Por: Vilma Mejía.
En Honduras, el manejo de los delitos sexuales presenta un panorama desolador. A pesar de un aumento en la discusión pública sobre estos crímenes, las víctimas siguen enfrentando enormes barreras para acceder a la justicia. mediante una solicitud de acceso a la información pública se revelan deficiencias importantes en el seguimiento de casos de abuso y acoso sexual, incluyendo la falta de transparencia en el sistema judicial, largos retrasos en los procesos y un elevado número de casos que no llegan a juicio.
La situación de los delitos sexuales en Tegucigalpa
Según datos del Ministerio Público entre 2020 y 2024, los debates públicos sobre delitos sexuales en Tegucigalpa han fluctuado considerablemente. En 2020, se registraron 14 discusiones sobre estos crímenes, pero para 2023 el número ascendió a 35, un máximo en el período. Sin embargo, a pesar de este aumento en la atención pública, el sistema judicial no ha sido capaz de traducirlo en una mayor cantidad de condenas.
En 2021, se alcanzaron 30 condenas, una cifra considerablemente mayor en comparación con las 8 registradas en 2020. Sin embargo, en los años posteriores, las condenas han disminuido: en 2023 solo hubo 14. Los casos de violación mostraron un incremento en 2021, con 13 condenas, pero otras formas de violencia sexual, como el hostigamiento, solo comenzaron a registrar mayores condenas en 2023, cuando se alcanzaron 11 sentencias.
Una de las fallas más graves del sistema es la falta de información precisa sobre las condenas. Según el Ministerio Público, la responsabilidad de llevar registro de estas sentencias no recae en los módulos especializados, lo que ha creado un vacío informativo. Esta falta de transparencia genera serias dudas sobre la eficacia del sistema judicial y si se están tomando medidas efectivas para castigar a los responsables de estos delitos.
Este problema es especialmente preocupante dado el contexto de Tegucigalpa, donde los debates sobre los delitos sexuales han ido en aumento, pero el sistema judicial no ha mostrado una respuesta proporcional en términos de condenas. En 2021 hubo un notable incremento en las condenas por violación, con 13 sentencias emitidas, pero en los años siguientes no se mantuvo esa tendencia.
Otro de los grandes problemas que enfrentan las víctimas de abuso y acoso sexual, tanto en Tegucigalpa como en otras partes del país, es la excesiva duración de los procesos judiciales. Según los datos obtenidos, resolver un caso de abuso sexual puede tardar entre un año y seis meses hasta dos años. Este prolongado período deja a las víctimas expuestas a la revictimización y a amenazas o presiones de sus agresores durante todo el proceso.
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer y la Dirección Policial de Investigación (DPI) han señalado que estas demoras se deben en gran medida a la falta de personal y recursos, lo que impide que los casos se investiguen con la celeridad necesaria. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) también ha indicado que su capacidad operativa limitada ha afectado la rapidez y eficacia en la recopilación de pruebas, lo que retrasa aún más el proceso de judicialización.
Además, uno de los puntos más preocupantes es el gran número de casos que nunca llegan a juicio. En Tegucigalpa y el resto del país, muchos casos son abandonados o desestimados, en parte debido a la retractación de las víctimas. Esta situación suele estar relacionada con presiones familiares, sociales o incluso amenazas por parte de los agresores. En otros casos, la falta de pruebas suficientes contribuye a que las denuncias no puedan avanzar en el sistema judicial.
Las fiscalías han indicado que la falta de pruebas es uno de los principales obstáculos para llevar los casos a juicio, especialmente en los delitos sexuales contra menores. La Fiscalía Especial de la Niñez ha destacado que, en los últimos tres años, entre el 58.77% y el 69.53% de los casos de abuso sexual infantil han quedado impunes, lo que implica que la mayoría de los agresores no enfrentan consecuencias legales. Esta situación genera una doble victimización: las víctimas no solo sufren el trauma del abuso, sino que además enfrentan la realidad de que su agresor puede no ser castigado.
Falta de respuesta de las instituciones públicas
Se realizaron solicitudes de información al Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras dirigidas al Sistema Nacional de Emergencia (911) y a la Secretaría de Salud. Ambas instituciones solicitaron una prórroga para entregar la información, pero no hemos recibido ninguna respuesta tras el vencimiento de los plazos establecidos.
Las fiscalías especializadas, como la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer y la Fiscalía Especial de la Niñez, enfrentan el desafío de mejorar sus procesos y garantizar que las víctimas de delitos sexuales sean protegidas de manera adecuada. Sin una mejora significativa en los recursos y la capacitación, el sistema seguirá perpetuando la impunidad y erosionando la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia.