Tegucigalpa. – En un foro realizado a través de la plataforma X, organizado por la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) se abordó el tema de la extradición en Honduras, su origen, las dificultades que atraviesa en la actualidad y como se debe de afrontar.
Para los expositores la extradición es una figura de cooperación judicial internacional, entre los Estados para proteger bienes jurídicos que consideran importantes frente a actos ilícitos transnacionales que puedan atacar o dañar los bienes jurídicos, no como muchas personas erróneamente creen que es una figura nacional.
En el momento en que los Estados deciden cooperar en términos judiciales, tienen la obligación de cumplir con los parámetros desarrollados en el marco de los acuerdos o tratados internacionales.
En el foro se aclaró todo lo que conlleva la extradición, los países buscan sancionar, castigar un delito cometido en un país, pero los efectos del delito también tienen implicaciones para otro país, y a través de la extradición se logra que entre dos países se identifique en cuál de los dos se cuenta con elementos probatorios para la investigación.
Además, con la extradición se busca evitar la impunidad de los crímenes que han sido conocidos en los tratados bilaterales o en los tratados multilaterales en que participan muchos Estados, para que no puedan eludir la acción de la justicia.
En 2012 fue aprobado por el Congreso Nacional el tratado de extradición y desde entonces, Honduras ha extraditado a decenas de hondureños por delitos de narcotráfico, crimen organizado y conexos.
La lista de hondureños extraditados es muy larga, desde el año 2014 en dicha lista se han visto los nombres de: Carlos Arnoldo Lobo, Juving Alexander Suazo Peralta, José Inocente Valle Valle, Marlen Griselda Maya Argueta, Miguel Arnulfo Valle Valle, Luis Alonzo Valle Valle, Héctor Emilio Fernández Rosa, Wilmer Alonzo Carranza Bonilla, José Raúl Amaya Argueta, Carlos Emilio Lara, entre otros, la mayoría se encuentra en prisión en los Estados Unidos por delitos vinculados al crimen organizado, narcotráfico y conexos.
El caso más reciente y de gran importancia para el país, es el del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue hallado culpable de los tres cargos que se le acusaban y del exjefe de la Policía “el Tigre Bonilla”.
Según Joaquín Mejía, Investigador del Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ y EJDH), existen tres elementos fundamentales para la extradición; la presencia indispensable de una relación jurídica entre el Estado que solicita la extradición y el Estado que recibe la solicitud. Así como, el pedido formal de detención judicial con propósitos de extradición y que la persona solicitada en extradición sea investigada, procesada o acusada por el delito que se le está imputando dentro de la jurisdicción del Estado requirente, afirmó.
El proceso de extradición inicia con la formalización de una acusación en una corte federal, se remite a la cancillería hondureña, luego pasa a la Corte Suprema de Justicia. Es este poder del Estado quien en base a un auto acordado decide la orden de captura contra la persona que está siendo solicitada en extradición. La persona acusada es sometida a un par de audiencias que se realizan con el objetivo de darle a conocer los cargos por los cuales es solicitado, se evalúa las pruebas presentadas y un juez concede o niega la extradición.
En Honduras la extradición está fundamentada en tres normas de carácter internacional y dos normas de carácter nacional, de las tres internacionales dos de ellas se basan en la convención de 1909 y la convención adicional de 1927 con Estados Unidos en donde se establece una serie de delitos por los cuales se puede solicitar en extradición.
En 1927 se incluyó dentro del catálogo de delitos el tráfico de drogas. En 2003, Honduras ratificó una convención multilateral de Naciones Unidas en donde muchos Estados forman parte y se conoce como la convención de Palermo y en ella se aborda la delincuencia organizada transnacional.
En el artículo 16 de la convención de Palermo se desarrollan los requisitos y procedimientos que deben llevarse a cabo al momento de aplicar la extradición. En el ámbito nacional existen las normas jurídicas nacionales, en enero de 2012 se reformó el artículo 102 de la Constitución de la República, para poder extraditar a hondureños y hondureñas en casos vinculados con; estupefacientes, terrorismo y otros delitos de criminalidad organizada.
Honduras ratificó el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, en la cual se encuentra un artículo en donde Honduras tiene que entregar a hondureños que hayan cometido crímenes internacionales.
En junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia adoptó una segunda norma, que es un auto acordado que regula el procedimiento de extradición y que garantiza el debido proceso para las partes que intervienen en la causa.
Según Joaquín Mejía, desde el momento en que Honduras adopta tratados internacionales vinculados con la extradición, una obligación que deriva de esos tratados es que el país tiene que adecuar su derecho interno a las disposiciones de ese tratado.
“Frente a los tratados mencionados no necesitamos ni un auto acordado ni una ley porque esos tratados son autoejecutables, no obstante, nunca está de más que Honduras cumpla con su deber de adecuar su derecho interno, implica que adopte medidas de cualquier índole; administrativas y judiciales, para adaptar su normativa interna a esas obligaciones nacionales derivadas de los tratados, por tanto, esas medidas pueden ser una Ley, jurisprudencia o un auto acordado”, afirmó Joaquín.
Actualmente, en Honduras a nivel nacional e internacional es catalogada como un narco estado, producto de los acontecimientos que han marcado al país y como resultado se ha dado la escasez de oportunidades.
Según el diputado Jhosy Toscano, del Partido Salvador de Honduras (PSH), el fin de un Estado es su persona, quienes defienden su geografía, su cultura, la ciudadanía como tal, pero en Honduras el fin supremo dejó de ser así y se convirtió para la clase gobernante y con ello la institucionalidad está completamente debilitada y secuestrada.
Los expertos llegaron a la conclusión que los tratados de extradición son más que necesarios en el país y es urgente que Honduras adopte nuevas acciones para fortalecer dichos tratados.
Sin embargo, se aclararon los rumores de que existen intereses de quitar la extradición en Honduras, según los expositores hasta el momento es falso, pero a raíz de la situación actual del país por casos de corrupción, injusticia y otras situaciones más que enfrenta la sociedad hondureña, se concluyó que el salir a las calles para exigir transparencia y justicia es la solución que deben emplear para poder avanzar y poder ver cambios.
