¿EXISTE UN COMPROMISO REAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA CICIH?

VOCES Y CONTRA VOCES SOBRE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Vigencia del decreto 116-2019 mantiene en duda llegada de la CICIH a Honduras

Tegucigalpa. – El 23 de agosto, el Gobierno de Honduras hizo públicos los cambios propuestos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con relación al borrador del memorando de entendimiento que daría paso a la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH). En la actualización del documento, al igual que desde un inicio, se mantiene el compromiso de las autoridades hondureñas por derogar el decreto legislativo 116-2019.

Sin embargo, en la práctica, en el Congreso Nacional continúa sin agendarse la derogatoria de este polémico decreto que, entre otros asuntos, permite a las diputadas y los diputados, a las corporaciones municipales, a las instituciones públicas y descentralizadas, y a las oenegés recibir fondos del Poder Ejecutivo, violentando la independencia de poderes y obstaculizando al Ministerio Público a realizar requerimientos contras estos entes.

El nocivo decreto ha maniatado a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) que, a raíz de esa ley, ha perdido varios casos como Pacto de Impunidad y Arca Abierta, investigados en conjunto con la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), al igual que otros emblemáticos escándalos de corrupción como Red de Diputados y Pandora.

El 1 de septiembre perdió el último. Después de que la Uferco presentó requerimientos por fraude y lavado de activos contra un diputado y cuatro exdiputados que, a través del Fondo Departamental, drenaron fondos mediante oenegés, una jueza se amparó en el decreto en cuestión y otorgó sobreseimientos definitivos a las cinco personas. Se trató del actual diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani, y de los ex congresistas por ese instituto político, Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Díaz y Rodimiro Mejía y Vicente León.

PRACTICAS SIMILARES

Aunque el Congreso que preside Luis Redondo prometió eliminar la figura del «Fondo Departamental», ello no ha ocurrido y, en cambio, se contempla la creación de una figura casi idéntica denominada «Fondo Social», que de igual forma permitiría a los legisladores ser gestores de proyectos sociales. 

Gabriela Blen, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y Justicia (ACTJ), asegura que en el actual Congreso tampoco existe voluntad de eliminar ese andamiaje de corrupción e impunidad, que la propia ONU ha sugerido al Estado hondureño.

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«Que los diputados puedan recibir y administrar fondos procedentes del Poder Ejecutivo es inconstitucional, porque violenta la independencia de poderes. Si este Congreso realmente tuviera la voluntad política de eliminar ese artículo, ya lo habría hecho», indicó Blen a Criterio.hn.

La exdirigente del Movimiento Oposición Indignada también expresó que el Legislativo continúa dándole largas a la Ley de Colaboración Eficaz, una normativa que, de ser aprobada, permitiría a miembros de redes de corrupción ofrecer información a las autoridades sobre otros integrantes de la estructura, a cambio de negociar reducción en las penas, y con lo cual el desmantelamiento de las redes sería más efectivo.

También lea: Ley de Colaboración Eficaz, la normativa encaminada a desarticular redes criminales en Honduras

A mediados de agosto, el presidente de la comisión dictaminadora y diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, anunció que entre el 19 y el 23 de agosto, el dictamen podría estar listo. Sin embargo, de momento, el dictamen no ha sido presentado al pleno de diputados.

«Vamos a esperar el dictamen. Si es igual o mejor al que recomendó la Maccih, habrá que apoyarlo. De lo contrario, el Congreso dará la señal de que se quiere seguir apoyando la corrupción y la impunidad en Honduras», advirtió.

URGE QUE CONGRESO ESCUCHE A UFERCO Y A LA ONU

El exdiputado nacionalista y analista político Raúl Pineda Alvarado asegura que hay que demandar del Congreso una respuesta de lo que pidió la Uferco y la ONU, el primero para tener independencia en sus labores y el segundo para para iniciar su trabajo como colaborador en la lucha contra la corrupción.

«De otra manera irá desapareciendo la posibilidad de que venga una comisión internacional que coadyuve en la lucha contra la corrupción», dijo a Criterio.hn.

Instó a los legisladores, sobre todo al presidente Luis Redondo, a promover inmediatamente la derogación del decreto 116-2019. «Solo así se pondrá en evidencia quiénes son los que están en contra de la corrupción y quiénes de su lado», explicó.

El decreto 116-2019, que requiere de 86 votos para ser derogado, ha sido cuestionado desde sus inicios por las autoridades del Ministerio Público, al obligarlo a depender del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como único órgano que determina indicios de responsabilidad penal por parte de los imputados, como ocurrió con el caso Pandora, un caso que fue engavetado no por falta de pruebas, sino porque se necesitaba conocer los informes del TSC, que tiene hasta tres años para realizarlo. 

«El problema», dice Pineda, es que no se está haciendo nada «ni por el lado de los que dicen hacer lo correcto, ni por los que son señalados de corruptos».

El jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, también señaló que, por un lado, el Congreso le otorgó supuestos «súper poderes» a esa unidad fiscal, pero, por el otro, no parece ayudarle con la derogación del decreto 116-2019, al igual que otros decretos que interrumpen su independencia, como el 57-2020 y el 93-2021, que también somete a la Fiscalía a la voluntad de jueces en el secuestro de medios probatorios y que le impide obtener información financiera en el marco de investigaciones por lavado de activos.

«Si no se revisan el Código Penal y el Código Procesal Penal, en cuanto al procedimientos para (investigar) a altos funcionarios, y no se derogan los decretos 057-2020 y 093-2021, será muy difícil o imposible que la CICIH que se instale logre el éxito que se la ciudadanía espera», dijo Santos, jefe de Uferco, en su Twitter.

Mientras que, en entrevista con Criterio.hn, señaló que el problema es que «muchos se ponen la bandera de la lucha contra la corrupción, pero únicamente se hace con intereses políticos» y que en la práctica «Uferco continúa maniatada».

Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijo a Criterio.hn que, aunque hay intereses para frenar la llegada de la CICI a Honduras, sin especificar de parte de quiénes, es necesario continuar confiando en el Gobierno y en el Congreso para que esas leyes sean revisadas.

«No me quiero adelantar y especular que no hay voluntad política. Creo que todos los diputados y funcionarios gubernamentales están conscientes de que es imperativo que en este país haya justicia. No diré lo contrario sin tener verdaderos indicios de una falta de voluntad política», declaró.

Honduras está a las puertas de un nuevo proceso de nominación y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes a partir del 27 de enero de 2023 sustituirán a la actualmente controvertida Corte que preside el nacionalista Rolando Argueta. Los sectores de sociedad civil apuntan a que la elección de una Corte independiente será vital y crucial en una eventual llegada de la CICIH al país.

https://criterio.hn/vigencia-del-decreto-116-2019-mantiene-en-duda-llegada-de-la-cicih-a-honduras/

La CICIH que Honduras requiere para el desmontaje de la corrupción y la impunidad

Radio Progreso

Dos propuestas diferentes

Luego de que una misión técnica compuesta por representantes de al menos cinco dependencias de las Naciones Unidas explorara el contexto hondureño y las necesidades de combatir la corrupción e impunidad, han trascendido públicamente dos Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

El primero, con autoría atribuida a la Secretaría de las Naciones Unidas, y, el segundo, al Gobierno de la República. Entre ambos hay similitudes en su contenido, pero en lo sustancial hay profundas diferencias, las cuales son tan marcadas que al final se convierten en dos propuestas de naturaleza irreconciliables en cuanto a la modalidad y a la finalidad misma de cada una.

Las Naciones Unidas se inclinan por introducir reformas que permitan al futuro mecanismo internacional realizar investigaciones de forma independiente e imparcial y, por tanto, constituirse como acusador privado. Para ello, propugna por la identificación del funcionariado que integraría el mecanismo internacional, su proceso de designación, la localización de las oficinas del mecanismo y los acuerdos de carácter financiero para que pueda operar.

Por su parte, el Gobierno de la República plantea la necesidad de reformar la Constitución en lo atinente al sistema de justicia y al Ministerio Público para el establecimiento de dicho mecanismo internacional, el cual sería un acompañante en la realización de las investigaciones, es decir, tendría la facultad de ser un querellante adhesivo. En cuanto a lo relacionado con la integración, identificación y nombramiento del funcionariado nacional e internacional le corresponderá al Estado hondureño, así como la instalación de las oficinas y la ejecución de los acuerdos financieros para su operación.

En resumen, la propuesta de las Naciones Unidas es contar con una CICIH con autonomía para constituirse en acusador privado independiente del Ministerio Público, mientras que la del Gobierno es contar con una CICIH que acompañe al Ministerio Público bajo la figura de querellante adhesivo. Las diferencias entre una y otra facultad son determinantes para la finalidad que se busca.

La importancia de quién ejercita la acción penal

La acción penal es de naturaleza pública o privada. La acción penal pública se origina de las infracciones de carácter público, es decir, aquellas que vulneran un bien jurídico que es de interés común, que no solamente les atañe a las personas directamente lesionadas por la infracción, sino a la sociedad en su conjunto. Las acciones públicas se dividen en aquellas que tienen un ejercicio público y las que tiene un ejercicio particular. Según la doctrina, en el primer caso el ejercicio de la acción constituye una obligación del Ministerio Público, y, en el segundo, este debe ejercer la acción si la persona directamente ofendida se lo solicita.

De conformidad con el artículo 232 constitucional, el ejercicio de la acción penal pública le corresponde de manera oficiosa o a instancia de parte interesada al Ministerio Público, excepto en dos casos: cuando el Estado resulte directamente afectado la competencia le corresponde a la Procuraduría General de la República; y cuando el Ministerio Público solo puede actuar a instancia de una persona particular o de la víctima.

Según la doctrina en la materia, el acusador privado es aquel que asume el ejercicio de la acción penal originada de un delito, con el objeto de impulsar el proceso penal, investigando los hechos, calificándolos, promoviendo la acusación, proporcionando prueba o elementos de prueba, y, finalmente, obteniendo las resoluciones conforme su pretensión.

Es importante destacar que el querellante privado actúa como acusador sin intervención del Ministerio Público y como titular de la acción, es decir, tiene competencia para preparar la acción y presentar su acusación, teniendo libre y plena disposición sobre la acción ejercida. En cambio, quien actúa en calidad de querellante adhesivo puede acudir a los tribunales a constituirse como tal, pudiendo promover la persecución penal por medio de denuncia ante las autoridades correspondientes o adhiriéndose a la acción iniciada por el Ministerio Público.

Lo que se prometió en campaña y lo que demanda la ciudadanía

En consonancia con la voluntad del pueblo hondureño manifestada desde el 2015 y el compromiso de la presidenta Xiomara Castro, corresponde el establecimiento de una CICIH con las facultades de un acusador privado que pueda iniciar la acción penal pública de manera independiente e imparcial, y tenga una participación activa dentro del proceso penal para lograr la sanción de los hechos denunciados. Además, en otros casos, también le permitiría sumarse a la acción ya iniciada por el Ministerio Público.

Teniendo en cuenta la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, esta pudo ejercer la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público. Para que algo similar acontezca en Honduras se requiere una reforma del artículo 232 de la de la Constitución y del Código Procesal Penal para especificar el rol de la CICIH como acusador privado. Ambas reformas son factibles. La primera, siguiendo el procedimiento cualificado establecido en el artículo 373 constitucional, es decir, que dicha reforma sea aprobada con 2/3 de votos en el Congreso Nacional y que se ratifique en la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos.

En este sentido, si existe voluntad de todos los partidos políticos que integran el Poder Legislativo, este año se puede efectuar la aprobación de la reforma constitucional y después del 25 de enero de 2023 se puede ratificar. En el caso de la segunda, solo es de seguir el procedimiento simple establecido en el capítulo II de la Constitución de la República con respecto a la formación, sanción y promulgación. Esta reforma del Código Procesal Penal se puede realizar sin mayores complicaciones en el curso del presente año.

Reflexión Final

El impacto de la corrupción y la impunidad erosiona la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y provoca el descreimiento de la población en la democracia y el Estado de derecho. Por ello, de acuerdo con el más reciente Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ, el 82.5% de la población cree que los magistrados, jueces y fiscales protegen los intereses de los ricos, poderosos, corruptos y narcos; el 73.7% de la población tiene poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia; y el 71.7% tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público.

Por ello, no es de extrañar lo que revelan otros dos datos del citado sondeo, pero del año 2020: que el 70.3% de la población se haya opuesto a la cancelación del convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); y que el 68.9% considere que las instituciones del Estado son incapaces de luchar contra la corrupción sin el apoyo de una instancia internacional.

A la luz de lo anterior y considerando que, de acuerdo con José Vicente Gimeno Sendra, el ejercicio de la acción penal es un derecho fundamental, pues como lo señala nuestra Constitución en el artículo 82, las personas tenemos “libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, en este momento histórico Honduras necesita un mecanismo internacional que ejerza en nuestro nombre de manera independiente e imparcial la acción penal pública, y que, además, contribuya al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones nacionales para que, en un futuro, puedan investigar y sancionar oportuna y eficazmente la corrupción y la impunidad.

Más que nunca urge una CICIH en Honduras, dice fiscal Santos tras aprobación de ley de JN

Tegucigalpa – El fiscal especial anticorrupción de Honduras, Luis Javier Santos se sumó a las críticas por la aprobación a la medida de la clase política de la Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Acentuó que ahora más de nunca se necesita que llegue al país una Comisión Internacional Anticorrupción, luego de las actuaciones del Poder Legislativo.

El titular de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), calificó a la clase política como “incapaz” por si sola de generar cambios sustanciales que ayudes a desmantelar redes de corruptas.

Santos posteó en su Twitter: “Hoy más que nunca es necesaria una CICIH en Honduras. Nuestra clase política, es incapaz, por si sola, de generar cambios sustanciales que ayuden a desmantelar las REDES DE CORRUPCION que operan desde y para el Estado. Lo cual, ha quedado evidenciado al aprobarse ley de la JN”.

Bajo esos términos se refirió luego del madrugón legislativo para aprobar la Ley que rige el papel de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados del Supremo, y se abrió la puerta para que políticos y funcionarios del gobierno aspiren a los cargos.

Más que nunca urge una CICIH en Honduras, dice fiscal Santos tras aprobación de ley de JN | Proceso Digital

“Si se quiere fortalecer la lucha contra la corrupción que se nos dé personal calificado y se deroguen esos decretos (116-2019, 57-2020 y 093-2021)”, dijo el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, quien lamenta se esté creando una “impunidad legal” en Honduras.

Finalmente, sino se revisan el código penal y el procesal penal, en cuanto al procedimiento para altos funcionarios y se derogan los Decretos 116-2019, 057-2020 y 093-2021, será muy difícil o imposible que la CICIH que se instale, logre el EXITO que la ciudadanía espera

Edmundo Orellana: CICIH será mucho más poderosa que la MACCIH

 

El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, confirmó que al llegar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que sería instalada en el país con apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), su primer objetivo será este gobierno.

“Debemos tener claro, esta misión viene contra nosotros, que no le quepa la menor duda a nadie. El decreto así lo está diciendo, el primer blanco de esta misión es este gobierno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, dijo Orellana.

Este mandato está en el artículo 9 del memorándum de entendimiento de la ONU y establece que “dentro de las principales funciones de la CICIH se incluirá la investigación de la conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado”, refirió Orellana.

Esta disposición, dijo, no quita que la misión anticorrupción investigue también administraciones gubernamentales pasadas.

Orellana aseguró que la CICIH será un órgano independiente, integrado por profesionales de elevada calidad que harán investigaciones para combatir la corrupción en el país centroamericano.

MÁS PODEROSA

El titular de la Secretaría de Transparencia también afirmó que la CICIH “será mucho más poderosa” que la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) que estuvo en Honduras entre 2016 y 2020, instalada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Y aclaró que la ONU no pidió que la CICIH sea un acusador independiente, sí acusador privado, y significa que “van a acusar en condición diferente a la del Ministerio Público, pero siempre con el Ministerio Público, y en eso no hay ninguna incompatibilidad”.

Si la CICIH fuera un acusador independiente, se tendría que reformar la Constitución de la República, que manda que las investigaciones, peritajes forenses y acciones penales son del Ministerio Público, explicó Orellana.

La reforma constitucional no puede tampoco ser factible porque la CICIH no será un órgano permanente en Honduras, sino que estaría dos o tres períodos presidenciales, y, en todo caso, no pasaría en el Congreso Nacional, porque “si hay un montón de gente que le tiene miedo a la Uferco, no digamos a la CICIH”, dijo el funcionario.

Edmundo Orellana dijo que el gobierno ahora debe esperar la respuesta de la ONU sobre las propuestas y comentarios sobre el borrador del memorándum de entendimiento para la instalación de la CICIH. “Creo que todo va a caminar muy rápido”, consideró.

Edmundo Orellana: CICIH será mucho más poderosa que la MACCIH – Diario La Tribuna

Designada presidencial considera que a la CICIH debe dársele más funciones que la MACCIH

La designada presidencial Doris Gutiérrez, en las últimas horas dijo que, la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) debe tener más atribuciones que las que tuvo la MACCIH.

La funcionaria reseñó que la CICIH fue una promesa de campaña de la ahora presidenta de la República, Xiomara Castro como una aspiración del pueblo hondureño para combatir la corrupción cuando en el año 2015 las se hizo la marcha de las antorchas.

En ese contexto la designada dijo que la mandataria trata de cumplir con el compromiso de la venida al país del organismo anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, refirió que, para darle «uñas y dientes» a la CICIH, es necesario estudiar más la figura del querellante adhesivo (acusador privado) debido a que la acción penal solo corresponde al Ministerio Público.

La entrevistada recalcó que la acción penal es pública, por tanto, habría que ver qué consecuencias tiene el querellante adhesivo, para de alguna manera tomar las decisiones jurídicas con el fin de no contravenir la Constitución de la República y demás leyes.

Aunque para cambiar la acción penal debe reformarse la Constitución de la República, sin embargo, la profesional del derecho indicó que la Misión Anticorrupción puede contribuir a mejorar la investigación debido que el Ministerio Público pierde casi todos los juicios por falta de suficientes pruebas en el proceso judicial.

«Es necesario que la CICIH tenga más atribuciones que la MACCIH, pero es necesario que no se contravenga lo establecido constitucionalmente», remarcó Gutiérrez.

Además, es del criterio que en el país debe haber un sistema de justicia probo y que la nueva Corte Suprema sea un Poder del Estado más creíble, honesto y apegado a la ley.

Designada presidencial considera que a la CICIH debe dársele más funciones que la MACCIH – Radio América (radioamerica.hn)

Carlos Zelaya: CICIH puede ayudar a las investigaciones, no acusar

La Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) puede venir a ayudar en las investigaciones, pero no acusar, manifestó el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.

“Nosotros consideramos a la CICIH como un acompañamiento a las investigaciones, pero la parte acusativa, el Estado debe tener cuidado porque allí perdemos independencia”, dijo Zelaya a periodistas.

Prosiguió que “no creemos que pueda venir una instancia internacional a acusar, puede venir ayudar a investigar y que se aclaren las cosas”.

Carlos Zelaya: CICIH puede ayudar a las investigaciones, no acusar – Diario La Tribuna

Posicionamiento ante la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH)

Por su parte la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia emitió un pronunciamiento donde solicitan de manera enérgica al gobierno de la República y al Congreso Nacional, agilizar las acciones necesarias para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que constituye una exigencia ciudadana desde el año 2015.

El contenido se resume así “no desistiremos, por tanto, acuerpamos el Memorándum de entendimiento enviado por las Naciones Unidas al gobierno, que establece una serie de reformas legislativas indispensables para la instalación del Mecanismo, entre ellas, la derogación del decreto 116-2019 conocida como Ley del fondo departamental, que fue investigada por la MACCIH por fomentar la corrupción y lesionar la independencia del poder legislativo, la aprobación dela Ley de Colaboración eficaz, entre otras.

Por todo lo anterior, desde la ACTJ, continuaremos como veedores del proceso hasta la instalación de la nueva Corte Suprema de Justicia, bastión fundamental para desarticular las redes de corrupción junto a la CICIH, así mismo, continuaremos realizando propuestas, auditando, denunciando las irregularidades, y promoviendo la participación de la ciudadanía como garantía de transparencia y respeto a la voluntad del único y verdadero soberano; ¡EL PUEBLO!

La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia – ACTJ

Lanzó una campaña desde el mes de junio en respaldo a la instalación de la CICIH, donde tratan de enviar un mensaje de reflexión a la ciudadanía en general, para que las personas analicen de qué forma les afecta la corrupción y para que se sumen a la acción contra el flagelo que tiene empobrecido al país.

En todo Honduras se sigue sumando la población para demostrar la importancia que tiene para el país sentar las bases para que la CICIH pueda superar los éxitos que tuvo la MACCIH, logrando documentar y presentar casos de corrupción que de otra forma seguirían escondidos.

https://www.facebook.com/actjhonduras

La Constitución prohíbe que la CICIH venga a presentar requerimientos fiscales contra hondureños

La Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), no puede venir a presentar requerimiento fiscal en contra de ciudadanos hondureños porque la Constitución de la República lo prohíbe, así como en el Código Penal y la ley orgánica del Ministerio Público, dijo este viernes el abogado Fredín Fúnez.

No obstante, el entrevistado en Radio América, indicó que Honduras necesita una CICIH con «colmillos» para que persiga a los delincuentes de todos los colores políticos

«Queremos que a todos los corruptos los metan en un solo costal o celda, pero para eso la CICIH debe tener colmillos, aunque se requiere una reforma constitucional», remarcó el togado.

De existir un decreto que no permita investigar a involucrados en corrupción, el profesional de las leyes dijo que ese tipo de normativas es inconstitucional ya que no puede prohibirse la comisión de un crimen porque choca con la acción del Ministerio Público y demás leyes y garantías para que todos los delincuentes, sobre todo, los corruptos sean perseguidos.

Abogado: La Constitución prohíbe que la CICIH venga a presentar requerimientos fiscales contra hondureños (radioamerica.hn)

Fuerzas populares sureñas piden que la CICIH también acuse

CHOLUTECA. Diversas organizaciones de jóvenes, redes de mujeres y organizaciones defensoras de derechos humanos, dieron a conocer estar a favor de la instalación de la CICIH, pero que no solo investigue, sino que también acuse.

El director del Centro de Desarrollo Humano (CDH), Gerardo Herrera, dijo que la CICIH debe tener la atribución de judicializar casos y no solo fortalecer el sistema de justicia y no solo apoyar al Ministerio Público (MP), en el tema de investigación.

“Si queremos una verdadera CICIH donde investigue y acuse, debe haber reformas en la Constitución de la República ya que en la actualidad es el MP quien acusa. Debe haber un profundo diálogo entre Organización de las Naciones Unidas con el gobierno y sectores de la sociedad”, aseguró.

Herrera dio a conocer si la CICIH llegara a instalarse en el país y no acuse a los supuestos corruptos, por lo menos que en conferencia de prensa den a conocer los nombres de los supuestos corruptos y a qué caso pertenecen.

Se solicita a las autoridades del gobierno una estrategia y plan de desarrollo económico inclusivo, como la aprobación de la Ley de Protección de las Personas Desplazadas Internamente y sus familias y, que haya esfuerzos para garantizar la integridad de las mujeres.

Fuerzas populares sureñas piden que la CICIH también acuse – Diario La Tribuna

¿Se debe reformar la Constitución para que CICIH pueda entablar acusaciones?

Actores políticos mantienen una controversia si es necesario reforma la Constitución para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) pueda contar con la facultad acusatoria.

El diputado Ramón Barrios indicó que sería necesaria una reforma constitucional para que la CICIH cuente con la atribución de querellante adhesivo al Ministerio Público.

“Hay consenso en varios actores, la figura aplicable para que la CICIH, pueda ejercer la acción penal, es la de querellante adhesivo del Ministerio Público similar a la figura de la acusación privada que la establece el Código Procesal Penal”, expresó.

Asimismo, el legislador Carlos Umaña indicó que la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) va a colaborar para que la CICIH pueda contar con todas facultades para trabajar en el país.

“La CICIH vendrá a Honduras y los abogados del PSH trabajan en figuras legales para que pueda ser una representación acusadora sin quitarle al Ministerio Público sus atribuciones y desde el Legislativo estamos listos para hacer eso posible estén pendientes”, comentó

¿NO REQUIERE REFORMA? 

Por su parte, el congresista Jorge Cálix aseguró que no hay necesidad de modificar la norma suprema, tal como ocurrió con la atribución para acusar otorgada a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco).

“Para que la CICIH sea querellante adhesivo no se requiere una reforma constitucional porque eso no le quita al Ministerio Público el monopolio de la acción penal pública. Al darle la facultad de acusar a la Uferco, le quitaron al Ministerio Público el monopolio de la acción penal sin hacer reforma constitucional”, dijo.

De igual manera el vicealcalde de San Pedro, Omar Menjívar, respaldó las aseveraciones de su correligionario porque no se le pretende quitar las atribuciones constitucionales a la fiscalía.

“La queja más bien es que el Ministerio Público, siendo el único con el poder de ejercer la acción penal en la generalidad de los delitos, no es capaz de ejercerla por dos razones fundamentales, falta de capacidad para investigar eficientemente y falta de voluntad”, destacó.¿Se debe reformar la Constitución para que CICIH pueda entablar acusaciones? – El Pulso

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