Por: Criterio.hn y Conexihon

Este trabajo fue realizado en el marco de la Coalición de Medios Contra la Desinformación en Honduras.

La MACCIH reconoció que la normativa era un obstáculo para sus funciones de investigación.

Tegucigalpa. –La bóveda que esconde los fondos recaudados a través de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) o las cuentas de donde se originan los desembolsos a favor de los diputados, como parte de los fondos departamentales, son solo algunos de los secretos que continúan guardados para cuidar las espaldas de quienes dilapidan los recursos públicos.

Una de las premisas para construir un estado democrático es lograr transparentar la gestión pública, sin embargo, eso en Honduras es todo lo contrario o por lo menos así lo dejó establecido el Congreso Nacional, cuando en marzo de 2014 se aprobó en ese poder del Estado la Ley la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos Oficiales”.

La normativa en mención clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta y contempla un blindaje de cinco, diez, 15 y 25 años, respectivamente, en 16 instituciones del Estado, pudiéndose ampliar su vigencia por el doble del periodo original.

Desde la aprobación de esta ley, que restringe y limita el acceso a la información pública, periodistas y miembros de la sociedad civil se han pronunciado en contra por entorpecer investigaciones que conlleven al descubrimiento de la corrupción y por ende a la aplicación de la justicia.

La periodista, fundadora y directora del medio Reporteros de Investigación, Wendy Funes, dice que hasta el momento solo una de las tantas solicitudes de información que ha procesado se le denegó por la aplicación de la Ley de Secretos.

“Una vez que pedí información sobre la tasa de seguridad invocaron la ley de secretos para negar esta información”, detalló Funes, quien considera que los funcionarios son cuidadosos pues no están invocando la Ley de Secretos para no dar la información y asume que no lo hacen porque quieren mantener un discurso público positivo o un argumento jurídico que evite que se les acuse de restringir información por aplicar la cuestionada normativa.

Dentro de las reservas de información está contemplado lo relativo a los cobros por la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), también denominado “Tasón de Seguridad”, que según organizaciones de sociedad civil recauda un aproximado de 170 millones de lempiras mensuales.

Esta tasa se debe pagar de acuerdo con las transacciones financieras que hagan los hondureños, es decir, por cada mil lempiras se pagan dos lempiras por realizar depósitos o retiros en cheques, por pagos de transferencias y por envío de dinero al interior o exterior del país.

“Yo creo que, si se hiciera una auditoría en esa tasa, sería escandaloso el nivel de corrupción que podríamos encontrar”, pero “esto está protegido por una ley de secretos oficiales que no es más que una ley de anti-transparencia, que permite la corrupción”, dijo Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ).

Esta tasa, según Mejía, se ha convertido en una gran alcancía que no tiene ningún control y que realmente se presta para actos de corrupción.

la Ley de Secretos en su artículo 5 establece que la facultad de clasificar documentos relacionados con La seguridad y la defensa nacional corresponde única y exclusivamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia a la cual los otros órganos del Estado deberán hacer la correspondiente solicitud.

Cabe señalar que el CNDS,  creado en el 2011, vulnera el principio de separación de poderes, ya que aglutina en un solo órgano a los presidentes del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República y a los secretarios de Defensa y Seguridad, bajo la jerarquía del presidente de la República, quien actúa  en su condición de presidente de la instancia.

ACCIONES CONTRA LA LEY DE SECRETOS

Durante la entrevista, la periodista Wendy Funes, agregó que ha entablado varias acciones de revisión ante el Institutito de Acceso a la Información Pública por información entregada de manera incompleta o inexacta, específicamente en temas de seguridad y peticionada al Ministerio Público y Fuerzas Armadas.

Como dato curioso, recordó que solicitó información sobre la procedencia y propiedad de los 18,000 dólares decomisados y encontrados en una mochila al expresidente Manuel Zelaya, en el aeropuerto internacional de Toncontín de Tegucigalpa en noviembre de 2020, pero tampoco se le entregó poque las instituciones se desligaron de responsabilidad.

Funes concluye que, aunque no se argumente la Ley de Secretos para no brindar la información, la mayoría de la información no es entregada a los solicitantes, utilizando cualquier argumento o simplemente respondiendo de manera absurda.

Igual que varias instituciones que se encargan de hacer investigaciones en el país, explicó que hizo un análisis denunciando los riesgos de la Ley de Secretos.

Funes atribuye, de cierta manera, complicidad por parte de Estados Unidos en la aprobación de la Ley de Secretos, al señalar que, aunque oenegés de ese país presionen para que se derogue la normativa, “hay que decir que esta ley surge en un momento que a las fuerzas armadas de EE. UU les conviene tener en secreto operaciones militares que se ejecutan en Honduras”.

El 14 de enero de 2014, la Sociedad Civil se pronunció a través de la Alianza por la Paz y la Justicia; la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), emitió la alerta.

El 10 de febrero de 2016, C-Libre presentó una acción de inconstitucionalidad contra La Ley de Secretos, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Sala referida, en el año 2020, declaró parcialmente inconstitucional la ley, sin embargo, dos magistrados, Jorge Alberto Zelaya y Edwin Francisco Ortez Cruz, votaron en contra.

De acuerdo con la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando no hay unanimidad por parte de la Sala Constitucional, el caso se envía al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que tome una decisión definitiva, lo que hasta el momento se desconoce.

XIOMARA CASTRO PROMETIÓ LA DEROGACIÓN

Durante la campaña política la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, prometió que si ganaba las alecciones dentro de sus primeras acciones estaba la derogación de la Ley de Secretos al considerarla un obstáculo a la transparencia y a la lucha contra la corrupción.

La presidenta electa dice que la transparencia será parte de sus ejecutorias como lo fue en la gestión de su esposo, Manuel Zelaya, cuando se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Castro, ganadora en el nivel presidencial, bajo una coalición opositora liderada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrada por los partidos Salvador de Honduras, PINU-SD y un fuerte sector del Partido Liberal, requiere para derogar la Ley de Secretos el apoyo de la mayoría simple en el Congreso Nacional, es decir, 65 diputados.

El analista político Saul Bueso dice que el próximo Gobierno de Castro ha generado grandes expectativas en el pueblo hondureño porque entre las promesas políticas sobresale el de la lucha contra la corrupción.

“Para combatir la corrupción hay que hacer varias acciones, una de ellas es revisar la política pública en contra de la corrupción, apoyar el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y eliminar las barreras tanto legales como administrativas alrededor del tema”, declaró.

Por su parte, el exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, dijo recientemente en un foro virtual que uno de los principales pilares del Gobierno de Xiomara Castro debe ser la derogación de la Ley de Secretos que, en su momento, le dificultó el trabajo de investigación.

De todo el listado de leyes por derogar esta «debe estar en primera fila», afirmó durante su participación en el foro «Transparencia y acciones para desmontar las redes de corrupción e impunidad: Retos y oportunidades del nuevo gobierno», organizado por la Coalición Anticorrupción.

No puede haber democracia sin transparencia y no hay transparencia con la Ley de Secretos, dijo Jiménez Mayor.

Cuando Jiménez Mayor fue parte de la misión anticorrupción en Honduras, emitió una alerta detallando que la  secretividad del manejo de la información en las leyes, contrasta con lo que ordena el Artículo VIII, de las obligaciones del Gobierno de Honduras en el convenio firmado con la MACCIH, cuando se afirma que “garantizará diligencias para recabar información, investigación de los casos de corrupción, toma de denuncias, teniendo pleno acceso a la información y material documental”.

El convenio establece que “la Misión entregará un reporte de los hechos que encuentre en el proceso y que obstaculicen su investigación y que se retirará si el Estado deja de cooperar”.

A pesar de las denuncias, el Gobierno hizo caso omiso a las peticiones y para enero de 2020, los diputados del oficialismo encabezados por el Partido Nacional y varios del Partido Liberal y de las bancadas minoritarias, votaron en contra de la renovación de la MACCIH, siendo este un grave retroceso en el combate contra la corrupción en el país.

El plan de Gobierno de Xiomara Castro, además de plantear la derogación de la Ley de Secretos, propone la creación de una comisión anticorrupción que de continuidad al trabajo que venía realizando la MACCIH. Asimismo, abrogar el Código Penal y la eliminación del andamiaje legal que ha perpetrado el sistema de impunidad y corrupción como la Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Muchas de las leyes que plantea eliminar el nuevo Gobierno necesitan del respaldo de la mayoría calificada en el Congreso Nacional, es decir, 86 votos, algo que requiere de negociaciones entre las diferentes bancadas porque la coalición de partidos que se alzó con el triunfo en el nivel presidencial no alcanza ese número de diputados.

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