Tegucigalpa, 9 de octubre de 2024.- En respuesta a la alarmante situación que afecta a mujeres y niñas que viven una vida marcada por condenables actos de violencia sexual en el país, sostenidos por una institucionalidad que no hace lo suficiente para investigar y castigar estos delitos, el Grupo Estratégico por la PAE (GEPAE), realizó hoy en Tegucigalpa el foro “Violencia Sexual contra las Mujeres y las Niñas: Nudos, Desafíos, Oportunidades”.
El debate de este encuentro, estuvo orientado a reflexionar sobre las distintas manifestaciones de la violencia sexual en Honduras y los retos que enfrenta la sociedad para erradicar este intolerable fenómeno.
En Honduras, la violencia sexual es un problema estructural que afecta gravemente a la niñez y a las mujeres. Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en 2023 se registraron 1795 requerimientos fiscales para evaluación médico legal por delitos sexuales, un promedio de 150 casos mensuales; el 87.5 % de estos casos, eran de mujeres y niñas, de las cuales, el 65.4 % oscilaban en edades de 0 a 17 años.
La mayoría de los agresores, son personas conocidas, lo cual evidencia que esta violencia ocurre en espacios de confianza, aumentando la impunidad y el sufrimiento de las víctimas. El 76.8% de los atacantes eran personas cercanas y familiares de las víctimas y solo el 13.1% eran desconocidos, del resto, no hay información.
Datos del UNFPA indican que Honduras es el segundo país en Latinoamérica con más embarazos en adolescentes; uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años. En 2021 la tasa de embarazos alcanzó 89 por cada 1,000 niñas de entre 15 a 19 años, superior al promedio de la región, que está en 61 embarazos por cada 1,000 niñas. Solo en loa primeros siete meses de 2024, la Secretaría de Salud de Honduras registró 6,914 partos, 327 en niñas con edades entre 10 y 14 años.
A pesar de la legislación actual, los esfuerzos de prevención, atención y reparación integral son insuficientes. En 2022, ingresaron a los juzgados de Letras de lo Penal, 694 casos de delitos contra la libertad sexual en mujeres, pero solo se emitieron 116 sentencias condenatorias. Estos números muestran la urgente necesidad de un compromiso más efectivo por parte del Estado y la sociedad.
El foro tuvo como objetivo principal crear un espacio de reflexión y propuesta sobre los nudos que perpetúan esta problemática, los desafíos que enfrentan las instituciones y la sociedad civil, y las oportunidades para generar cambios que garanticen los derechos y la seguridad de las mujeres y niñas en Honduras.
En el foro la costarricense Sylvia Mesa Peluffo exintegrante del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará, recordó que la Convención, de la cual Honduras es signataria desde 1995, prohíbe los mecanismos de conciliación en casos de violencia sexual y también recomienda eliminar el aborto inseguro y establecer leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo cuando la vida o salud de la mujer estén en peligro, la vida del feto es inviable, y en casos de incesto, inseminación forzada o violencia sexual.
Por su parte, Erika García del Programa Autonomía de Mujeres Jóvenes del Centro de Derechos de Mujeres, expuso sobre los obstáculos en la prevención y atención a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual, mientras, Ana Sagastume fiscal especial de la Mujer del Ministerio Público habló sobre las respuestas estatales: Nudos y oportunidades en la sanción de las violencias sexuales y la justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual.
La directora general en Derechos de la Mujer de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Reina Yamileth Martínez, explicó los resultados de las acciones coordinadas en beneficio de las mujeres y niñas que son o pueden ser víctimas-sobrevivientes de violencia sexual.
Este evento dirigido a funcionarias y funcionarios del Estado y organizaciones de sociedad civil comprometidas con la erradicación de la violencia sexual, permitirá generar propuestas concretas para avanzar hacia la garantía de los derechos de las sobrevivientes de violencia sexual y fortalecer los esfuerzos de prevención, atención, sanción y reparación en Honduras.