Una brecha entre discurso y resultados revela un sistema debilitado, con escasas condenas, baja confianza ciudadana y un aparato público marcado por la politización
INFOBAE
Honduras figura como el segundo país con peor desempeño del servicio civil en Latinoamérica, según el Instituto de la Justicia.
Honduras atraviesa un momento complejo en materia de transparencia y combate a la corrupción, Datos oficiales y percepción ciudadana coinciden en un diagnóstico preocupante: apenas el 14 % de la población considera prioritario el combate a la impunidad, mientras el país continúa reflejando altos niveles de debilidad institucional, según el informe Estado de País 2026 del Instituto de la Justicia.
El informe, enfocado en democracia y transparencia, revela un escenario preocupante: en 2025 se interpusieron 2,148 denuncias por corrupción, pero solo seis concluyeron en condena, lo que demuestra una respuesta judicial escasa ante la magnitud de los casos reportados.
El estudio también ubica a Honduras como el segundo país con peor desempeño en servicio civil en América Latina, una condición que, según el análisis, ha favorecido durante años prácticas como el clientelismo político, la falta de profesionalización estatal y la ineficiencia administrativa.
Tal debilidad institucional impacta la gestión pública y restringe la posibilidad de acceder a mecanismos internacionales de cooperación y desarrollo, como la Cuenta del Milenio.
En el ámbito internacional, la realidad es igualmente adversa: Honduras figura en el puesto 157 de 182 países en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro progresivo en transparencia y gobernanza.
Transparencia bajo presión
De acuerdo con indicadores de 2023, Honduras obtuvo la calificación más baja de la región en transparencia parlamentaria, con apenas un 23,6 %. El informe señala que el Congreso Nacional (en los últimos años) mantiene altos niveles de opacidad en el manejo de fondos y en la toma de decisiones, alejándose de estándares internacionales de parlamento abierto.
Durante 2025 se registraron 12.431 solicitudes de información; de ellas, 2.054 quedaron sin respuesta y 1.498 fueron atendidas fuera del plazo legal. En total, el 28 % de las solicitudes incumplieron los tiempos establecidos o no recibieron respuesta, evidenciando debilidades persistentes en los mecanismos de transparencia estatal.
El informe Estado de País 2026 revela que solo el 14 % de los hondureños cree que el gobierno prioriza el combate a la impunidad.. EFE/ STR
Esta falta de apertura se agrava por el debilitamiento del derecho ciudadano al acceso a la información pública. Durante 2025, se recibieron 12,431 solicitudes de información, de las cuales 2.054 quedaron sin respuesta y 1,498 se atendieron fuera de plazo legal.
En conjunto, el 28 % de las solicitudes incumplieron los tiempos o no recibieron respuesta, lo que evidencia serias fallas en la transparencia activa del Estado.
Sofía Ochoa, oficial de investigación de sociedad civil, puntualiza que el informe muestra una fragilidad democrática que el país arrastra desde hace varios años. “Honduras mantiene un promedio de 46,5 puntos en indicadores de democracia durante la última década, sin avances significativos”, señala.
Ochoa también advierte acerca de la persistencia del clientelismo electoral. “Uno de cada ocho hondureños asegura haber recibido ofertas de beneficios a cambio de su voto”.
Un informe reciente destaca que la diferencia entre denuncias presentadas y sentencias emitidas genera entre los habitantes la percepción de que el país carece de un sistema de justicia robusto y confiable
Eliminar la burocracia
Diversas organizaciones de sociedad civil sostienen que el problema tiene raíces estructurales y requiere reformas profundas. El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo de transparencia: “Honduras debería migrar hacia un modelo donde la información pública sea accesible de manera automática, eliminando trabas burocráticas que restringen el acceso a datos de interés público”.
Hernández, además, pone énfasis en la limitada capacidad operativa en áreas sensibles como la investigación ambiental. Según explica, un reducido grupo de fiscales atiende casos en todo el país.
Especialistas consultados resaltan la necesidad de revisar de manera integral los procesos de contratación pública y el funcionamiento del aparato estatal. El abogado y analista político Kenneth Madrid considera que es “indispensable realizar una evaluación integral del personal del sector público”, según declaraciones ofrecidas a Infobae.
