Cada vez hay menos periodistas en Nicaragua y los pocos que quedan trabajan en la clandestinidad. Es una profesión en peligro de extinción. Cárcel, exilio, destierro, despojo de nacionalidad, amenazas y más es lo que reciben por informar sobre la crisis que atraviesa ese país.
Por Hans Lawrence Ramírez, miembro de #CONNECTASHub
La tarde en que lo desterraron, el periodista Víctor Ticay jugaba damas chinas con otros presos en una celda calurosa del Sistema Penitenciario Jorge Navarro ―mejor conocido como La Modelo― ubicado en Tipitapa, a unos 24 kilómetros al norte de Managua. De repente, un guardia interrumpió la partida que hábilmente ganaba el comunicador. Eran las cinco de la tarde.
―Vayan a bañarse todos. Bien bañaditos y no estén preguntando nada ―ordenó el guardia. Ticay llevaba 517 días en prisión. Lo detuvieron el seis de abril de 2023, Jueves Santo, después de cubrir una actividad religiosa celebrada en su natal Nandaime, un municipio ubicado a 67 kilómetros al sur de la capital.
Hasta hace poco, Ticay formaba parte de la lista de reporteros presos que manejaba la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). Junto a Ticay aparecía el nombre de Fabiola Tercero, una comunicadora que permanece desaparecida desde que la detuvieron el 12 de julio de 2024 en su casa, sin que las autoridades hayan asumido ninguna responsabilidad al respecto.
La represión asume formas sorprendentes. En los últimos meses, PCIN reporta que varios periodistas que siguen en Nicaragua deben asistir todos los días a una delegación policial para firmar una página blanco. Se trata de una medida abusiva que busca mantener bajo control a los comunicadores.
Según esa organización, entre enero y julio de este año se han registrado 47 casos de agresiones a la libertad de prensa, además de 276 periodistas exiliados, 56 medios de comunicación cerrados, 22 noticieros desaparecidos y 13 programas de opinión clausurados. Por ello, han señalado que el periodismo nicaragüense está en peligro de extinción.
“Los hechores fueron sobre todo agentes del Estado de Nicaragua”, indica un informe publicado por PCIN el seis de septiembre de 2024, en donde también advierte que “estas cifras no reflejan el total de las agresiones perpetradas, puesto que los niveles de autocensura son enormes. Una parte de las víctimas de estas agresiones han solicitado no incluir sus casos por temor a lo que pudiera ocurrirles a ellas y a sus familias”.
PCIN define como agresiones todos los hechos que atenten contra el trabajo periodístico o que sean consecuencia de este, como las detenciones arbitrarias, exilio forzado, amenazas, intimidaciones, discursos de odio, entre otros. Algunos de estos ataques, sobre todo descalificaciones, provienen de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, que el 19 de julio de 2024 dio rienda suelta a su creatividad: tildó en un discurso a los periodistas de “víboras traicioneras”, “fabricantes de mentiras”, “denigrantes a sueldo”, “mentecatos”, “falsarios”, “profesionales del servilismo”, “sicarios”, “mercenarios” y “desvergonzadas y diabólicas pestilencias”.
🇳🇮 135 personas presas políticas en #Nicaragua fueron excarceladas y desterradas a Guatemala por el régimen Ortega-Murillo.
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) September 11, 2024
📢 Las organizaciones firmantes demandamos al Estado nicaragüense cesar la persecución contra las voces críticas en el país:https://t.co/oMU6UmUKtZ pic.twitter.com/1HFovGKRww
“En más de la mitad del territorio nacional ya no se producen noticias en forma independiente”, señala PCIN. Uno de los que publicaba noticias a nivel territorial era precisamente Víctor Ticay, quien trabajaba como corresponsal de Canal 10 en Nandaime, un pequeño municipio al sur de Managua, y tenía su plataforma digital, La Portada, en donde informaba sobre eventos locales.
“En más de la mitad del territorio nacional ya no se producen noticias en forma independiente”, señala PCIN. Uno de los que publicaba noticias a nivel territorial era precisamente Víctor Ticay, quien trabajaba como corresponsal de Canal 10 en Nandaime, un pequeño municipio al sur de Managua, y tenía su plataforma digital, La Portada, en donde informaba sobre eventos locales.
Cuando encarcelaron a Ticay, en abril de 2023, el Gobierno de Daniel Ortega había prohibido las manifestaciones religiosas, pero los feligreses católicos de Nandaime igual hicieron una procesión. “Yo fui a cubrir normal, como le nace a cualquier periodista. Después unos policías de civiles llegaron al día siguiente a sacarme de la casa. Desde ese momento yo ya sabía que iba a ser un preso político” relata el periodista desde Guatemala, a donde fue desterrado el cinco de septiembre de 2024 junto a otros 134 presos políticos.
“Fue pésimo. Nicaragua es un país tropical y en la prisión hace un calor muy fuerte. Era una alegría cuando llovía”, relata Ticay sobre sus días en las celdas de La Modelo, de donde solo lo sacaban para interrogarlo. “Me preguntaban quién me pagó para hacer la cobertura, pero yo solo hacía mi trabajo”, comenta.
A Ticay, cuyo pecado había sido cubrir una procesión, lo condenaron a ocho años de cárcel por cometer “menoscabo a la integridad nacional, ciberdelitos y traición a la patria”. El Gobierno de Ortega usa esos delitos a la medida de la víctima para encarcelar a sus detractores y luego desterrarlos y despojarlos de su nacionalidad.
Por eso cuando el guardia les ordenó bañarse, él no dudó un segundo en hacerlo, pues esperaba que finalmente el Gobierno lo liberaría. No sospechaba las condiciones que debería cumplir para hacerlo.
Después de bañarse, los guardias les dieron ropa y zapatos. Verificaron sus nombres en unos pasaportes recién hechos y los hicieron subir a un bus con rumbo a la base de la Fuerza Aérea de Managua. Allí los recibieron funcionarios de la embajada de Estados Unidos que les explicaron que solo serían liberados si aceptaban salir del país hacia Guatemala.
Ticay no pudo hacer otra cosa que aceptar. “Uno no quiere abandonar Nicaragua, ni a la familia, pero son sentimientos encontrados porque ya no quería estar en esas condiciones que a nadie se las deseo y de manera injusta”, dice entre lágrimas, en tono de excusa. Un avión lo llevó con sus compañeros lejos de la prisión, pero también de su país, de su familia y de sus proyectos de vida. Cinco días después de salir desterrado hacia Guatemala, perdió hasta su nacionalidad.
Desterrar y desnacionalizar para censurar a la prensa
Antes de Ticay, el cronista deportivo Miguel Mendoza había sido encarcelado por sus opiniones en redes sociales contra el Gobierno. El nueve de febrero de 2023 lo desterraron hacia Estados Unidos, despojado de su nacionalidad, al igual que Juan Lorenzo Holmann, gerente general del periódico La Prensa, y Miguel Mora, un periodista que cometió la osadía de anunciar su candidatura presidencial en 2021.
Hay otros periodistas que desde el exilio también fueron desnacionalizados por ejercer su profesión en diferentes plataformas. Entre ellos están Álvaro Navarro, Carlos Fernando Chamorro, Patricia Orozco, David Quintana, Lucía Pineda, Jennifer Ortiz, Wilfredo Miranda, Luis Galeano y Anibal Toruño. La organización PCIN ha advertido que despojar a los periodistas de su nacionalidad es una nueva forma de represión, que busca fomentar la autocensura.
La periodista y directora de la plataforma República 18, Martha Irene Sánchez, señala que la represión contra los periodistas se viene profundizando desde el estallido social de 2018 cuando las protestas contra un nuevo sistema de seguridad social se generalizaron por varios meses, con un saldo de centenares de muertos. Esa situación desencadenó toda clase de violaciones a derechos humanos y ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH).
En ese mismo año murió asesinado el periodista Ángel Gahona mientras cubría en vivo un enfrentamiento entre manifestantes y agentes antimotines. Él mismo grabó el momento en que su cuerpo cayó sin vida con una bala alojada en su cabeza. Desde entonces, los periodistas empezaron a salir al exilio, principalmente por amenazas de muerte y de cárcel, mientras se recrudeció la censura, que ya existía desde 2007 cuando Ortega asumió el poder. Esta vez llegó al punto de confiscar canales de televisión, radios comunitarias, e incluso las instalaciones del periódico La Prensa, el más importante del país.
Escasez de periodistas
“Han sido seis años de amenazas, criminalización y persecución del ejercicio periodístico en Nicaragua”, comenta Martha Irene Sánchez desde su exilio en Costa Rica, país que se ha convertido en uno de los principales destinos para los periodistas exiliados. Algunos otros, como Ericka Rosales, han salido hacia Estados Unidos, y otros más se han instalado en España, Panamá y México.
Rosales indica que, desde 2018, “a raíz de la represión, ya casi no hay periodistas en Nicaragua. Los pocos que quedan están trabajando bajo el anonimato y muchos hemos tenido que salir al exilio”. Esto ha provocado que los comunicadores exiliados tengan que priorizar su subsistencia y las de sus familias, antes que seguir ejerciendo una profesión que en esas condiciones no les garantiza salarios competitivos.
Algunos han fundado plataformas informativas para seguir adelante y no dejarse someter por la censura, pero esto también conlleva retos. “Uno de los desafíos es hacer del periodismo una profesión vigente, que cada día es mucho más difícil por la escasez de fuentes de financiamiento, pero también por la pérdida del talento humano”, comenta Sánchez. Rosales coincide con su colega. “Debería haber mayor apoyo al periodismo nicaragüense porque muchas veces la parte económica es lo que más afecta”, indica.
Por otro lado, también hay comunicadores que han optado por abandonar el periodismo para obtener ingresos que les permitan ganarse la vida. Y no solamente lo hacen por razones económicas, sino también por temor a que sus familias que permanecen en Nicaragua sufran alguna represalia oficial.
Las redacciones de varios medios de comunicación han desaparecido, no solo por efecto de la pandemia, como en otros países, sino porque casi no hay periodistas. Además, como señala Sánchez, “con el cierre de las universidades y el control absoluto de estas se ha descontinuado la formación de periodistas y comunicadores”.
#VocesDeNicaragua
— CONNECTAS (@ConnectasOrg) July 9, 2022
¿Cómo es la vida en las universidades de Nicaragua hoy? Un docente de la @UniversidadAC que se mantiene en el anonimato dice que “la Juventud Sandinista interfiere en la educación y tristemente lo que toca es callar”.
Escúchalo aquí 🎧 https://t.co/gtJd53d725 pic.twitter.com/kOggTN6Hwe
La Universidad Centroamericana (UCA) tenía la mejor escuela de periodismo de Nicaragua. De sus aulas salieron varios reporteros conocidos por su trabajo, hasta que el Gobierno la confiscó en 2023. En sus instalaciones ahora funciona la Universidad Casimiro Sotelo, que trabaja bajo el control de las autoridades, y como otras universidades tiene un enfoque exclusivamente progubernamental en la carrera de Comunicación, sin la crítica e investigación que caracteriza al periodismo de calidad.
Debido a ello, los periodistas temen que en un futuro la profesión muera por falta de un relevo generacional. “Las carreras de periodismo ya no son una opción para la juventud”, señala Rosales. Indica que además de no haber escuelas reales, esta carrera ha dejado de ser una alternativa debido al riesgo que supone ejercerla.
Víctor Ticay vive en carne propia ese riesgo. Desde jovencito, cuando estudió periodismo, soñaba con ser un gran comunicador. “Jamás me imaginé ser preso político. Uno sueña con alcanzar niveles altos, trabajar en medios reconocidos, pero no me imaginé que la situación en Nicaragua se iba a poner drástica contra el periodismo”, manifiesta desde el destierro al que ha sido condenado por cumplir sus sueños. Es decir, por querer servir con su trabajo a una población libre e informada en democracia.
