Un grupo de líderes políticos integrantes del Frente Amplio por la Democracia (FAD), se presentó hoy, 28 de febrero, en las oficinas del Ministerio Público a interponer una formal denuncia en contra de Daniel Ortega Saavedra, que ejerce ilegalmente el Poder Ejecutivo y a Roberto Rivas Reyes, que funge como presidente del Consejo Supremo Electoral. La denuncia se fundamenta en el Código Penal vigente, Ley No. 641, en su Libro Segundo, Delitos Contra La Administración Pública y Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico.
En dicha denuncia ciudadana, se pide a la Fiscal General de la República, que proceda contra ambos por los delitos de fraude y lavado de dinero, bienes o activos, debidamente tipificados en el Código Penal vigente Ley No. 641, en su artículo 454, que consignan que todo funcionario público que defraude o consienta que se defraude a cualquier instancia de la administración pública, debe ser penado con cinco a diez años de prisión e inhabilitado de ejercer cargo o empleo público por el mismo período.
Asimismo, son acusados por los delitos tipificados en el artículo 282 del mismo Código Penal, por todo tipo de transacciones y movimientos realizados con bienes, dinero o activos procedentes de actividades ilícitas, de manera directa o a través de sociedades y empresas, así como por la realización de todo tipo de acciones para encubrir el tráfico de bienes de procedencia ilícita, incluyendo servir de testaferro a otros y movilizar recursos fuera del país. Por estos delitos, deberían ser enjuiciados, pudiendo ser castigados con una pena de cinco a siete años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, además de una multa.
La denuncia se fundamenta en hechos relatados e investigados por periodistas nicaragüenses y de otros países.
En 2011, los periodistas Luis Galeano y José Adán Silva, publicaron una investigación en el periódico El Nuevo Diario, que mostró que Roberto Rivas Reyes, mediante diversas modalidades y con facturas falsas, había sustraído una suma de 407 millones de córdobas de los fondos del Consejo Supremo Electoral a su cargo.
Entre 1981 y el año 2000, Rivas Reyes, como director de la organización no gubernamental COPROSA (Comisión de Promoción Arquidiocesana), Introdujo al país bienes exonerados de impuestos para ser vendidos a particulares, incluyendo la internación de unos 2,500 vehículos, lo que transgredió las normas establecidas al efecto para este tipo de exoneraciones. Estos hechos fueron denunciados por el Procurador Alberto Novoa, durante la administración Bolaños.
En 2009, el periodista Ronny Rojas, de La Nación, Costa Rica, informó de la constitución de la sociedad Chilibú del Oeste, constituida por Rivas Reyes, quien fungía como su presidente, siendo el resto de socios, miembros de su familia. Desde 2004, loa empresa era dueña de un complejo habitacional de 4 residencias, de unos 3,514 metros cuadrados, en el exclusivo Eco Residencial Villa Real de Santa Ana, en San José, valorado en más de tres millones de dólares. El complejo era utilizado como casa de habitación de sus hijos y de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Maurice y Laureano, quienes utilizaban para su desplazamiento, vehículos propiedad de la embajada de Nicaragua en ese país, que se encontraba presidida por Harold Rivas Reyes, hermano del denunciado.
Entre 2007 y 2009, de acuerdo a investigaciones del diario La Prensa, Rivas Reyes adquirió dos jet privados, por un monto no menor de 2.3 millones de dólares, para su uso familiar. En 2009, el diario La Prensa informó que la esposa e hija del magistrado Rivas Reyes, introdujeron al país, libres de impuestos, seis vehículos, cuyo precio era de 5.1 millones de dólares. Beneficios fiscales y aduaneros también fueron otorgados a otros dos hijos de Rivas Reyes por la importación de vehículos de lujo. Toda la familia Rivas Delgado, está en posesión de pasaportes diplomáticos.
Los medios de comunicación nacionales han informado con detalle, de la posesión de una vivienda de lujo en la bahía de San Juan del Sur, propiedad de Rivas Reyes, valorada en unos 835,000 dólares, la cual pudo ser vista en el programa de televisión House Hunters International.
Además de su casa de habitación en Managua y de sus propiedades en Costa Rica, se conoció por investigaciones de la revista “Confidencial”, de una propiedad ubicada en la Calle Machaquito 3 en Conde Orgaz, una lujosa zona residencial de Madrid, España. Se trata de un inmueble de unos 1,545 metros cuadrados valorado en nueve millones de euros. La propiedad está registrada a nombre de la empresa Inversiones Generales Stinro, SL, propiedad de la familia Rivas Delgado. La sociedad Stinro SL, está registrada para operar en actividades de bienes raíces urbanos y rurales en España.
En la actualidad, Rivas Reyes, percibe un salario anual no mayor de sesenta mil dólares y aunque es propietario de una finca cafetalera, ninguno de esos ingresos percibidos son suficientes para justificar esa relación de activos conocidos públicamente.
Los denunciantes acusan a Rivas Reyes de, en su condición de magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, haber realizado seis fraudes electorales, a favor de Daniel Ortega Saavedra, su esposa y su partido, que les ha permitido control total de la institucionalidad el país y la ruptura del orden democrático. Son estos hechos, los que han asegurado una cobertura de impunidad a Rivas Reyes. Ortega, en este caso, ha facilitado y consentido la defraudación a la administración pública, así como el lavado de dinero, bienes y activos procedentes de actividades ilícitas.
La denuncia recuerda que Nicaragua es suscriptora de la Convención de Viena de 1988, que obliga a los Estados parte a tipificar de una manera uniforme el delito de lavado de activos procedentes tanto de actividades de narcotráfico, como de otras del crimen organizado transnacional y la corrupción. Gran parte de estos delitos de los que se acusa a Rivas Reyes y a Ortega, han traspasado las fronteras nacionales.
Managua 28 de febrero de 2018
