La consideración de poder realizar la utilización de elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos, por medio de una Orden Ejecutiva presidencial, para llevar a cabo la denominada operación Aurora, para considerar el apoyo en movilizaciones de inmigrantes detenidos, para expulsión de residentes en situación irregular de Estados Unidos, no se debe descartar, así como el enfrentar una oposición por parte de gobernadores de estados demócratas, expresa el licenciado Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco.

La administración Trump, con la mayoría con que cuenta en el próximo Congreso de Estados Unidos, al tomar posesión a partir del 20 de enero próximo, podrá recibir el apoyo en acciones que pueda plantearse para dar cumplimiento en el ofrecimiento de campaña presidencial de realizar expulsiones masivas de dicho país, contando inicialmente con fondos por parte del Departamento de Seguridad Nacional DHS para la realización de las acciones necesarias para lograr operativos, pudiendo ser utilizada la Guardia Nacional en operaciones de movilización, no así en redadas de inmigrantes.

El basarse en la Ley de Enemigos Extranjeros vigente y que únicamente ha sido utilizada 3 veces desde su creación en 1789, durante la Segunda Guerra Mundial, para realizar las deportaciones anunciadas en campaña presidencial por parte de Trump, podría también ser reforzada con la aplicación de otras leyes, para presionar a gobernadores demócratas en brindar colaboración.

Es imperativo que los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, México entre otros, puedan conjuntamente plantear un programa de asistencia legal para ofrecer a inmigrantes residentes en Estados Unidos, así como la realización de campañas informativas en medios escritos, radiales y televisivos por parte de instituciones vinculadas al tema migratorio, que a la fecha, no han desempeñado el papel que les corresponde de orientación a población, tanto en Estados Unidos, como en sus respectivos países.

Es hora que los integrantes de Comisiones de Migrantes, Mujer y Menor, Derechos Humanos del Congreso de la República, requieran el plan de trabajo a desarrollar ante la inminente amenaza en contra de población inmigrante por parte de la nueva administración republicana en el gobierno de Trump, en favor de inmigrantes, migrantes, retornados, familiares y migrantes de paso por Guatemala, no hacerlo será una irresponsabilidad hacia quienes sostienen la economía del país, concluye Castro Molina.

Guatemala, 15 de noviembre 2024

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