Cuerpos Invisibles: La lucha por menstruaciones dignas en Honduras

La noche del 15 de marzo del 2023, en medio de una caótica sesión dentro del Congreso Nacional de Honduras, se presentó una desapercibida “Ley de Protección de la Salud Menstrual”. La propuesta de decreto, que busca garantizar la igualdad de acceso a productos de gestión menstrual, regular su distribución e incorporar educación sobre menstruación, quedó ignorada en la sesión legislativa. El debate fue opacado por una confrontación entre el Partido Nacional (PN) y el partido de gobierno, desencadenada por una moción no considerada sobre el pago de empleados despedidos por militancia.

Posterior a la propuesta de ley, presentada por la diputada Silvia Ayala del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, congresista de su misma bancada, quién es profesional de la salud, terminó por desfavorecer la atención a esta ley, posicionando nuevamente el debate político. Esta acción en el Congreso Nacional del país, es congruente con la falta de interés por parte del Estado, de resolver las problemáticas referentes a la pobreza menstrual, dejando a más de la mitad de la población hondureña sin acceso a salud menstrual integral.

Cuando gestionar la menstruación se convierte en un desafío diario

En Honduras el 52.6% de la población está registrada como mujeres, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje, que no considera las disidencias de género, representa a una ciudadanía, que, en su mayoría es o fue menstruante y que se enfrenta a las problemáticas que conlleva tener un ciclo menstrual sin acceso a las necesidades básicas.

Según el Estudio sobre: “Los Desafíos que enfrentan las personas menstruantes, gestionando sus ciclos en Honduras” de la Colectiva Nosotras la Preferimos Sencilla (NLPS) el concepto de pobreza menstrual se entiende como el limitado acceso a productos para la gestión menstrual, así como el nulo acceso a la salud, a la educación menstrual y no tener espacios físicos dignos para gestionar la sangre del ciclo. La investigación señala que esta situación representa “claramente una violación a los derechos humanos de las personas menstruantes” en el país.

Esta vulneración comienza a manifestarse desde la infancia, cuando el acceso a información sobre la menstruación es desigual y muchas veces insuficiente. De acuerdo a los resultados del estudio implementado por la colectiva NLPS, el 90% de la población investigada recibió educación menstrual directamente de sus hogares, por lo que el tema podría ser abordado desde la vergüenza o la desinformación, generando más estigma; expresan que “es sumamente necesario que se puedan abordar estas temáticas desde los centros educativos bajo fundamentos científicos impartidos por profesionales”. 

A pesar del rol fundamental de las escuelas en la enseñanza de salud sexual integral, estas carecen de las herramientas necesarias para garantizar una educación menstrual de forma adecuada. Según la Colectiva, la información que se imparte es escasa y no asegura el reconocimiento de los procesos fisiológicos, lo que dificulta que las personas menstruantes gestionen su ciclo de manera digna a futuro. También comentan; que la falta de acceso a productos menstruales afecta directamente la participación de muchas niñas en el sistema educativo. Sin estos insumos, las estudiantes optan por no asistir a clases durante su menstruación, lo que obstaculiza su proceso formativo. La ausencia del Estado en la provisión de estos recursos no solo profundiza la desigualdad, sino que lo hace responsable de la deserción escolar de muchas niñas y adolescentes que no cuentan con las condiciones mínimas para continuar su educación.

En el país, los productos para la salud menstrual no están incluidos en la canasta básica, a pesar de ser esenciales para la población menstruante. Además, su compra está gravada con un impuesto sobre ventas del 15%, lo que encarece aún más su acceso. Un paquete de 8 toallas sanitarias normales tiene un precio aproximado de 18 lempiras, mientras que uno de 10 unidades para flujo nocturno puede superar los 46 lempiras. En el caso de los tampones, una caja de 8 unidades alcanza los 100 lempiras o más. Tomando en consideración que en cada ciclo menstrual se necesitan múltiples paquetes, el gasto mensual representa una carga económica considerable, especialmente para el 31.53% de mujeres en el Distrito Central que viven en pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la tasa de desempleo de las mujeres hondureñas es de 8.1 en comparación con el 4.2 de los hombres. Estos factores económicos condicionan y limitan a las personas que tienen que escoger entre comprar su alimento diario o productos menstruales. 

Menstruar en una economía desigual

El hecho de que la pobreza, afecta más a mujeres y niñas, es conocido como feminización de la pobreza y hace referencia a las barreras sociales, económicas, judiciales y culturales que generan que las mujeres se encuentren más expuestas al empobrecimiento de su calidad de vida, como lo señala Amnistía Internacional.

El Índice de Pobreza Multidimensional, con foco en mujeres, lanzado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2023, evidenció que el 63.2% de las mujeres hondureñas vive en situación de pobreza. Este análisis, además de contemplar la concentración de ingresos, trascendió a indagar en factores como; educación, condiciones laborales y acceso a servicios básicos. 

Conforme a los datos del CDM, la tendencia económica, condiciona a las mujeres a que asuman doble y hasta triple jornadas de trabajo, algunas con trabajos informales, mientras que aquellas que son asalariadas enfrentan amplias brechas laborales en comparación con los hombres. Estas mujeres que además de buscar entradas monetarias, se ocupan de labores domésticas y del cuidado no remunerado, que refleja una carga desigual. Lara Bohórquez, investigadora del CDM, explicó cómo esta sobrecarga femenina se convierte en una especie de “pilar silencioso” de la economía. 

“Es a las mujeres, a las que se les somete a largas jornadas de trabajo, a un trabajo no reconocido, a un empobrecimiento, a mantener a sus hijos y si hay, dentro de la familia, quienes asumen también el cuidado, son otras mujeres. Entonces, así se va reproduciendo el sistema, que al final está a cargo de las mujeres y que hacemos la economía, pero no se nos reconoce como parte de esa economía”, sostuvo.

De igual manera, se ve plasmado, como la pobreza afecta en mayor medida a los hogares que son encabezados por mujeres, son los que “presentan mayores carencias, sobre todo que existe una mayor brecha en la distribución de los ingresos, que son precarios y de subsistencia”, afirma el estudio de Caracterización de los hogares hondureños de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

La vulnerabilidad multidimensional hacia las mujeres, mencionada por el PNUD, abarca también temas de salud, mercado laboral, educación, cuidados, acceso a tecnología e información, así como vivienda y servicios. Un ejemplo es que un 15.5% no cuentan con acceso a servicios básicos en casa como agua limpia o baño.

Las condiciones antes descritas llevan a personas menstruantes a recurrir a métodos para manejar su menstruación; usar papel higiénico, periódico, trapos o prolongar el uso de productos menstruales, exponiéndose a ser vulneradas en su bienestar de manera física.

Dentro de la Guía para la promoción de la salud e higiene menstrual de la UNICEF, aclara que el riesgo de cambio de materiales menstruales con poca frecuencia, eliminación insegura de materiales sanitarios usados, o con  sangre y falta de lavado de manos, facilita la proliferación de bacterias, que pueden llegar hasta la cavidad uterina, aumentando el riesgo de contagio de infecciones como candidiasis y otras complicaciones ginecológicas. 

Este continuum del círculo de la pobreza, impide, en muchas ocasiones, que las mujeres tengan plena autonomía sobre sus decisiones y poder ejercer sus derechos que repercute directamente en imposibilitar una vida digna. 

Desde NLPS, pusieron sobre la mesa que, “para hablar de pobreza menstrual, tenemos que hablar también de salud menstrual”, tener salud menstrual permite el crecimiento y desarrollo con buena autoestima, conocimiento del cuerpo y vivir con dignidad.

Se estima que, la media de la duración de la menstruación, es aproximadamente 40 años, desde la menarquía —la primera menstruación— hasta la menopausia. Durante ese tiempo, se puede enfrentar complicaciones de salud vinculadas al ciclo menstrual que requieren atención médica, pero por impedimentos económicos, desinformación u otro tipo de barreras sociales se convierte en una visita hospitalaria tardía o que la misma, nunca llegue. La ausencia de información accesible y de políticas públicas orientadas a la salud menstrual no solo invisibiliza estas problemáticas, sino que expone a las mujeres y personas menstruantes a riesgos evitables.

En 2022, durante el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a considerar la salud menstrual como un tema de salud pública y derechos humanos.  Recalcando, que no debe limitarse únicamente al ámbito de la higiene, sino que los gobiernos deben incluir medidas específicas en sus agendas, para brindar apoyo integral a las personas menstruantes.

El costo emocional de la pobreza menstrual

El contexto social y económico que rodea la pobreza menstrual, tiene un impacto directo en la salud de las personas menstruantes, con consecuencias tanto físicas como mentales. La psicóloga y promotora de derechos sexuales y reproductivos, Ligia Destephen, señala que el estigma social en torno a la menstruación agrava aún más sus efectos en el bienestar emocional. Esta problemática, también es identificada en el estudio publicado por NLPS, que destaca cómo, pese a reconocerse como un proceso natural, la menstruación sigue sin ser normalizada y humanizada; provocando que muchas personas lo vivan desde el miedo y la vergüenza.

Destephen comentó, que, condiciones como la ansiedad y la depresión, ambas vinculadas a los ciclos hormonales, pueden prolongarse, si durante la niñez, las personas menstruantes no logran gestionar su ciclo de manera adecuada o carecen de acceso a información y productos. La infancia es una etapa de cambios, y la falta de recursos para afrontar la menstruación puede dejar efectos emocionales duraderos. 

“Deja una secuela en tu desarrollo, en tu confianza, en tu seguridad, en cómo ves tu propio cuerpo (…) Cuando ves algo que supuestamente está mal en tu cuerpo, entonces, sentís que hay algo mal en vos. Nuestro cuerpo es lo único sobre lo que se supone que tenemos control y autonomía, y cuando eso se ve afectado, también lo hacen nuestra autoestima, seguridad y auto concepto”, explicó. 

Ilustración realizada por Aina Ramírez

La falta de educación menstrual integral agrava el asunto, debido a que la poca información disponible no contempla las diversas experiencias de quiénes menstrúan. La psicóloga mencionó que “cualquier tipo de información que tengamos para prevenir la discriminación, va a ayudar a que al menos eso no sea el motivo de una afectación en salud mental”. Garantizar entornos seguros y libres de estigmas es fundamental para que las personas menstruantes puedan vivir su ciclo sin miedo a ser avergonzadas o excluidas.

El Manual sobre Salud Menstrual del Fondo de las Naciones Unidas por las Infancias (UNICEF), asegura que “la educación menstrual es un componente fundamental de la educación integral en sexualidad”. Asimismo, menciona que su omisión no solo limita el acceso a información adecuada, sino que también restringe la capacidad de niñas, niños y adolescentes para buscar ayuda y ejercer sus derechos. 

El Estado juega un rol determinante al implementar políticas públicas que aseguren información accesible y libre de estigmas sobre educación menstrual.

Entre el discurso y la acción del Estado

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de la diversidad coinciden que el Estado de Honduras no ha logrado convertir sus intentos en soluciones concretas, dejando a mujeres y personas LGBTQ+ en una situación de vulnerabilidad constante frente a la falta de acceso a información, productos menstruales y atención médica adecuada.

El enfoque de NLPS es crítico, en relación con la falta de interés del Estado, subrayando una omisión casi total del tema en las agendas de políticas públicas en Honduras. “Es muy complejo llevar a nivel legislativo este tipo de conversaciones, o que el Estado pueda empezar a dar respuesta a este tipo de problemáticas, cuando no se toma como una problemática como tal (…) Cuando (las propuestas de leyes) llegan al ámbito legislativo, las engavetan. El papel con todo puede”, aseveran.

El panorama se complica aún más con los cambios de gobierno, que obligan a las activistas a reiniciar constantemente sus esfuerzos para lograr incidencia. Mencionaron que piensan que los derechos de las mujeres son utilizados como “moneda de cambio” y que esta dinámica genera frustración; ya que los avances se diluyen ante la falta de continuidad en políticas públicas y compromisos legislativos.

La invisibilización de circunstancias adversas es una deuda con las mujeres y población LGBTQ+.

“Honduras ha sido históricamente un país conservador, referente a los derechos humanos de las mujeres, también de las diversidades, de todo lo que conlleva a poblaciones históricamente vulnerabilizadas y marginalizadas. En ese sentido, nosotras sí lo vemos como una relación en altos índices de violencia y la poca garantía de derechos humanos”, declaran del CDM.

Derechos reproductivos sin salud menstrual

Honduras, actualmente cuenta con una Política Nacional de Acceso a la Salud Sexual, que considera a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Sin embargo, no hace mención específica a la salud menstrual, a pesar que en el mismo documento conceptualiza a la salud sexual y reproductiva como “el Estado general de bienestar físico, mental y social de la población en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos”. Esta política no se actualiza desde el 2016. 

El II Plan de Igualdad y Equidad de Género propuesto de 2010 a 2022 tuvo como uno de sus siete ejes, los derechos sexuales y reproductivos, pese a eso, tampoco se hace mención directa sobre la educación o salud menstrual. A partir de este segundo Plan, La Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER) colocó en agenda el III Plan de Igualdad y Justicia de Género 2023 – 2033 que estará basado en el anterior. 

Esto también sucedió, con la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos vigentes del 2013 a 2022, que contempló los Derechos Sexuales y Reproductivos en el lineamiento estratégico de seguridad humana. Tampoco se mencionó el componente de salud menstrual integral. Este escenario, a su vez, se refleja en leyes como la de Igualdad de Oportunidades a las Mujeres, vigente desde el año 2000, que menciona la importancia de la educación sexual, pero en ningún punto coloca sobre la mesa la salud menstrual digna. 

Ilustración realizada por Aina Ramírez

Por otro lado, la Ley de protección a las mujeres en contextos de emergencia, publicada en la gaceta en 2023, establece que, las autoridades competentes deben garantizar la entrega en los albergues de kits de emergencia diferenciados por género, “estos kits deberán incluir productos específicos para mujeres, como medicamentos y productos para la gestión menstrual”. 

La educación sexual sigue fuera de las aulas de clase

Durante un foro televisivo transmitido a nivel nacional, el Ministro de Educación, Daniel Sponda, rompió en vivo una Guía de inclusión de género en el aula, gesto que simbolizó la inestabilidad de cualquier intento de promoción educativa en temas de género en las escuelas e institutos. A pesar de que esta Guía no abordaba temas de salud menstrual, el documento había llegado a estar a un paso de un salón de clases. 

En Honduras, en dos ocasiones, se ha querido implementar un rediseño curricular en el sistema educativo, incluyendo el componente de sexualidad, pero desde hace años, choca con la pared de la resistencia conservadora del país. El Centro de Derechos de las Mujeres recopiló lo sucedido, primero en 2003, que se distribuyeron guías para docentes de secundaria, las que terminaron siendo prohibidas, nuevamente se hizo un intento en 2005, de guías para educación básica en cinco materias, tras una moción en el Congreso Nacional se bloqueó la posibilidad de utilizarlas.

“En la actualidad, la educación en sexualidad es una deuda pendiente de las autoridades hondureñas para con la niñez y adolescencia”, enfatiza esta organización feminista.

La falta de educación en sexualidad, especialmente desde edades tempranas, perpetúa graves problemas sociales, incluyendo la pobreza menstrual, que incide en infancias y adolescentes. La ausencia de información y recursos limita su desarrollo educativo y su bienestar integral. 

La menstruación no es prioridad en la agenda política en Honduras

En el Congreso Nacional de Honduras, las leyes destinadas a responder a las problemáticas de las mujeres, incluidas aquellas relacionadas con la pobreza menstrual, suelen quedar archivadas, retrasadas o vetadas en un Legislativo dominado por hombres. Actualmente, solo el 27.3% de las 128 diputaciones están ocupadas por mujeres, lo que limita la presencia de voces que impulsen iniciativas con enfoque de género.

Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) e integrante de la Comisión de Equidad de Género, señala que la falta de tomadoras de decisiones limita el avance de estas leyes. “Somos pocas las que impulsamos estos temas, porque hay poco entendimiento y, siendo francas, las mujeres no son un grupo de interés”, advierte.

La Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, originalmente fue presentada en 2015, como Ley de Educación Sexual Integral. Tras años de indiferencia legislativa, fue aprobada en marzo de 2023 con modificaciones, pero cuatro meses después, la presidenta Xiomara Castro la vetó. Según la Constitución hondureña, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para vetar una ley y devolverla al Congreso; sin embargo, pasaron cuatro meses sin que se anunciara esa decisión oficial. 

Otro caso, es la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres (LEI-VCM), trabajada desde 2015 y entregada en 2022 a la presidenta Castro. En una publicación del 9 de mayo de ese mismo año, de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, la Presidenta asegura que comenzaron los diálogos para aprobarla, sin embargo, han pasado casi tres años de esa publicación y todavía no ha sido enviada al congreso. “Nos están dando largas para no aprobarla, porque tiene elementos que benefician los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y el gobierno no está de acuerdo con eso”, sostiene Lara, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

A esta lista de retrasos, se suma la Ley para que los Productos de Higiene Femenina, estén Exentos del Pago de Impuesto (Ley Rosa), que debía aprobarse el 8 de marzo de 2024, pero fue retirada de la agenda y la Ley de Salud Menstrual, presentada por la diputada Silvia Ayala, que ni siquiera figura en los puntos de proyectos de ley en discusión y consulta dentro del Congreso Nacional. 

Todo este contexto demuestra la falta de interés de crear leyes y políticas que resuelvan la problemática de pobreza menstrual en el país, permitiendo que se sigan vulnerando los derechos de millones de personas menstruantes hondureñas todos los días. 

Al momento de la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta de parte de ninguna institución pública contactada.

Menstruar no es solo un tema de mujeres: la deuda del Estado con la comunidad trans

Para las personas trans y no binarias, la pobreza menstrual conlleva desafíos adicionales, como la disforia corporal, la imposición de estereotipos sobre quiénes “deben” menstruar y la discriminación por no encajar en las normas de género tradicionales. Además, la comunidad LGTBIQ+ enfrenta una violencia simbólica constante, reflejada en la negación de sus experiencias y en la falta de reconocimiento de sus realidades diversas.

Bristhian Cárdenas, del colectivo Negritudes Diversas, comenta que la falta de educación menstrual en la comunidad trans tiene un impacto profundo. “Vivimos en un sistema que sigue reproduciendo una visión cisnormativa de la menstruación, lo que nos coloca en una posición de desventaja (…) ¿Por qué no se reconoce que las personas transmasculinas y no binarias también vivimos la menstruación y que esto no disminuye nuestra identidad de género?”, expuso. 

Los servicios de salud pública, están permeados, también por prejuicios, lo que dificulta el acceso a atención médica integral para las personas trans y no binarias. Según el Informe sobre Salud Mental y Diversidad Sexual en Honduras, elaborado por el Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR) junto a la Iniciativa Romero CIR y el CDM, el 73.5% de una muestra de 151 personas LGTBIQ+, calificó como deficiente la atención en los servicios de salud en relación con sus derechos. Además, el 55.5% de 27 trabajadores de salud consultados, admitió que la atención médica brinda un respeto limitado o nulo a los derechos de la población sexualmente diversa.

Cárdenas, considera que, el Estado tiene una deuda histórica en cuanto a políticas públicas diseñadas para la comunidad trans y no binarias, argumentando que existen algunas pero que no son diseñadas bajo un enfoque lo suficientemente inclusivo. “La atención ginecológica, los tratamientos hormonales, la salud mental, el reconocimiento de nuestra identidad de género, los servicios de salud. Son áreas que ni siquiera el Estado ha indagado y en eso podríamos decir que ha fallado” enfatizó.

A estas barreras, también se suma la discriminación laboral por identidad de género, que empuja a las personas trans hacia empleos informales y precarios, limitando sus oportunidades de acceder a productos básicos de salud menstrual. De acuerdo al informe del MDR, más de la mitad de las personas encuestadas (un 53%) reportaron ingresos mensuales inferiores a diez mil lempiras al mes.

A continuación el testimonial de Andy, un hombre trans que ha vivido los desafíos cotidianos de la pobreza menstrual en Honduras.

Ilustración realizada por Aina Ramírez

Más allá de un diagnóstico: la pobreza menstrual y los desafíos del SOP

El síndrome de ovario poliquístico, conocido por sus siglas SOP, es una afección hormonal producida por un aumento de quistes en los ovarios, que son visibles a través de un ultrasonido. Los síntomas incluyen; acné, exceso de vello corporal, problemas de peso e irregularidades menstruales, a menudo acompañadas de sangrado abundante o dolor incapacitante durante el periodo, que pueden provocar vómitos y desmayos. Además de sus manifestaciones físicas, el SOP tiene implicaciones dentro de la salud mental. El artículo titulado Anxiety and depression in women with polycystic ovary syndrome de la Revista Cubana de Endocrinología, concluyó que, “las investigaciones revisadas, coinciden en que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen niveles más altos de depresión y ansiedad que las mujeres sin el síndrome”.

Cifras de la OMS, revelan que el SOP afecta entre el 6% y el 13% de las mujeres en edad de procrear y es de las causas más frecuentes de la infertilidad. Se estima que un gran porcentaje, hasta el 70% de mujeres afectadas a nivel mundial, no están diagnosticadas. 

Uno de los aspectos más problemáticos de este trastorno endocrinológico es el sobrediagnóstico, que ocurre cuando se confía en un único examen para identificar la condición. Esto puede resultar en una evaluación errónea, ya que no se consideran todos los factores necesarios para llegar a una conclusión precisa.

Es decir, que, en muchas ocasiones, solo lo determinan con un ultrasonido y quistes visibles, ya que “las personas muchas veces acceden a un ultrasonido por X o Y razón, porque tenían XY dolor, XY malestar y en el ultrasonido te dice que tienes varios quistes y que, por coincidente, tenés ovario poliquístico”, establece la doctora Pavlova. Sin embargo, la forma correcta debe incluir análisis hormonales complementarios.

Por otro lado, el abordaje médico suele centrarse exclusivamente en lo hormonal, siendo común la prescripción de anticonceptivos como solución rápida, para regular los ciclos menstruales, dejando de lado un tratamiento integral y un adecuado seguimiento, que impida una corrección del dictamen clínico o medicinas adecuadas dependiendo del caso.

La otra cara de la moneda, es que los medicamentos para las personas con SOP pueden tener un costo elevado y es a largo plazo, solo en una primera cita con especialista y los exámenes necesarios se trataría de más de 4 mil lempiras.

Sofía nos comparte su testimonio enfrentando este padecimiento.

Ilustración realizada por Aina Ramírez

Menstruar con discapacidad: entre la infantilización y la falta de acceso

Las personas menstruantes con discapacidad viven de forma diferente sus ciclos menstruales, debido a las condiciones físicas o mentales con las que se enfrentan a diario. Esta situación ha generado que se les trate desde la infantilización y el estigma. 

Amara Rodríguez, la actual presidenta de la Asociación de Mujeres con Discapacidad y sus Familias, Colectiva Mariposa 88, explica que, la infantilización de las personas con discapacidad, limita su independencia y restringe su acceso a la educación sexual. “Cuando existe esta infantilización, no hay una autonomía real (…). Tampoco hay educación sexual. Al trabajar con cuidadoras, vemos que muchas sienten recelo al hablar de la menstruación de sus hijas o de las personas a las que cuidan; no es algo que se mire ni siquiera desde un enfoque reproductivo, porque para las familias es imposible que tengan parejas, que tengan hijos, que se casen.”, expuso.

La discriminación laboral, también es una realidad que impacta en la vida de las personas con discapacidad. Según un estudio de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis), el 36% de las personas con discapacidad que buscaron trabajo en el último año fueron rechazadas, y el 40% de ellas señaló que la negativa se debió a su condición. Sin ingresos estables, la compra de productos de salud menstrual se vuelve aún más difícil.

Aunque la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad reconoce el derecho al trabajo, su aplicación es limitada. Actualmente, se discute una reforma que la renombraría, como; Ley por los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporando derechos sexuales y reproductivos, aunque sin abordar la salud menstrual. 

Sin embargo, el proceso avanza con obstáculos; Rodríguez denuncia que la falta de seguimiento por parte del Estado, sumada a la alta rotación de funcionarios, impide avances concretos en políticas públicas y leyes. Hasta diciembre del 2024 la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quienes instalaron la mesa técnica de reforma de esta ley, seguía sin contar con directora, quien desde septiembre del 2024 no aparece en las planillas de plazas activas de la secretaría.

Las demandas, surgen en un país, donde ni siquiera hay cifras sobre población con discapacidad actualizadas: el último censo del INE sobre personas con discapacidad data de 2013. Sin datos precisos, diseñar políticas públicas efectivas se vuelve una tarea casi imposible.

A continuación, el testimonio de Keilyn, una mujer con discapacidad motriz en su brazo, quien ha vivido los desafíos cotidianos de la pobreza menstrual en Honduras. 

Ilustración realizada por Aina Ramírez

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Andrea Cruz de la Colectiva NLPS posiciona que “no podemos hablar de desarrollo si no estamos hablando de los cuerpos y de las personas que menstrúan como tal”. La pobreza menstrual no es solo cuestión de acceso a productos de higiene; es un reflejo de desigualdades estructurales que atraviesan la educación, la salud, la economía y la política. Mientras el Estado continúe ignorando esta problemática y postergando acciones concretas, millones de personas seguirán enfrentando barreras para vivir menstruaciones dignas.

*Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.