La defensa solicitó medidas cautelares ante la Comisión IDH para resguardar la seguridad de Lisby Allen y su familia
Por Redacción de Reportar Sin Miedo
Ilustraciones de Red Lésbica Cattrachas
Tegucigalpa, Honduras. El inesperado traslado de Lisby Allen del Centro Penal de Olanchito a Támara, el domingo 4 de mayo, ha puesto en alerta a las organizaciones de derechos humanos y sus equipos legales.
El movimiento se produjo sin justificación formal ni notificación a sus representantes, violando protocolos procesales.
Lisby Allen: un caso que conmociona
Lisby Allen (18) (22) es una joven afrohondureña a quien se privó de libertad por actuar en defensa propia contra su secuestrador y agresor sexual, Martín Carbajal (51). El Ministerio Público la acusó del delito de homicidio y el Poder Judicial la condenó a más de 12 años en prisión por defenderse de su agresor.
El 4 de julio del 2021, Carbajal la llevó contra su voluntad al motel en el barrio El Triángulo, Olanchito, departamento de Yoro, en el centro de Honduras. Después de sufrir ultraje sexual durante dos horas, Lisby tomó el arma con que el sujeto la había obligado a entrar al motel y le disparó.
Ella misma llamó a la policía y le contó los acontecimientos de los que había sido víctima. Sin embargo, el aparato de justicia se volcó contra esta joven y sin recursos y la acusó de homicidio.
En el 2023, el sistema de justicia de Honduras la orilló a tomar un procedimiento abreviado para que aceptara el hecho como “homicida”.
En enero del 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió su caso para su revisión penal. Ahora están esperando un nuevo juicio, expresó a Reportar Sin Miedo la defensa de Lisby, liderada por la Red Lésbica Cattrachas, Cladem México y Justicia Pro Persona.
Traslado sin explicaciones
El sábado 3 de mayo, Lisby llamó a su defensa para comunicarles que iba a ser enviada del Centro Penal de Olanchito a Támara, Tegucigalpa, sin que se proporcionaran detalles específicos sobre los motivos del traslado. La defensa no recibió ninguna notificación.
La falta de información generó una rápida reacción de su defensa. Se realizaron múltiples llamadas a la jueza de Ejecución Nacional sobre si tenía conocimiento del traslado de Lisby. Sin embargo, manifestaron que no tenían conocimiento del mismo, evidenciando la falta de comunicación oficial del Instituto Nacional Penitenciario a las autoridades correspondientes.
El domingo 4 de mayo, la movilización de Lisby se llevó a cabo sin que se indicara el motivo. Esta incógnita aumentó la preocupación sobre su paradero y sus condiciones. Se realizaron consultas a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), pero no se logró obtener información.
Buscando a Lisby
Ante la falta de respuestas claras, se estableció comunicación directa con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh) para denunciar el traslado ilegal y la desaparición de Lisby.
Conaprev confirmó el lunes 5 de mayo que Lisby se encontraba en PNFAS en calidad de depósito para evaluación forense, aunque hasta ese momento no se había proporcionado documentación oficial del traslado.
También se contactó al fiscal especial de la Mujer que reaccionó inmediatamente al llamado de la defensa, pero desconocía las acciones oficiales del Instituto Nacional Penitenciario en el caso de Lisby.
La situación escaló aún más cuando el recurso de hábeas corpus presentado por Cattrachas ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa fue rechazado el martes 6 de mayo. Finalmente, el miércoles 7 de mayo, tras la movilización de activistas desde la ciudad de La Ceiba a Olanchito se interpuso el recurso de hábeas corpus en esa ciudad.
Seguidamente, el equipo legal de Cattrachas y Conadeh se trasladaron al PNFAS para verificar el estado de Lisby. Ambas organizaciones corroboraron que el traslado se debió a una instrucción verbal del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Sin embargo, ni el PNFAS ni el centro de Olanchito contaban con la documentación de respaldo.
La tarde del miércoles, Cattrachas realizó la solicitud de medidas cautelares para Lisby y su familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con el fin de mostrar en un videomapping el caso de la joven afrohondureña y exigir justicia para Lisby, las compañeras feministas de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, el Movimiento Por la Paz Visitación Padilla, Por Nosotras y el equipo de Cattrachas participaron el 7 de marzo de 2025 en una intervención pública en Tegucigalpa.
Violan sus derechos
“Los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad, ya que, además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente alejan a las personas de sus lugares de origen”, expresó la doctora Lupita Ramos Ponce, abogada e integrante de la defensa de Lisby.
Para Ponce, las acciones del traslado no solo afectan anímicamente a Lisby. También perjudican a su núcleo familiar al promover acciones injustas en su contra. Por su parte, la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, expresó: “Perdimos a Anahí porque le falló el sistema de justicia. No vamos a desproteger a Lisby ante este mismo sistema”.
Por otra parte, en junio del 2023, 46 privadas de su libertad perdieron la vida de forma violenta en el PNFAS. Por el hecho, 15 mujeres fueron declaradas culpables debido a “su participación en calidad de coautoras de este asesinato múltiple” en diciembre del 2024.
