Abg. Juan José Arita, Delegado Regional del CONADEH en el Litoral Atlántico

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) condenó el hecho violento donde resultaron heridos, con arma de fuego, dos personas de la  comunidad Garífuna de Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida, por lo que instó a las autoridades hondureñas a realizar una pronta y efectiva investigación para evitar su impunidad.

Juan José  Arita, Delegado Regional del CONADEH en el Litoral Atlántico expresó su preocupación por los hechos registrados el domingo 6 de octubre, en horas de la noche, en la comunidad Garífuna de Nueva Armenia donde resultaron dos personas heridas.

Además,  admitió haber registrado la denuncia de oficio en aras de realizar las diligencias que en derecho corresponden para recabar más información en torno al hecho violento.

Informes preliminares establecen que supuestos agentes del orden público habrían disparado dejando gravemente heridos a dos personas quienes por la gravedad de sus heridas fueron trasladados a un centro hospitalario para su atención.

El CONADEH exhortó al Ministerio Público y la Policía Nacional a realizar un proceso de investigación oportuno, diligente y efectivo que permita dar con los responsables y se sancionen conforme a lo que establece la Ley.

Arita lamentó, por un lado, que se sigan cometiendo injusticias en las comunidades garífunas hondureñas, y por otro, el retardo en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de los pueblos originarios y en particular de los pueblos afro-hondureños.

Destacó la importancia que el Estado hondureño atienda las recomendaciones que se emiten constantemente para  prevenir las violaciones a los derechos humanos en las comunidades afro-hondureñas.

Alrededor de una veintena de muertes

Los pueblos indígenas y afro-hondureños enfrentan una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras y los actos de violencia de los que son víctimas por reivindicar sus derechos en un contexto de impunidad y de falta de acceso a la justicia.

La situación de violencia contra los pueblos indígenas y afro-hondureños es de tal magnitud que entre el 2020 y el 2023 una veintena de defensores de los territorios perdieron la vida, entre ellos, lideres de los pueblos Lenca, Pech y garífunas

Entre el 2016 y mayo del 2024, el CONADEH atendió 202 quejas presentadas por personas de los pueblos indígenas y afro-hondureños que denunciaron, estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado.

Los pueblos más afectados por el desplazamiento forzado son los miskitos  con el 76% de los casos,  seguidos por los garífunas con el 17%, los lencas con el 5% y los negros de habla inglesa con el 2%.

Los pueblos indígenas y afro-hondureños enfrentan graves desafíos por la falta de protección sobre el derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, que se constituyen en los pilares centrales de sus medios de vida e identidades culturales.

Al CONADEH le preocupa que el Estado hondureño no realice las acciones suficientes para garantizar la protección y goce efectivo de los derechos de los pueblos originarios, en especial, los relacionados con los territorios y recursos naturales y, la violencia e impunidad que sufre esta población que representa el 8% de los 9.7  millones de habitantes con que cuenta este país centroamericano.

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