El vergonzoso episodio del juicio al expresidente Juan Orlando Hernández, que recién concluye en New York, no es únicamente el juzgamiento a la persona que ocupó la más alta magistratura del Estado, es la exhibición humillante de la disfuncionalidad total del Estado de Honduras que incluye desde la ineficiencia, la cooptación de las instituciones de seguridad y justicia, y la filtración como funcionarios a operadores del crimen, unos electos por voto directo y otros nombrados, para que una vez en funciones, le cumplan a quienes financian ilícitamente la política. A tal extremo de degradación llegó el Estado, que unos funcionarios asesinaron a otros, donde ambos tenían la responsabilidad de combatir los delitos y a los delincuentes: funcionarios de Estado asesinaron a sus colegas que cumplían con su trabajo.
Lo que hoy conoce la sociedad hondureña, marca un momento trascedente que debe cruzar el umbral de la expectación, de la vergüenza de unos y los festejos de otros. Es imperativo buscar las causas intrínsecas, proponer las reformas estructurales que el momento demanda, y, de esta forma, detener el declive democrático que amenaza la gobernabilidad, el futuro de cada familia hondureña y la sobrevivencia del Estado de Honduras. A las bandas criminales no les interesa que haya Estado, les basta tener territorios bajo su control, y sin leyes ni autoridad, imponer el miedo y el terror a los pobladores.
Frente a la actual encrucijada que enfrenta nuestra nación, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (RED-H), se ve obligada a levantar su voz. La evidencia recogida a través de juicios, investigaciones y análisis detallados, desnuda un panorama desolador y oscuro, de corrupción sistémica, de financiamiento ilícito de campañas políticas por parte del narcotráfico y del crimen organizado, en todos los niveles de elección: alcaldes, diputados, presidencia de la República, y una cooptación profunda del Estado que está fragmentando y socava los cimientos mismos de nuestra sociedad. El juicio nos ha permitido conocer, de viva voz, que funcionarios pagados con nuestros impuestos trabajan para el crimen.
La democracia ya no depende únicamente de que hayan procesos electorales cada cuatro años; criminales y políticos encontraron la forma de cómo burlarse de la ciudadanía e insertarse en el poder a través del voto, ya sea de forma directa o por medio de sus operadores. La institucionalidad electoral, ha sido la primera en fallarle a los hondureños y hondureñas, al no tener capacidad de garantizar que quienes participan en la política, sean ciudadanos y ciudadanas de una integridad y una ética política que les haga merecedores de la confianza del electorado.
Es apremiante una revisión profunda a la estructura institucional electoral y las leyes que la sostienen; sin duda, la mayoría de estos políticos no querrán reformas, pero es un deber ciudadano, exigirlas y exhibir a aquellos que pretenden continuar con estas prácticas del poder que corroe la nación.
En este momento oscuro es urgente:
- La impostergable necesidad de un real combate a la corrupción y la cooptación del Estado
La corrupción en Honduras ha alcanzado un nivel sistémico, evidenciando la cooptación del Estado. Es un círculo vicioso. Los corruptos operan seguros que el Estado no actuará, y los funcionarios no actúan porque fueron nombrados, propuestos o seleccionados en esos cargos para proteger a los corruptos. El país opera una red de complicidades que incluye desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado, hasta niveles locales de gobierno. La formalidad institucional del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Procuraduría General de la República (PGR), Ministerio Público (MP) y los Tribunales de Justicia, exhiben como resultado, el fracaso de más de cuatro décadas, contadas desde que se eligieron gobiernos por voto directo; por ello, urge, y ya no hay tiempo para más dilaciones, que se instale en Honduras una Comisión de Investigación Contra la Corrupción y la Impunidad (*CICIH) independiente y autónoma.
- El financiamiento ilícito de campañas electorales y su impacto en la política.
Ha estado claro, y el juicio en Nueva York ha dejado en evidencia, que el financiamiento ilícito de campañas políticas, particularmente el que proviene del narcotráfico, quebró las bases de la legitimidad y la legalidad de los procesos electorales. Y se ha podido ver la interacción entre los políticos y los criminales, llegando a la homologación de la función política y la función criminal. El fin no justifica los medios, e independientemente del volumen del financiamiento, el dinero del crimen, desvirtúa la competencia política, desnaturaliza al partido político y su función de mediación entre el Estado y la sociedad, penetra las instituciones y debilita la democracia.
En esencia, unas elecciones o un proceso electoral donde el dinero del crimen organizado define qué partido gana las elecciones, ese partido deja de responder a los intereses de la sociedad para pasar a representar los intereses del crimen. Es impostergable, y debe aprobarse para el proceso electoral del año 2025, poner limites a los montos del financiamiento a los partidos políticos y a las y los candidatos, y hacer público las personas jurídicas y naturales que aportan y con qué cantidades lo hacen.
- La imperiosa necesidad de reformar profundamente el Estado
Frente a esta crisis de corrupción y la cooptación del Estado que se traduce en complicidad, la REDH enfatiza la obligatoria necesidad de emprender reformas institucionales y legales profundas y significativas. La implementación de mecanismos robustos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, son vitales para combatir la corrupción y la influencia del narcotráfico en la política. Dentro de estas reformas urge también que los partidos políticos replanteen sus criterios para seleccionar en sus fórmulas electorales, personalidades ejemplares que refresquen y briden esperanza a la ciudadanía.
La reconstrucción de la confianza ciudadana y la recuperación de la estabilidad política y social en Honduras, requieren de un compromiso inquebrantable para cumplir y hacer cumplir la ley, y de un diálogo con la participación de todos los sectores de la sociedad. La REDH plantea la necesidad de un Gran Debate Nacional, para desentrañar el país que tenemos y el país que queremos y nos meremos. Definir los pilares del Estado que necesitamos y los valores en los que debe cimentarse, es tarea de todos y todas.
Red por la Equidad Democrática en Honduras (RED-H)
