Vox Populi
Aduciendo que la Comisión Nacional Contra la Corrupción “no investiga”, la Presidencia evita indagar en la compra irregular de pasaportes por Q63 millones realizada por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), a cargo de Alfredo Danilo Rivera, nombrado por Arévalo.
A pesar de dirigir la Autoridad Migratoria Nacional, la vicepresidenta Karin Herrera evitó profundizar sobre el tema. Al igual que la Comisión Anticorrupción, se excusaron señalando la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en contra de las autoridades migratorias.
Herrera afirmó, al ser cuestionada, que quien debe explicar las irregularidades es el jefe del IGM y no quiso entrar en detalles sobre el asunto.
Vox Populi reveló el 7 de noviembre que hubo sobrevaloración en la compra de 1.5 millones de pasaportes, así como otras anomalías en el contrato de Q63 millones, el cual fue avalado por Alfredo Danilo Rivera y el subdirector de Migración, Carlos Eduardo Woltke Martínez.
La Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNCC) no investigará la compra de 1.5 millones de libretas para pasaportes por Q63 millones realizada por el IGM, a pesar de que la Contraloría advirtió de irregularidades en el proceso.
“La Comisión no tiene facultades de investigación. Su función principal es promover políticas y reformas legales para fortalecer las instituciones en materia anticorrupción, además de fomentar una cultura de ética e integridad”, respondió la unidad de comunicación de la CNCC.
Al ser cuestionados sobre qué acciones tomarían en relación con el tema, señalaron que harán un acercamiento con los miembros de la Autoridad Migratoria Nacional para ponerse a disposición, sin dejar claro si investigarán la compra aprobada por Alfredo Danilo Rivera, nombrado por el presidente Bernardo Arévalo en abril pasado.
“Tomando en consideración que el IGM es una entidad descentralizada, se establecerá un acercamiento con las dependencias del Ejecutivo que tienen participación en la Autoridad Migratoria, manifestando la total disposición de la Comisión Nacional Contra la Corrupción para orientar las acciones de fortalecimiento institucional pertinentes”.
La vicepresidenta Karin Herrera
La vicepresidenta Karin Herrera, quien dirige la Autoridad Migratoria Nacional, evitó profundizar al ser cuestionada sobre la compra irregular de pasaportes, indicando que esperan los resultados de la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas.
“La Autoridad Migratoria es la encargada de dar seguimiento a la implementación de la política de migración; toda la parte administrativa no está a cargo de la Autoridad Migratoria (…) esperamos los resultados finales de la denuncia que colocó la Contraloría”.
Al recordarle que la Autoridad Migratoria Nacional puede recomendar al presidente Bernardo Arévalo la destitución del director de Migración (Danilo Rivera) por cometer actos que afectan los intereses del IGM o del Estado de Guatemala, dijo:
“Ya hay una denuncia por parte de la Contraloría; esperemos que la misma saque sus conclusiones para poder emitir opinión (…) tenemos que esperar y me imagino que el presidente tomará la decisión correspondiente”.
El artículo 116 del Código de Migración establece que la Autoridad Migratoria Nacional está integrada por el vicepresidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Trabajo, el ministro de Gobernación, el director del IGM y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante.
La Autoridad Migratoria Nacional tiene la potestad de recomendar al presidente la destitución del director de migración por las causales establecidas en el artículo 129 de la misma ley y una de estas es cometer actos fraudulentos, ilegales o evidentemente opuestos a los intereses del IGM o del Estado de Guatemala.
Advertencia de la Contraloría
Alfredo Danilo Rivera asumió como director general del Instituto Guatemalteco de Migración el 24 de abril tras ser designado por Arévalo.
Dos días después, la jefa del Departamento de Auditorías Concurrentes, Mirta Gloria Quelex Etec, envió la nota de auditoría No. S09-DC-534-2024-01, advirtiendo de irregularidades en la compra de 1.5 millones de libretas de pasaportes.
“El equipo de auditoría comunica los resultados preliminares del trabajo realizado a efecto de garantizar la eficiencia, eficacia y calidad del gasto público; sin embargo, todas las decisiones de carácter administrativo, legal y técnico respecto al proceso auditado son responsabilidad de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración”, consigna la nota.
Para entonces, el 4 de abril, la junta licitadora ya había adjudicado de forma unánime el contrato de Q63 millones por 1.5 millones de cartillas a un precio unitario de Q42, el más alto en la historia por la compra de pasaportes.
La junta estuvo integrada por Oliver Antonio Martínez Villatoro, Mario Rodrigo Sosa Gordillo y Álvaro Orlando Lemus Castillo, y su veredicto fue avalado por la resolución IGM-67-2024, firmada por el director general en funciones, José Eduardo Alejos Rodas, sustituto de Manuel Estuardo Rodríguez Valladares.
El artículo 124 del Código de Migración, en su segundo párrafo, establece que “el director general es responsable de los daños y perjuicios que cause por actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su cargo”.
La nota de la CGC subrayó que en la compra de los pasaportes el IGM no observó los precios tope o de referencia establecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), poniendo en riesgo las finanzas públicas.
La CGC también resaltó irregularidades como la falta de publicación de documentos en Guatecompras. A pesar de esto, el nuevo contrato se formalizó el 3 de julio al ser refrendado por Carlos Eduardo Woltke Martínez, subdirector de Migración, y tuvo vigencia el 11 de julio mediante la resolución IGM-153-2024, suscrita por Alfredo Danilo Rivera.
El documento fijó un precio unitario de Q42 por libreta (Q3.75 más que las anteriores), sumando un total de Q63 millones por 1.5 millones de éstas.
En 2023, el IGM compró a Formularios Standard, Sociedad Anónima, 1.5 millones de pasaportes por Q57.3 millones, a un precio unitario de Q38.25. Sin embargo, en 2024 el contrato aumentó en Q5.7 millones más, sin justificación alguna.
Para leer la investigación completa:
La ruta del millonario negocio de los pasaportes
