Thalía, Amelian y Lucía son mujeres de distintas realidades, pero se enfrentan a la discriminación y falta de oportunidades tanto laborales como integrales. Ellas luchan día a día por la subsistencia. Mientras tanto, el Estado de Honduras ignora las ordenanzas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que exigen el reconocimiento de la ley de identidad de género para permitir a las personas trans adecuar sus datos de identidad, algo determinante para mejorar su calidad de vida

Tegucigalpa, Honduras. En las faldas del cerro se encuentra una pequeña casa de tablones color blanco con una gran puerta negra y una ventana desde la cual se puede apreciar una vista cautivadora y menesterosa. Es la casa de Thalía Rodríguez. 

Al pie de este cerro, convertido en monumento histórico, se extiende Tegucigalpa, la capital de Honduras. Hogares como el de Thalía se amontonan unos sobre otros. Da miedo verlos. Es como si en algún momento fueran a caer por las laderas de tierra rojiza.

Da temor pensar cuánta gente se apiña en esas pequeñas casas. Y cuánta necesidad se percibe entre las paredes hechas de tablas de madera. Siete de cada diez de las familias viviendo en Honduras están en pobreza, es decir, un 70%, según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la encuesta de hogares de 2021, aunque se retractó poco después de publicarlo.

Al llegar a las enredadas calles, el taxista se negó a subir por el callejón pedregoso que se perdía en la cima. Pero Tegucigalpa es así: una ciudad de continuas bajadas y subidas que ponen a prueba al caminante o al conductor más experimentado.

Desde la ventana, Thalía ve a sus pies la ciudad que la recibió a la edad de dos años. Para esta originaria de Olancho, en el oriente de Honduras, el panorama que domina desde el cerro da una engañosa sensación de poder y seguridad. Es un poder del que no gozan las personas trans como ella. 

Thalía expresa que el poder es de otros, es de las élites: de la clase política y empresarial, incluso de la religiosa, que pone a los ciudadanos en contra de la comunidad LGBTIQ+ de Honduras y la margina.

“¿Realmente quién es el protagonista de todos los daños que nos hacen a la comunidad de mujeres trans?”, pregunta Thalía. “Es el mismo Estado”, se contesta. “Quien dice que vela y protege es el que nos mata, el que nos lastima”.

Recientemente, el propio jefe de Estado actual, Juan Orlando Hernández, ha tomado la bandera antiderechos al llamar “enemigos del Estado y de la independencia” a los defensores de los derechos de las mujeres y las poblaciones LGTBIQ+.

Pero no solo las instituciones estatales les cierran las puertas a personas como Thalía. También la Iglesia se ha unido a sus pares estatales con discursos en contra de la diversidad sexual, según denuncias realizadas por más de 20 organizaciones LGBTI+ en el mes de septiembre.

Además del Estado, otros dedicados a atacar son quienes se arropan bajo el manto del fundamentalismo religioso. “Estas personas dicen que creen en el amor verdadero, pero no dan el rol que corresponde”, dice Thalía.

El portazo estatal y religioso impide a las personas LGBTIQ+ como Thalía acceder a todos los espacios, menos el del trabajo sexual y otras actividades que ponen en peligro su salud y su vida. Tampoco las deja asegurar la salud integral a la que tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas. Cargan una pesada cadena reforzada por los prejuicios y por la falta de educación, oportunidades y empleo.

Las mujeres trans sufren violencia en muchos de los ámbitos donde se desempeñan. Según el estudio del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y El Caribe (CeDosTALC), las víctimas trans de vulneraciones de derechos humanos en Honduras son en su mayoría trabajadoras sexuales, el 42% del total. El 34% son trabajadoras formales, el 5% son activistas y el 7% trabajadoras informales.

Hablar de la comunidad trans enternece a Thalía, aunque también la inquieta. Mueve sus manos con mucha gracia mientras conversa. No parece que acaba de subir por la vertiente de casi 45 grados de inclinación. No se ve agotada. Está fresca, lleva maquillaje como una actriz de telenovela, su cabello negro lacio parece no sentir el paso del tiempo. “A mis 50 años me siento más radiante y madura”, afirma.

Apenas hemos recuperado el aliento cuando ella abre la imponente puerta negra que parece sacada de una antigua iglesia. En la sala nos recibe un ángel dorado de un metro de altura que posa entre espejos. Desde la ventana se refleja la luz en el cristal que corta la oscuridad en forma de destellos.

El efecto dramático está completo. “No es un ángel”, dice Thalía mientras acaricia la estatua casi de tamaño natural, “es Atena, la diosa griega”.

Talía, sin la hache, es también un nombre griego que significa “florecer”. Es el nombre de la musa del teatro. Teatral y cautivadora es Thalía. “El nombre viene de la cantante mexicana”, aclara. “¿Quieren agua? ¿Café? ¿Galletas?”, pregunta. 

Thalía, pionera del emprendimiento

El don de servicio es una huella proveniente de los diez años que Thalía tuvo la pulpería en este barrio al que ella y sus vecinos llaman “las faldas del cerro Juana Laínez”. Pero ella comenzó a emprender por medio de venta de especias en los pueblos, donde desbancó a los propios hombres en moto, relata con una gran sonrisa.

Hace 30 años, el tiempo que tiene de vivir en su morada, Thalía llegó a este cerro como llegan muchos hondureños y hondureñas a establecerse en las zonas no pobladas donde residen: como “ocupantes”. Se establecieron en el cerro en los años 90, cuando Thalía todavía ejercía el trabajo sexual que le dejó como recuerdo las visitas periódicas al hospital.

Poco a poco, la activista trans fue levantando su casa, frente a la cual se desenrolla la cinta de un camino de adoquines sembrados en la tierra rojiza. “No fue fácil” mantener su negocio durante tanto tiempo, confiesa, “pero tampoco imposible. Fue cuando empecé a salir y viajar. Quiero trabajar, quiero emprender”.

Incluso en lo peor de la pandemia del coronavirus, Thalía mantuvo andando la pulpería en la casa que comparte con su pareja y con sus perros. “Este es el más pequeño”, dice y señala a un cachorro tembloroso y delgado que brama entre los muebles. “Es memeco, es un llorón. Pero es porque tiene hambre”, dice Thalía. Hambre como la de ella por su sueño de ser una empresaria.

“Se llama Muñequito y es mezcla de pitbull y otra raza”. Va a traer un puñado de comida para Muñequito y la riega en el suelo. “Antes se la mojaba con agua porque apenas tiene formados los dientitos, pero ya no”, dice, y ve cómo el perrito trata de masticar las croquetas.

La pulpería duró mucho tiempo. Fue el sueño realizado de Thalía, pero tuvo que cerrarla hace tres meses porque no la hacía ganar suficiente dinero. “Es difícil mantener un negocio”, dice, “y eso que este era pequeñito”.

Thalía y las demás mujeres trans deberían tener asegurado el derecho al trabajo, a la libre elección de empleo y a condiciones laborales equitativas y satisfactorias. Pero ellas, especialmente las de grupos raciales minoritarios, están inmersas en un ciclo de exclusión y pobreza que las hace más vulnerables a la violencia, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Los jóvenes LGBT y las personas trans son empujados hacia la economía informal, la actividad criminal y el trabajo sexual como forma de sobrevivir”, agrega el informe. “A la discriminación y violencia cuando se encuentran en albergues y hogares comunitarios, [a] la pobreza y la exclusión en las vidas de las personas intersex y sus familias, que las hace más vulnerables a la violencia en los centros de salud”.

Este patrón señalado por la CIDH se repite en Honduras, donde la mayoría de las mujeres trans no encuentran empleo y están orilladas a ejercer el trabajo sexual, de acuerdo con las entrevistas realizadas. Las empresas ni siquiera las entrevistan.

El comercio sexual para muchas de ellas se convierte en un “lugar peligroso”.

“En la calle se sufre todo: golpes, gritos, pedradas. De todo se sufre. Los aguaceros [y el] hambre. Te vas en la mañana para agarrar un bus porque no tienes ni para el taxi”, relata la directora del Colectivo Color Rosa, Gabriela Redondo.

Cuando Thalía decidió dejar el trabajo sexual y abrir una pequeña pulpería en donde ahora es su sala, se convirtió en una de las primeras trans en poner un negocio propio. Para lograrlo, esta activista independiente de derechos humanos y emprendedora usó sus ahorros y consiguió financiamiento de organizaciones como la Red Lésbica Cattrachas.

El dinero siempre es un problema. “Ser una mujer trans en Honduras es una de las cosas más caras”, dice Thalía. “Es una gran inversión desde que decidimos hacer la transición”.

Para ganar dinero, la mayoría se dedican a trabajos informales, es decir, sin jubilación ni seguro social. ¿Por qué no pueden acceder a trabajos formales, con todos sus derechos? Por su expresión de género. Ese es el reto más grande para ellas.

“La sociedad no permite a una mujer trans que quiera trabajar como impulsadora en un supermercado”, relata Daryana Palada (42), quien es comerciante y madre de una niña de cuatro años. “Hay limitantes hasta para un trabajo tan simple. Solo queremos un trabajo digno. Nada más”.

Los obstáculos a los que se enfrentan Daryana y Thalía abarcan a mujeres trans de todas las edades. Las jóvenes con expresiones de género fuera de la heteronormatividad son las más vulnerables porque sufren violencia verbal, física y psicológica.

La experiencia es traumática porque no cuentan con un documento de identidad que coincida con la identidad autopercibida, según un estudio de Visibles y Cristosal.

El sueño de Amelian

Costó contactar a Amelian, quien a pesar de ser una adolescente trans de 19 años de edad, no tiene celular, no lo puede costear porque no tiene empleo. 

Aunque es joven y agradable, Amelian trata de sortear toda clase de obstáculos para conseguir un trabajo en Tegucigalpa. Lo malo es que para una trans es casi imposible saltarse esos obstáculos.

“Muchos familiares me han dicho: ‘si dejas de hacer esto’, o sea, mi vestimenta, mi forma de ser, ‘yo te puedo hasta conseguir un trabajo’. Pero es algo que no puedo [hacer]. Es mi verdadera identidad y no puedo renunciar a ella”, afirma tras dar con Reportar Sin Miedo.

Amelian estudia periodismo y sueña con ser una gran comunicadora. Sin embargo, su esperanza choca contra la realidad hondureña.

No importa que las trans como Amelian se capaciten e incluso que logren obtener un título universitario. A pesar de tomar talleres, de formarse para el emprendimiento, las mujeres trans siguen enfrentándose a los prejuicios que les impiden conseguir empleo en Honduras, según la Organización Pro Unión Ceibeña (Oprouce).

“Los gerentes y personal de recursos humanos” tienen “prejuicio y falta de información”, dice la directora ejecutiva de Oprouce, Sasha Rodríguez. “No debería ser la expresión de género o la identidad más importante que las capacidades de las mujeres trans para realizar un trabajo”.

Amelian es una entre cientos de mujeres trans a quienes se les cierran las puertas de las empresas. Otras han corrido con menos suerte que ella, como la miembra de la organización Kukulcán, Dulce Guifarro, de 27 años.

Guifarro tuvo que trabajar en el comercio sexual a temprana edad después de que una institución bancaria la rechazara. Aunque hizo la práctica laboral en el banco, cuando expresó su identidad de género la acosaron y discriminaron. Intentó denunciar el acoso ante Recursos Humanos, pero la ignoraron. “Estuve aplicando a varias plazas de trabajo, [pero] no me ayudó mucho ejercer el trabajo sexual. Estuve aguantando hambre y frío. No tenía otra opción. Tenía que llevar algo a casa”, relata Dulce.

Las zonas donde Dulce y otras trans ejercen el comercio sexual son generalmente controladas por pandillas que las obligan a vender droga y pagar alquiler de las esquinas, expresa la directora del Colectivo Unión Color Rosa, Gabriela Redondo.

La violencia en las calles puede acabar con la vida de las trans cuando aún son jóvenes. Con apenas 19 años, Amelian todavía es joven, pero, si tomamos al pie de la letra las cifras de la CIDH, su esperanza de vida, como las de la mayoría de las trans de Latinoamérica, es de 30 a 35 años.

El peligro las acecha en cada esquina de las ciudades donde viven.

“Me siento expuesta”, dice Amelian. “Me puede pasar algo. Siempre salgo a la calle con ese miedo [de] que me puede pasar algo. Siento que la policía no va a resolver nada [si] me sucede algo”.

Amelian tiene razón de estar temerosa. Al menos 118 mujeres trans han sido asesinadas en Honduras en 12 años, según la Unidad de Tarea de Delitos Violentos de la embajada estadounidense creada en el año 2013. Además, nueve de cada diez crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ no han sido resueltos en Honduras, afirma el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas.

Si tomamos en cuenta que desde 2009, año del golpe de Estado, han muerto violentamente 390 personas LGBTQ+ en Honduras, resulta que apenas se ha castigado a unos 30 culpables.

Amelian cree que una ley de identidad de género podría ayudar a combatir la discriminación y, hasta cierto punto, la violencia que padecen las mujeres trans hondureñas. “El nombre de una mujer trans es muy importante porque la caracteriza”, dice.

“La ley de identidad de género sería muy útil en mi vida diaria y resolvería muchos conflictos”, agrega. Según Amelian, esa ley le ayudaría porque “el nombre y los pronombres afectan cuando no concuerdan con una persona”.

Vicky Hernández, un mártir de esperanza

El 26 de marzo de 2021 se dio a conocer la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso “Vicky Hernández y otras versus Honduras”. El hecho histórico y sin precedentes declaró la responsabilidad de Honduras por las violaciones de diversos derechos en perjuicio de cuatro personas: Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual que vivía con VIH y reconocida activista del Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR), quien vivía con su madre, su hermana y su sobrina en San Pedro Sula. 

Vicky Hernández fue asesinada durante el toque de queda por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras. Ella se encontraba con dos compañeras en la calle cuando una patrulla de la policía intentó arrestarlas. 

El 29 de junio de 2009 hallaron el cuerpo inerte de la activista. Registraron su identificación como desconocido de sexo masculino. El acta indicó también el hallazgo de un preservativo aparentemente usado y, a siete metros de distancia, una ojiva de color gris. 

Las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen de autopsia con el pretexto de suponer que era VIH positiva. Se concluyó, como causa aparente de la muerte, una laceración cerebral por perforación de arma de fuego. 

A partir de la sentencia, la Corte IDH estableció los siguientes estándares interamericanos: que las personas LGBTIQ+ han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos humanos. 

Asimismo, indicó la ausencia de impunidad y, en ciertos contextos y circunstancias, llegar a configurar situaciones generalizadas, estimulando y perpetuando la repetición de las violaciones. 

Al decir esto, se constató que había varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por una violación del derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández. A eso se suma un contexto de violencia contra las personas LGBTI, en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales. 

El libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida privada se encuentran protegidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Así, la identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad, al derecho a la vida privada y a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia.

En ese sentido, el reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura y maltratos. 

Existe una relación estrecha entre el reconocimiento de la personalidad jurídica y los atributos jurídicos inherentes a la persona humana que la distinguen, identifican y singularizan. 

Durante la etapa de investigación, las autoridades hondureñas emplearon de manera sistemática estereotipos y prejuicios de género. Se hizo caso omiso a su identidad de género autopercibida. 

Vicky no tuvo la oportunidad de reflejar su identidad de género y su nombre elegido en su documento de identidad, de conformidad con su género autopercibido, y esa falta de reconocimiento pudo haber fomentado una forma de discriminación y de exclusión social por expresar dicha identidad.  

Lucía, un caso de éxito 

En el corazón de San Pedro Sula, la llamada “ciudad industrial” de Honduras, fue el sitio que acogió el evento de la primera Casa Refugio para personas LGBTI+, donde coincidimos con esta profesional.

En el antiguo Museo de Antropología está Lucía Valladares, de tez canela y una gran sonrisa. Es un día lluvioso y ella lleva puesto un abrigo blanco y gris de terciopelo. Se acerca y nos saluda. Lleva cartera de cuero y el celular al cuello con un cordón.

Lucía, de 30 años, ha tenido el acceso laboral que otras mujeres trans envidiarían. Trabaja para la industria de los “call centers” desde el 2011. Es supervisora de planta y producción y tiene a su cargo a varios agentes. Se siente privilegiada porque tuvo acceso a la educación y al desarrollo en su lugar de trabajo.

“Me ha beneficiado muchísimo que en mi lugar de trabajo se respete mi identidad de género”, relata. “En mis documentos laborales no aparece mi nombre de pila, y eso hace que pueda centrarme en cosas realmente importantes como aprender y desarrollarme”.

Sin embargo, en Honduras “hay mucha ignorancia”, agrega. “Al pedirle el documento a una persona trans, siempre hay muchos cuestionamientos, ya que normalmente tienen fotos desactualizadas”.

La historia laboral de Lucía cambió cuando su jefe vio que su apariencia no concordaba con su nombre. “El jefe, que era escocés, me preguntó si tenía algún nombre que me gustara que usaran conmigo. Le mandó un correo a Recursos Humanos de que todas las personas que laboraban en la empresa debían referirse a mí por Lucía, y en femenino”.

Eso le dio la valentía para exigir que respetaran su nombre e identidad. En su trabajo, Lucía posee un seguro privado que utiliza con regularidad y sin ningún problema, ya que tiene el respaldo de su empresa. “Los profesionales de la salud a quienes visito ya me conocen, pero, en el sistema público de salud, la historia es diferente”, relata.

“Se entiende que siempre nos han oprimido y violentado y aceptamos mucho el papel de víctimas”, explica Lucía. “Muchas personas entienden que han sido víctimas, pero no es su estilo de vida y pelean por salir adelante y por sus derechos”.

Lucía cree que muchas personas pueden usar el victimismo en contra de las mujeres trans y acusarlas de que se quejan por todo, de que sus vidas son solo de quejas y peticiones. “Tenemos que aprender a vivir con eso, dejarlo en el pasado y forjar cosas nuevas para el futuro”.

Para Lu, como le dicen sus amigxs cercanos, hay un ciclo vicioso, una relación tóxica entre las mujeres trans y los trabajos informales.

Somos una generación perdida”

La luz roja de los semáforos de la primera calle delinean el timón del carro que firmemente sostiene Lucía. Dice que no suele ver a otras mujeres trans en la calle o a la luz del día.

“Se han convertido en gárgolas”, dice, “en criaturas de la noche que no se exponen ante una sociedad tan conservadora”. Acto seguido, me pregunta si alguna vez he visto a una mujer trans en un café, un restaurante o un mall.

“Con lo poco que se ha logrado, las nuevas generaciones van a ver un cambio real o disfrutar de los beneficios de la ley de identidad de género”, dice Lucía con una mezcla de optimismo y melancolía.

Según Lucía, nuestros padres y abuelos son una generación tangible de todo lo que nos ha dañado. “Somos una generación perdida”, añade.

Para ella, los problemas de la comunidad solo son prioridad cuando los gobernantes necesitan atemorizar a la población. “O ahorita que están las elecciones”. Pone como ejemplo a la candidata por el partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, quien incluye en su discurso el reconocimiento de las personas LGBT.

“Solamente así nos convertimos en un tema de discusión. Nos usan, nos utiliza el Estado”.

Lucía se estaciona frente al restaurante donde la esperan sus amigxs. Antes de bajarnos, habla del poder que los demás creen tener sobre las personas trans para faltar el respeto. “Conmigo es diferente. Lo piensan dos veces porque dicen ‘esta no se ve como las otras, esta sí me puede responder algo’. Pero, existe la presión [social] que les dice ‘vos y yo no estamos en el mismo lugar’”.

Una Ley de identidad de género: ¿la solución?

Kendra Jordany no cree que la solución de todos los problemas de las personas trans en Honduras sea una ley que les permita aparecer en sus documentos con su verdadera identidad de género.

“Tendríamos reconocimiento legal [y] acceso a muchos derechos, pero una ley de identidad de género no me dice que voy a vivir en un país donde se me va respetar por ser una mujer trans”, dice Kendra, quien es miembra del Movimiento de Diversidad en Resistencia y trabaja para la organización humanitaria Médicos sin Fronteras.

El documento de identidad que tanto Amelian Zerón, Lucía Valladares como Thalía Rodríguez cargan en sus carteras no refleja quienes son ahora. El Estado las obliga a aparecer con su nombre original y sin su apariencia como mujeres. “Por la falta de ley de identidad de género me siento limitada, impotente”, dice Thalía.

“Mi identidad no refleja la persona que quieren contratar. De ahí parte la necesidad de una ley de identidad de género. Por eso, muchas compañeras no pueden encontrar un empleo digno”, dice la miembra de la Asociación Feminista Trans, Allysson Hernández.

Sin embargo, hay señales de esperanza y de cambio en el horizonte. El Estado hondureño está obligado, según el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato en 2009 de la líder trans Vicky Hernández, a reconocer la identidad de género de las personas trans.

Mientras tanto, las mujeres trans no tienen la opción de que las reconozcan con su nombre adquirido. Por eso, la gente cree tener el derecho de llamarlas con un nombre con el que no se sienten identificadas. Según la abogada Astrid Ramos, “no tener una ley de identidad de género tiene una implicancia directa en el acceso al trabajo”.

La estrategia del Estado hondureño es no incluir el sexo del ciudadano en la nueva cédula de identidad. El documento que debería ser un apoyo a las comunidades diversas se convierte en una falta de reconocimiento y pronunciamiento público del presidente y su gabinete.  

Cabe mencionar que el Poder Judicial de Honduras tiene a su disposición una Unidad de Estadística. Sin embargo, en lo relacionado con la comunidad LGTBI, la base de datos no posee una variable específica que refleje delitos o casos de discriminación contra estos grupos de vulnerabilidad, pero los datos generalizados de mujeres y hombres asesinados sí estan incluidos y no específicamente si son de la comunidad LGTBI. 

Mientras tanto, los gremios empresariales siguen invisibilizando a las mujeres trans como Thalía. Dicen que “no manejan el tema”. Esa fue la respuesta que dio la relacionadora de la Asociación Hondureña de Maquiladores cuando le pedimos una entrevista para incluirla en esta investigación. La misma razón dio la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (Anmpih). No obtuvimos más explicaciones al respecto. 

La carencia de datos específicos de la población trans en el sector empresarial es el resultado de que no se les permita utilizar su nombre asumido, solamente su nombre legal, el que se les asignó al nacer. Por ello, la mayor parte de las empresas no tiene ningún tipo de distinción sobre identidad de género, por lo cual es más difícil identificarlas. 

El desinterés del empresariado hondureño contrasta con la Constitución hondureña, al igual que el Código de Trabajo, que en los artículos 60, en el primero, y 321, en el segundo, declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier lesiva a la dignidad humana. 

“No hay ningún elemento que impida contratar a una persona trans, homosexual o lesbiana”, señala el abogado especializado en materia laboral German Leitzelar. La Constitución establece que no debe haber ningún tipo de diferenciación.

Sin embargo, Leitzelar, quien trabaja en esta área hace 30 años, aclara que del papel al hecho hay mucha diferencia y que culturalmente no va a ser tan sencillo imponer los aspectos mencionados por las ordenanzas de la Corte IDH.

Las estadísticas también contrastan con las denuncias a las violaciones de derechos contra las trans hondureñas, En 2020, el Colectivo Unidad Color Rosa recopiló 41 de estos casos y, en cuanto a los tipos de violaciones, se encuentra la siguiente tabla de datos, según CeDosTALC  

https://app.flourish.studio/visualisation/8016813/edit?#:~:text=https%3A//public.flourish.studio/visualisation/8016813/

De igual forma, solicitamos al Ministerio Público las estadísticas de discriminación laboral contra la comunidad trans en los últimos cinco a 10 años antes del 2020. Sin embargo, el MP respondió nuestra solicitud No. SOL-MP-1049-2021 diciendo que considera “NO PERTINENTE” darnos esa información. 

Vale la pena agregar que, aunque el MP tenía registrado un caso de descriminación laboral contra la comunidad LGTBI este año, no hay categorización de la diversidad sexual por parte de las empresas o instituciones públicas donde diferencien a las mujeres y hombres trans por su nombre asumido o socia, solamente por el legal, debido a la falta de una ley de identidad de género. 

De acuerdo con la unidad de Estadística-Conadeh, por medio de la solicitud SOL-Conadeh-168-2021, se registran desde el año 2017 al 2021 un total de 19 “quejas” relacionadas a las muertes de hombres y mujeres trans. Sin embargo, no hay especificación de cuántas mujeres y hombres han muerto.

Cabe mencionar, que en los últimos 10 años, el Conadeh solamente ha recibido a nivel nacional un total de 11 denuncias por discriminación laboral contra personas LGTBI desde el 2016, en su mayoría en los departamentos de Francisco Morazán y  Cortés; de igual forma sin variables específicas.  

En este ambiente de invisibilización, desafíos y pruebas cotidianas vive Thalía. “Cada día es un reto”, dice mientras acaricia a uno de sus perritos y ve por la ventana el sol que cae lentamente detrás de los cerros de Tegucigalpa. “Este día tengo que hacer pagos de luz, pagar el agua. Todos los días es una rutina, es un reto subsistir porque no puedo quedarme ahí”.

Thalía no quiere quedarse “paralizada”. Si se paraliza, “no se cumple ni se hace el sueño porque del cielo no me va caer todo”, dice. “Tengo que hacer mi lucha. Y es una lucha grande”. Para ella, su lucha y su evolución ha sido, desde que tiene uso de razón, enfrentarse a su familia, la sociedad y su comunidad al ser una mujer con ideas y sueños propios. 

“Me enfrenté al mundo muy pequeña. A través de todo lo que me ha enseñado la vida, he aprendido que hay momentos de reír, llorar, cantar victoria, sentirte derrotada, impotente. De injusticias. Se aprende de todo y a tener un equilibrio a través de los años”.

La vida la trató a golpes, cuenta. “Solo golpes, violencia psicológica, verbal, física. Somos las que vivimos en carne propia lo que era vivir en la calle. Nadie se puede poner en mis zapatos cuando no ha vivido lo que yo viví”. 

“Llevo un mapa”, agrega, y se señala la espalda. “Pero con ese mapa aprendí a caminar”.

Pero Thalía también encuentra esperanza a su alrededor. “Para las nuevas generaciones y para las que estuvieron antes, existe una puerta que dice ‘bienvenidas’. La que quiere, que aproveche, y la que no, que se quede ahí. Porque si para mí hubiera habido esa puerta, qué no hubiera hecho”. 

Thalía dice que “vamos a paso de tortuga” y que “falta mucho por recorrer”, pero considera que con la condena contra el Estado de Honduras por el asesinato de la líder trans Vicky Hernández y con las ordenanzas de proteger a la población LGBTIQ+, “ahora sí va a haber justicia”. 

ESTE REPORTAJE FUE REALIZADO CON EL APOYO DE LA INTERNATIONAL WOMEN’S MEDIA FOUNDATION (IWMF) COMO PARTE DE SU INICIATIVA DE ¡EXPRÉSATE! EN AMÉRICA LATINA.

Edición: Jennifer Ávila
Por Telma Quiroz, Amílcar Cárcamo y Helen Montoya
Sistematización: Stephanie Mondragón

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