Por Karla Arévalo / Gato Encerrado

Septiembre 8, 2023

Varios funcionarios de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de Nayib Bukele han anunciado la reciente contratación de los servicios de Google en El Salvador como una “inversión” de la multinacional en el país.

Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista de Nuevas Ideas, dijo en su cuenta de X que Google ha “decidido apostar por El Salvador” tras una alianza anunciada por el gobierno. El mensaje fue secundado por el diputado William Soriano quien destacó que Google “invertirá en El Salvador gracias al presidente Nayib Bukele”. Mientras que la Secretaría de Prensa de la Presidencia publicó un comunicado el 29 de agosto asegurando que Google “invertirá” en el país para “proveer sus servicios a otros países y fortalecer el sistema de protección social de los salvadoreños”. 

Pero el hecho es que Google viene a El Salvador por una razón: los $500 millones que obtendrá de los fondos públicos de los salvadoreños para digitalizar las instituciones del Estado, en especial las áreas de salud y educación. Lo acordado, en el fondo, es un negocio en el que el gobierno de El Salvador es un cliente y Google su proveedor.

Conforme a lo aprobado por la Asamblea Legislativa, la multinacional no tiene obligaciones de invertir en El Salvador. Al contrario, es el Estado el que está obligado a garantizar los fondos para la contratación de los servicios. Un hecho que hace que las declaraciones de los funcionarios entren en la definición de “Falsa”, una de las categorías bajo las que Ojo De Gato hace verificaciones al discurso de los funcionarios.

La Ley General de Modernización Digital del Estado, que es lo único que se conoce públicamente sobre el acuerdo de contratación de Google, fue aprobada el 5 de septiembre sin haber sido discutida por los diputados de todas las fracciones legislativas, como es lo usual en la actual legislatura. Esta ley autoriza —obliga— a las instituciones del Estado, incluyendo los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; las autónomas, las empresas estatales y hasta las municipalidades a “suscribir acuerdos de afiliación y cualquier otro tipo de contratos o acuerdos con el socio estratégico (Google)”. 

Según el artículo 4 de esta ley, las instituciones públicas podrán —o mejor dicho deberán— asignar fondos en sus presupuestos no solo para el pago de sus proyectos u obligaciones sino para “adquirir” servicios con Google. Mientras que el Estado “garantizará” que el dinero asignado por esas instituciones para los servicios contratados con Google ronden “al menos quinientos millones de dólares en total”. 

“El Ministerio de Hacienda tendrá la obligación de asegurar la disponibilidad presupuestaria cada año para que las entidades del Estado puedan ejercer el presupuesto para obtener servicios por parte del Socio Estratégico”, señala el mismo artículo de la ley aprobada con los votos de los partidos Nuevas Ideas, Gana y otros aliados del Gobierno de Bukele.

Asimismo, la ley permite que para contratar los servicios de Google no sea necesario aplicar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI) ni la Ley de Compras Públicas que, en su esencia, regulan que las compras del Estado entren a concursos o procesos de licitación o competencia. En este caso, Google será la única empresa que facilitará dichos servicios al Estado sin que se enfrente a procesos de fiscalización alguno. 

Además, contrario a lo que aseguran los funcionarios, la ley aprobada no obliga a Google a invertir en el país, a pesar de que varios diputados aseguran que el convenio se trata de una inversión. Lo estipulado en la ley, como el deber de la multinacional, es “establecer las disposiciones necesarias para la implementación, desarrollo, transformación digital y modernización del Estado salvadoreño”.

Es contratación no inversión 

La diputada Anabel Belloso, del partido FMLN, dijo a GatoEncerrado que cuando el gobierno anunció la alianza con la multinacional a finales de agosto omitió un “pequeñísimo detalle” y es que la llegada de Google a El Salvador le costará al país $500 millones. 

“Al menos $500 millones le costará al pueblo salvadoreño los servicios que va a prestar Google. Lo que ellos (los diputados que aprobaron la ley) manifestaron en la plenaria es que se tratará de servicios para las instituciones del Estado, pero no se han tomado el tiempo para argumentar o justificar el costo que al final será pagado por el pueblo”, afirmó Belloso.

Mientras que Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, añadió que la narrativa que se había manejado antes de hacerse pública la propuesta de Ley es que Google había “puesto los ojos en El Salvador para invertir”, pero fue mas bien “publicidad engañosa”.

 “Lo que dice el texto del proyecto de Ley no es que va a existir una inversión extranjera directa. Mas bien El Salvador va a comprar servicios que nos podrán costar al menos $500 millones. Esto no es inversión. Esto se llama gasto público”, señaló Ortiz. 

Los diputados oficialistas Guevara y Soriano, quienes aprobaron la ley, en su discurso omitieron hacer referencia al costo de los servicios de la multinacional en el país. 

Google dio a conocer, mediante un comunicado publicado el 29 de agosto, la existencia de un acuerdo por siete años con el gobierno de El Salvador para que el país se convierta en un centro tecnológico. Sin hacer público el acuerdo, la empresa dijo que establecerá una oficina en el país para tal propósito.

“Google Cloud será el socio de innovación estratégica de El Salvador ayudando a digitalizar de forma segura los procesos y proyectos gubernamentales, incluida la facturación electrónica, los permisos y otras iniciativas (…) El Salvador ha optado por incorporar las tecnologías de IA de Google Cloud para ayudar a los médicos con acceso a información en tiempo real (…) Y un compromiso de implementar una Plataforma de Datos Educativos unificada”, reza el comunicado de Google.