En respuesta a los recientes acontecimientos y la preocupante respuesta gubernamental hacia organismos de la sociedad, que desafían los principios de interacción democrática entre el Estado y sus ciudadanos, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), compuesta por sectores académicos, sociales y empresariales, comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, la equidad y la transparencia, emite este pronunciamiento. Nuestra meta es fomentar una perspectiva integral de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

El informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) titulado “Concentración de Poder 2022-2026”, resalta la acumulación de poder y el nepotismo en gobiernos recientes, incluyendo el actual y la reacción exacerbada del Gobierno, que incluye acusaciones personales, inflama el ambiente de confrontación que se vive, y puede interpretarse como un rechazo al escrutinio y supervisión social sobre la gestión gubernamental.

Como REDH, expresamos nuestro respaldo al CNA, organización civil que ofrece información de manera responsable. Reconocemos que cualquier ataque a un actor social representa un peligro para otras organizaciones comprometidas con la democracia y lamentamos el intento de ciertos miembros de la Asamblea del CNA de interferir en sus funciones, como ocurrió este 30 de mayo.

  1. Las prácticas de control gubernamental a través de las Secretarías de Estado, que han decidido, unilateralmente, qué organizaciones de la sociedad civil pueden participar en asambleas específicas.

El incidente más reciente tuvo lugar durante la Asamblea para seleccionar al representante de las organizaciones civiles ante la Junta Proponente para la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. El 16 de mayo de 2023, el Poder Judicial y las Secretarías de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), y de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), convocaron a las organizaciones interesadas en participar, debiendo cumplir con los requisitos 6 y 8 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.

Sin embargo, el 26 de mayo de 2023, durante la celebración de la asamblea, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) fue excluido. Según las Secretarías de Estado que presiden la STLCC y la SGJD, COHEP no está vinculado a actividades de justicia y derechos humanos, decisión tomada tras la inscripción de esta organización. Este incidente despierta interrogantes sobre la discrecionalidad estatal para decidir quiénes pueden participar en espacios destinados a la sociedad civil.

El impedimento selectivo de la participación de actores sociales, erosiona la confianza en las instituciones, limita el acceso a la información y la rendición de cuentas, debilitando aún más la ya frágil democracia. Un episodio similar ocurrió en 2022 durante la elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando se excluyeron organizaciones mediante mecanismos de legalidad cuestionable.

Estos hechos no son aislados ni limitados a este período de gobierno. Forman parte de un ambiente en el que la participación ciudadana se ha visto amenazada por una agenda política que rechaza el pluralismo y el derecho a disentir. En un período de esperanzas de democratización, es fundamental frenar cualquier avance hacia un camino sin retorno que culmine en el cierre definitivo de los espacios cívicos en Honduras.

La REDH exige respeto a los espacios de participación ciudadana sin interferencia gubernamental, asegurando su preservación, expansión y fortalecimiento como signos indiscutibles de la salvaguarda de los derechos políticos y civiles.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2023

Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH)

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