• Falta de reglamentación para la mayoría de los 11 procesos de selección de altos funcionarios y una Ley de Servicio Civil desfasada derivan en politización de cargos en la administración pública.
• Estimaciones de ASJ indican que un proceso judicial en un caso de corrupción se extiende entre ocho meses y cinco años.
Tegucigalpa, 05 de julio de 2022. Por más de 30 años se han invertido cuantiosos esfuerzos en la lucha contra la corrupción en Honduras; sin embargo, los desafíos que enfrenta el Estado en la materia requieren la participación de todos los sectores de la sociedad, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en el octavo foro de la serie “Estado de país: Honduras 2022”, en el que analizó la situación de la transparencia y la lucha anticorrupción.
Honduras se encuentra entre los 25 países más corruptos del mundo. En 2021, el país se ubicó en el puesto 157 de 180 países y territorios evaluados por el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, con una puntuación de 23/100, la peor desde 2012.
El análisis de ASJ recalca que la lucha anticorrupción ha enfrentado obstáculos como la falta de voluntad política, instituciones frágiles, débil rendimiento de cuentas, mientras la indiferencia ciudadana también ha contribuido a acrecentar el flagelo. Entre 2002 y 2020, más del 50% de hondureños afirmaron que “se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción, siempre que se soluciones los problemas del país”, de acuerdo a Latinobarómetro.
Esta desconfianza ciudadana también se ve reflejada en la cantidad de denuncias por corrupción. De 458 denuncias en 2016, la cantidad bajó a 119 en 2021 y en lo que va de 2022, el Ministerio Público ha recibido 96 denuncias por corrupción.
A esto se suma la falta de controles en el gasto público, que contribuye a que se pierda el 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a causa de corrupción, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Por otro lado, la lucha contra la corrupción en Honduras se enfrenta a un marco legal deficiente y pactos de impunidad, con obstáculos para instituciones contraloras, especialmente el Ministerio Público. Muestra de ello es la aprobación a inicios de 2022 de la amnistía política para el período 2006-2009, que representó un obstáculo a investigaciones futuras y un beneficio a personas que cometieron delitos de corrupción.
Otro de los desafíos que perjudican la situación de corrupción y transparencia en el país es la falta de acceso a la información pública confiable, oportuna y entendible. Entre 2018 y 2020, el 31.4% de solicitudes de información pública no eran respondidas por las instituciones obligadas y 11.4% eran respondidas fuera del plazo establecido por la ley, lo que representa un acceso ineficaz a la información.
La falta de transparencia afecta también al Congreso Nacional, que se coloca como el menos transparente de América Latina después de Venezuela, mientras la capacidad de sanción del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es prácticamente nula. Sumado a esto, Honduras es uno de los pocos países donde las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no son públicas, aduciendo que esta información es de uso exclusivo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“Hoy la lucha contra la corrupción se ha convertido en un arma política, en vez de un instrumento para exigir la rendición de cuentas de manera imparcial. Después de 30 años necesitamos un nuevo enfoque en la lucha contra la corrupción”, manifestó Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de ASJ.
Para cada uno de los desafíos indicados, la ASJ presentó además una serie de recomendaciones.
