• La cantidad de ciudadanos que expresaron mucha o algo de confianza en el Congreso Nacional disminuyó de 31% en 2011 a 12% en 2020.
• El Índice de Libertad de Prensa ha ido en descenso continuo desde 63.08 de 100 en 2013, a 34.61 en 2022.
Tegucigalpa, 28 de junio de 2022. La infiltración del crimen organizado y narcotráfico en el financiamiento de campañas políticas, falta de independencia de los poderes del Estado, reducción de espacios cívicos y presión sobre los derechos civiles, así como alta conflictividad social, son los principales desafíos del sistema democrático hondureño, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el séptimo foro de la serie “Estado de país: Honduras 2022”.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional presentó un análisis de la situación del sistema democrático e institucionalidad que enfrenta el actual gobierno, en el cual destacó múltiples abusos de poder en el sistema democrático, tales como la pérdida de dinero público por falta de integridad de políticos, la falta de controles en el uso de fondos públicos, la incursión de dinero ilícito en las campañas y la infiltración de la institucionalidad.
En los últimos años han salido a la luz pública varios casos de financiamiento de campañas políticas con dinero de dudosa procedencia, entre los que figuran los casos: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Pandora, Arca Abierta, Red de Diputados y el involucramiento de políticos en el narcotráfico.
Además, se han evidenciado prácticas sistémicas de uso de fondos públicos por parte de diputados y políticos para ayudas sociales, lo que abre camino a la adquisición de influencia indebida con dinero público. Cabe destacar que, de 2015 a 2021, el Congreso Nacional ejecutó L 391,805,067.70 en la línea presupuestaria Transferencias, que incluye becas, ayudas sociales a personas y transferencias a ONG. A esto se suma que, en promedio, el 20% del presupuesto total del Poder Legislativo se va en viáticos y ayudas sociales.
Por otro lado, según el último Índice de Independencia Judicial (WEF), Honduras se encontró en el lugar 121 de 137 países incluidos en el estudio. Esta falta de independencia ha quedado evidenciada en varios casos emblemáticos, tales como: la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2013, las variantes declaraciones de (in)constitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes) y la interpretación de la Sala Constitucional que abrió el camino a la reelección presidencial.
Destacan también las severas debilidades en los procesos de selección de altos funcionarios, como el fiscal general y más recientemente el procurador general de la República.
Los desafíos identificados por la ASJ incluyen la reducción de espacios cívicos y represión de derechos civiles, entre ellos la inclusión de ONG en la lista de personas expuestas políticamente en septiembre de 2021 por parte del Congreso Nacional. La reforma supone un mayor control en las actuaciones de las organizaciones civiles y la posibilidad de congelar el flujo económico de estas en caso de investigación.
De igual forma, los altos niveles de conflictividad social suponen un reto para el gobierno de Xiomara Castro.* Entre 2021 y lo que va de 2022, ASJ contabilizó 133 conflictos sociales*. Tal es el caso del conflicto en el CN, donde dos facciones políticas se declararon como miembros titulares de la junta directiva, lo que evidenció una clara indiferencia hacia los procedimientos ya existentes de elección y resultó en polarización social y actos de violencia; así como el reporte, de 2005 a 2020, de 90 homicidios de periodistas, comunicadores sociales y operadores de medios, mientras en la última década, 91 periodistas fueron denunciados ante el Ministerio Público.
Para cada uno de los desafíos indicados, la ASJ presentó además una serie de recomendaciones.
