falta de acceso a recursos financieros y económicos en el país.
En diciembre del 2022, el Gobierno decretó el estado de excepción para hacerle frente a la inseguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada principalmente por grupos criminales organizados, que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas mediante delitos como la extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros.
La medida se instauró inicialmente en 89 barrios y colonias del Municipio del Distrito Central en Francisco Morazán y 73 del Valle de Sula en el departamento de Cortés.
En la actualidad el estado de excepción alcanza 226 municipios de los 18 departamentos del país debido, según las autoridades hondureñas, a la crítica situación de inseguridad que se constituye en una perturbación grave de la paz en el país.
