La ACTJ denuncia las acciones de las instituciones del Estado que buscan debilitar a las organizaciones ciudadanas y líderes sociales que luchan contra la corrupción, defienden la democracia y los Derechos Humanos, y exigen justicia. Callar no es una opción.
Entre las más recientes, está el comunicado SEDS No. 20-2025, del 30 de marzo, sobre la toma de vías públicas, amenazando con tomar fotografías y vídeos a quienes coordinen protestas, librar órdenes de captura y/o proceder a su detención en el acto. Posteriormente, el 23 de abril del año en curso, el presidente del Congreso Nacional, introdujo al pleno, una iniciativa de Ley, para crear una Comisión Especial que “investigue” a las organizaciones que ejecutaron proyectos con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tomando como referencia las declaraciones del magnate Elon Musk, quién la califica como una “organización criminal”, a pesar de que la Agencia, goza del apoyo de grandes sectores de la población estadounidense y que ha desarrollado proyectos sociales de enorme ayuda a las poblaciones más pobres de este país.
Es importante recordar, que sigue vigente la reforma al artículo 34 de la Ley de Lavado de Activos, que establece como Persona Expuesta Políticamente a “(…), los nacionales o extranjeros a quienes una organización internacional les ha confiado una función destacada dentro o fuera del país, organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos, LA VEEDURÍA, INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA (…)”.
Lo anterior, demuestra que el grupo que ostenta el poder político en Honduras utiliza las mismas estrategias implementadas por gobiernos autoritarios, corruptos y/o vinculados al crimen organizado como el de Nicolas Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, o gobernantes de extrema derecha de Suramérica que, dejando de lado las diferencias ideológicas, usan el poder e instrumentalizan las fuerzas de seguridad del Estado para fines personales y privados.
En un año electoral en Honduras, a las preocupaciones que dejaron las elecciones primarias, se suman, la falta de contrapesos a la concentración y abuso de poder del actual gobierno, la falta de una oposición legítima, carente de capacidad para hacer frente de forma coherente a estos abusos, la persecución política contra la ciudadanía organizada, que representa la única esperanza de hacer frente a los políticos corruptos de todos los partidos, que se reparten el poder y la justicia mediante pactos de impunidad, aunque públicamente finjan estar en extremos opuestos.
Exhortamos al pueblo hondureño a mantenerse firme en la defensa de la democracia, la libertad de expresión y de asociación, así como en el ejercicio del derecho ciudadano de fiscalizar a sus autoridades y exigir rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos. Demandamos a los tres Poderes del Estado que pongan fin a la persecución política contra los sectores que luchamos por la justicia, independientemente del partido que se encuentre en el poder. Reafirmamos nuestro genuino deseo de contribuir con el desarrollo de Honduras y el bienestar de nuestro pueblo, así mismo, nuestro inclaudicable compromiso con la lucha contra la corrupción, ayer, hoy y siempre.
