Por: Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
La justicia en el país es una triste historia. Todo lo que acontece lleva el signo de la debilidad, el arreglo bajo la mesa y la parcialidad. Sus instituciones, sus máximas autoridades y sus ejec
utorias mueven a la risa a los ciudadanos que observan ese deprimente espectáculo de procesos amañados que no cambiarán nada importante, magistrados sin credibilidad ni méritos suficientes
que llegaron amarrados y que ahora afirman querer adecentar las cosas; exconcejales defendiendo lo indefendible y jueces comprometidos emitiendo fallos al ritmo de lo que conviene políticamente.
Para los que desafortunadamente deben acudir al Poder Judicial en busca de justicia y a la espera de un estado de derecho, lo que encuentran conduce a la ira al darse cuenta de los tentáculos que se estiran y encojen maniobrando en las oficinas de los funcionarios; al padecer los largos tiempos de espera ya que las prioridades para las autoridades son otras; a los hocicos hambrientos de diferentes categorías y precios que piden su tajada para mover un expediente, ablandar algún peón y convencer a alguna autoridad.
Esa es la historia que han escrito los operantes del sistema conjuntamente con los poderosos intereses económicos y políticos en el país, tomando giros graves en los últimos gobiernos nacionalistas. Y en esto hay que decir toda la verdad. Aquí tienen la culpa tanto los que han controlado el poder político como los que quieren llegar a tenerlo. Ambos juegan a lo mismo, negocian, se pelean y vuelven a transar alrededor de los nefastos intereses de las cúpulas. En esa lógica perversa denuncian la corrupción cuando conviene; pero se defienden y condenan los procesos de cambio cuando se les acusa.
En el país se ha hecho más de un esfuerzo por adecentar todo esto. Se reformó la manera de la elección de los magistrados de la tristemente célebre Corte Suprema de Justicia; al igual que en estos momentos, tremendo alboroto generó a nivel nacional hace un par de años la elección de estas autoridades y la del Fiscal General donde se hizo evidente el espíritu de cambio que albergan los hondureños. A la cúpula nacionalista, señalada por la opinión pública por diferentes casos, se le puso a la MACCIH para que esta finalmente hiciera caer a los responsables de horrendos asaltos a las instituciones del gobierno desde el mismo poder.
Muchos fuimos realistas sin caer en el pesimismo; creímos que aunque con esto no se solucionaba ni una décima parte, este podría ser el inicio de un proceso serio de adecentar la justicia. Sin embargo, ahora sabemos que los consolidados mecanismos del poder corrupto han reaccionado ante el tímido avance que se ha ido produciendo. Se están modificando las acusaciones a los acusados en actos de corrupción, se han lanzado campañas contra instituciones como el CNA que han denunciado la corrupción; se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de la MACCIH, el Congreso Nacional cambia una ley para impedir la acción penal contra los corruptos. El gobierno por su lado mantiene congelada la decisión sobre el nuevo portavoz que se requiere para seguir dándole impulso a la lucha contra los corruptos. En definitiva es una evidencia más que el gobierno no tiene interés genuino, mucho menos prisa en la lucha contra la corrupción. Con todo lo que está ocurriendo se vuelve claro que lo que JOH desea es un proceso a su medida y controlado, donde los que caigan sean peones que ya no sirvan, que no comprometan, o en el mejor caso corruptos pero del otro bando político. Sin embargo, el hartazgo de la gente está en contra de esta manera de combatir el delito y desean jueces, magistrados y autoridades en la Fiscalía de una fibra completamente diferente a la que hoy tenemos.
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