El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo de Nicaragua se han declarado ganadores en las elecciones nacionales cuyo resultado era previsible desde hace tiempo. El gobierno de Ortega-Murillo ha privado a los nicaragüenses de la posibilidad de que haya verdaderas opciones, al disolver a todos los partidos de oposición genuinos y encarcelar a todos los principales candidatos presidenciales. Estos actos de represión y manipulación electoral, que han recibido el repudio de los nicaragüenses y de la comunidad internacional, privan a los comicios del 7 de noviembre de toda trascendencia verdadera. El gobierno de Ortega-Murillo negó a los nicaragüenses el derecho a votar en elecciones libres y justas y privó ilegalmente de su libertad a casi 40 personas.   

Aunque Ortega y Murillo sigan aferrados al poder, la elección antidemocrática en Nicaragua no les confiere ningún mandato democrático para gobernar, ni tiene entidad para hacerlo. Y si bien sostienen estar “defendiendo la soberanía nacional” en su respuesta a la condena internacional a su gravísimo comportamiento, los líderes democráticos saben que la verdadera soberanía nace de la ciudadanía —de los votantes— y solamente los gobiernos que llevan a cabo elecciones libres y justas pueden sostener de manera creíble que representan la voluntad popular.    

Estados Unidos se une a otras democracias de la región y del mundo en la condena a esta subversión de las normas democráticas. Acompañamos al pueblo nicaragüense y apoyamos a quienes buscan restablecer la democracia. Seguiremos empleando la diplomacia, la acción coordinada con aliados y socios regionales, las sanciones y las restricciones a visas, según resulte pertinente, para que rindan cuentas quienes son cómplices de apoyar los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega-Murillo. Nos proponemos trabajar con otros gobiernos democráticos, incluso en el ámbito de la Asamblea General de la OEA, del 10 al 12 de noviembre, para reclamar el restablecimiento de la democracia mediante elecciones libres y justas y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua. El primer paso para esto debe ser la liberación inmediata e incondicional de quienes han sido encarcelados de manera indebida.   

Por más que el actual gobierno nicaragüense ya no sea democrático, la nación de Nicaragua sigue siendo un miembro de la comunidad internacional comprometido los principios democráticos. El pueblo nicaragüense merece gozar de las libertades y los derechos que se respetan en una democracia. 

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