Los valores patriarcales impiden la igualdad de género y el respeto de los derechos LGBTIQ+ en Honduras, afirmó la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, Irene Khan, en su reciente visita al país, donde conoció la situación de la protección del derecho a la libertad de expresión
Por José Manuel Serén
Colaboración periodística de Dunia Orellana de Reportar sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. Altos funcionarios públicos atacan a las y los periodistas y llaman “fake news” a la cobertura crítica, dijo la relatora para la libertad de opinión y expresión Irene Khan en su visita a Honduras.
Estos mensajes de un gobierno socialista democrático resultan contradictorios, agregó Khan.
Las personas funcionarias reconocen que el entorno político está muy polarizado y deja poco espacio para la tolerancia a la disidencia y la pluralidad de opiniones. Por ello se elevan los riesgos para la libertad de expresión.
Khan consideró que al Gobierno de Honduras le interesa tomar medidas concretas para defender la libertad de expresión como un objetivo político vital al empoderar a las comunidades y la sociedad civil y permitir así el desarrollo inclusivo.
1/3 El Gobierno de Honduras agradece la visita de la relatora especial Sra. Irene Khan y reafirma el compromiso de la presidenta @XiomaraCastroZ de promover y garantizar el derecho al libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en la nación. pic.twitter.com/HjPoTxxpQb
— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) October 27, 2023
Externó que el país se enfrenta a problemas de derechos humanos complejos y profundamente arraigados, marcados por altos niveles de pobreza, desigualdad, corrupción y crimen organizado.
Sumado a ello, Khan mencionó el impacto de la marginación de las comunidades campesinas e indígenas, los valores patriarcales que impiden la igualdad de género y el respeto de los derechos LGBTIQ+.
También hizo hincapié en los alarmantes niveles de violencia e impunidad en crímenes contra defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y activistas.
Khan añadió que en 2021 la primera mujer presidenta de Honduras, quien se identifica con “la resistencia en las calles”, prometió importantes reformas políticas, sociales y económicas.
Además generó grandes expectativas con cambios para fortalecer los derechos humanos y el Estado de derecho y promover la igualdad y la justicia para la población. Algunas de sus medidas, como la derogación de la Ley de Secretos, son avances positivos.
Pero ante la lentitud e incumplimiento, la falta de dirección clara en derechos humanos y la escasa promoción de reformas institucionales, Khan lamentó la decepción de la sociedad civil y las comunidades indígenas y de base.
Caso de Reportar Sin Miedo
El caso del medio digital independiente Reportar Sin Miedo recibió la atención destacada de la relatora especial de la ONU Irene Khan.
“Entre los muchos testimonios que escuché, permítanme destacar los casos de cinco de las diez periodistas de Reportar Sin Miedo, que se han enfrentado a insultos, robos, amenazas de secuestro, violencia física y ciberataques”, dijo Khan.
Los integrantes de Reportar Sin Miedo, agregó la relatora, “han sido blanco de discursos de odio tanto por su identidad de género como por su trabajo como periodistas por parte de altos funcionarios de la ciudad de San Pedro Sula”.
Khan hizo hincapié en la escasa respuesta que medios independientes como RSM obtienen al abocarse a las instituciones y otras instancias en busca de protección por su labor periodística.
“Cuando acudieron al Mecanismo de Protección y al Ministerio Público, se les negó el acceso a justicia y a una protección adecuada y además recibieron llamadas de los perpetradores, advirtiéndoles que ellas y sus familias serían asesinadas si seguían adelante con sus denuncias”, dijo la relatora de la ONU.
Descarados y agresivos
Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia de los Derechos Humanos (Asopodehu), denunció que en este gobierno hay más ataques a la prensa, más alevosía y descaro al agredir a los periodistas. Ese es el caso de funcionarios que hasta mandan cartas a medios como Reporteros de Investigación.
La defensora denunció que a la directora ejecutiva de Reporteros de Investigación la amenazaron con una querella. Esa acción muestra el uso de los delitos contra el honor como arma para amedrentar, como se ha hecho en el pasado.
Con Relatora Especial de ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan. Se reunió con @CancilleriaHN @sedhHonduras, el Estado le dijo que no hay ni un medios de comunicación de Honduras que valga la pena o que diga la verdad @ASOPODEHU_HN @ContraC_HN @aciparticipa pic.twitter.com/BVW3ClS6Qy
— ReporterosdeInvestigación (@reporterosdeinv) October 18, 2023
Agregó que hay una comisión en el Congreso Nacional que desde hace días está “chineando” el dictamen sobre los delitos contra el honor para que pasen de lo penal al ámbito civil, respetando los estándares internacionales de derechos humanos.
Comentó que, si le ofrecen cárcel a un comunicador por sacar a luz una información, aunque sea verídica, claramente hay un sistema, como la Corte Suprema de Justicia, que actúa en consonancia con el poder.
Meza indicó que Ministerio Público forma equipo contra los periodistas, quienes son el vehículo para que la sociedad conozca la información y tome decisiones. Asimismo, lamentó que el director del Mecanismo de Protección no tiene independencia.
“Hay una asesora jurídica, pero me dicen que es la directora por ley. Cuando está el director, no puede haber una directora por ley. Ella lo puede sustituir cuando él no está en funciones, pero reiteradamente lo está sustituyendo y por lo tanto me parece que hay usurpación de funciones. Además, cuando el director está dentro de su oficina, está ella ahí cuando debería estar solo porque, por ejemplo, no puedo ir a proponer un tema, hablarle de un caso”.
La defensora denunció que en el mecanismo hay una persona ajena al director y puesta por Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, que no es muy proclive a respetar la protección para las personas beneficiarias de la Ley de Protección, lo cual es gravísimo.
A esto le sumó que el consejo de protección no funciona, que la sociedad civil no hace lo adecuado porque una asamblea de la coalición contra la impunidad eligió ilegalmente a sus representantes. Además la Sala de lo Constitucional no les ha resuelto un ampara donde detalla que la asamblea fue ilegal, por lo cual los acusa de representar ilegalmente a la sociedad civil.
“Evidentemente en dos años no se puede revertir todo lo que se montó en mas de doce años”, aseguró la ministra de Derechos Humanos Natalie Roque tras la visita de la relatora Khan.
“En el caso de los medios de comunicación hay que recordar que durante el gobierno del Poder Ciudadano y previo al golpe de Estado ya existían campañas diversas de desinformación, de manipulación que tendían a crear también un clima de desestabilización”, comentó Roque en un video subido a redes sociales del gobierno.
“Evidentemente no se puede en dos años no se puede revertir todo, lo que se montó en mas de doce años, además en el caso específico de los medios de comunicación hay que recordar también que durante el gobierno del Poder Ciudadano y previo al golpe de Estado ya existían campañas… pic.twitter.com/WCLwC2o4P0
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) October 31, 2023
Irene Khan recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país del 24 al 28 de abril y dio recomendaciones preliminares con las que se preparó un informe.
Añadió que está en duda que las autoridades hondureñas tomarán en cuenta las recomendaciones, entre las cuales se destacan seis aspectos claves: amenazas a la seguridad de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales; medidas de persecución y protección; acceso a la información; legalización de los medios comunitarios; reformas legales para fortalecer la libertad de expresión y preocupación por la desinformación
Amenazas a defensores de derechos humanos y periodistas
Khan destacó que la violencia, las amenazas, los ataques en línea, la intimidación, la criminalización y el acoso judicial a personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales siguen siendo muy altos.
Recalcó que al llegar a Tegucigalpa el 16 de octubre, tuvo conocimiento que el defensor que defendía la tierra y el territorio, Kevin Meza había sido asesinado el día anterior durante una protesta por la propiedad de la tierra en la región del Bajo Aguán y que este caso por desgracia, el caso de Kevin Meza no es un caso aislado.
Recalcó que el defensor de la tierra y el territorio Kevin Meza había sido asesinado el 15 de octubre, un día antes de que Khan llegara a Tegucigalpa, Por desgracia, afirmó, la muerte de Meza durante una protesta por la propiedad en el Bajo Aguán no es un caso aislado.
La relatora agregó que Honduras es conocido desde hace mucho como uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, señaló Khan, registró 944 periodistas y defensores de los derechos humanos atacados entre enero de 2021 y septiembre de 2023. Esa cifra incluye el asesinato de 36 defensores de los derechos humanos y cuatro periodistas.
Por otra parte, los agresores usan tecnología digital, incluyendo ataques en línea, vigilancia de comunicaciones y hackeo de dispositivos electrónicos de las y los periodistas. Esa acción añade una nueva dimensión a las amenazas existentes.
Medidas de persecución y protección
Desde 2001, al menos 96 periodistas han sido asesinados, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh). Sin embargo sólo ocho de los casos han sido investigados y procesados.
Es decir, hay más de 90% de impunidad, similar a la tasa general de impunidad en homicidios. La Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos no ha enjuiciado un solo caso en cinco años.
Honduras creó en 2015 el Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Según la Dirección del Mecanismo, a septiembre de 2023 hay 185 beneficiarios del mecanismo que comprenden 138 personas defensoras de derechos humanos, 15 periodistas, 16 comunicadores sociales y 16 operadores de justicia.
📢COMUNICADO El Mecanismo Nacional de Protección de Honduras debe responder a la violencia, las campañas de desprestigio y la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas: Experta de la ONU.
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) October 31, 2023
Lea el comunicado completo aquí: https://t.co/nUaVgszBv6 pic.twitter.com/FV4dc7o20M
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil opinan que el Mecanismo no funciona y gestiona mal los recursos humanos.
Los organismos denuncian extensas demoras o falta de respuesta, evaluaciones de riesgo que no tienen en cuenta el entorno en que las personas trabajan y están en peligro, además de la ausencia de consideraciones de género, aunque muchas mujeres y personas LGBTQI+ buscan apoyo.
Khan relató que ha oído decir a varias personas que no confían en el Mecanismo de Protección, pues depende en gran medida de las encargadas de hacer cumplir la ley y de seguridad, quienes a menudo son quienes les investigan y acosan.
Acceso a la información
Según Khan, se han logrado ampliar el derecho a la información, pero queda mucho que hacer para que el acceso sea significativo.
Pr ejemplo, se derogó la Ley de Secretos como una medida fundamental para promover la transparencia y el acceso público a la información.
Khan dijo que en 2022 se realizaron 12,450 solicitudes de información en total. Siete de cada diez fueron atendidas.
Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información Pública no tiene presencia fuera de Tegucigalpa. Este es un obstáculo importante para las poblaciones fuera de la capital, especialmente en zonas remotas donde la conectividad a internet es limitada.
Otra barrera es la brecha digital, una de las más altas de Centroamérica, que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, pueblos indígenas y afrohondureños. Alrededor del 46% de la población tiene acceso a Internet, según el Conadeh.
“Tengo entendido que el Gobierno está tomando medidas para ampliar la conectividad significativa y la alfabetización digital”, dijo Khan.
A los obstáculos en este campo se añade la ausencia de información en lenguas indígenas, “a pesar de una recomendación de mi predecesor durante su visita a Honduras hace doce años”.
Legalización de los medios comunitarios
Apenas el 4% de las 815 emisoras de radio en el espectro regulado son comunitarias, informó Conatel a la relatora Khan.
Por otra parte, los medios comunitarios no suelen estar reconocidos oficialmente. Esto significa que, por lo general, carecen de personalidad jurídica, lo que impide la financiación, la publicidad y el acceso legal a frecuencias. Se enfrentan a un riesgo agravado de extorsión y a que las frecuencias están reservadas a los grandes medios corporativos.
Los medios comunitarios están en peligro de múltiples maneras. En primer lugar, quienes trabajan en radios comunitarias están expuestos a amenazas y violencia, a menudo por su cobertura crítica sobre cuestiones públicas que amenazan intereses políticos y económicos.
Conatel le manifestó a la relatora que la asignación de frecuencias a las radios comunitarias es una de sus prioridades y que se está debatiendo una ley en el Congreso para permitir una mayor asignación de frecuencias a las radios comunitarias. Sin embargo, observé que las y los trabajadores de las radios comunitarias temen que los requisitos de CONATEL sean demasiado exigentes.
Reformas legales para fortalecer la libertad de expresión
La relatora Irene Khan habló sobre la necesidad de abolir la criminalización de la expresión, reforzar el derecho a la información y a la participación y garantizar que cualquier restricción coincida con el derecho internacional de los derechos humanos.
Khan mostró preocupación por la criminalización de la libertad de expresión a través de los “delitos contra el honor”, que abarcan la calumnia y la injuria en el Código Penal. Según datos de la Corte Suprema de Justicia, ha habido 14 condenas por delitos contra el honor en 2022 y 2023.
“En consonancia con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, insto a Honduras a que derogue los delitos contra el honor, ya que este tipo de actos pueden resolverse de forma más eficaz a través del derecho civil”, dijo Khan.
Ante la propuesta estancada en el Congreso, hizo un llamado a todas y todos los miembros del Congreso Nacional para que asuman su responsabilidad y encuentren un consenso en torno a la despenalización de los delitos contra el honor.
“Mi mandato está dispuesto a asesorar al Gobierno de Honduras en la revisión de las leyes nacionales para garantizar el pleno cumplimiento de las normas internacionales sobre libertad de opinión y de expresión”, agregó la relatora.
Asimismo, señaló que el artículo 378, el cual tipifica el delito de usurpación, no contiene la “intención” de apropiarse de tierras o bienes.
Para Kahn, en este caso se trata de una redacción vaga que permite criminalizar a quienes protestan pacíficamente o expresan su libertad de expresión en defensa de sus derechos sobre la tierra y la protección de sus medios de vida. La criminalización en estos casos afecta a los pueblos indígenas, afrohondureños y campesinos.
“Insto a Honduras a adherirse al Acuerdo de Escazú, que no sólo fortalece el acceso a la información, promueve la participación pública abierta e inclusiva en todos los aspectos de la toma de decisiones ambientales. Protege específicamente a las y los defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones ambientales”.
Preocupación por la desinformación
Por último, Khan abordó el fenómeno de la desinformación o la información falsa para causar daño que afecta a funcionarios, políticos y periodistas.
En ese sentido, manifestó que los Estados tienen la obligación de proporcionar información veraz y objetiva y no patrocinar, fomentar o difundir información falsa. Tampoco deben calificar de “falsas” las opiniones críticas de sus propias políticas, sino abordarlas en función de sus méritos, señaló la relatora.
Khan agregó que en una sociedad democrática, la crítica a las políticas públicas y a las figuras políticas es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. No es desinformación.
Restringir la libertad de los medios de comunicación o criminalizar la expresión en línea basándose únicamente en la falsedad no sólo es contrario al derecho internacional, sino también contraproducente para combatir la desinformación.
Tras su visita a Honduras, Khan dijo que se va impresionada especialmente por el valor, la resistencia y el compromiso de las personas defensoras de los derechos humanos, activistas sociales, periodistas independientes y personas de las comunidades indígenas.
A continuación, la declaración completa de la relatora Irene Khan.
