Foto: Proceso Digital

CESPAD

Por: Claudia Mendoza

Óscar Chinchilla pasará a la historia de Honduras como un fiscal general del Ministerio Público de Honduras, que se granjeó una serie de adjetivos que van desde mediocre hasta servil a los intereses del Partido Nacional. Este funcionario público deja su cargo en agosto del 2023. Es decir, le queda un año y medio en su cargo, tiempo en el que muchas situaciones podrían ocurrir, incluyendo un juicio político en su contra, sustentado en sus negligentes actuaciones, contrarias a lo que establece la Constitución de la República y a los intereses nacionales.

El silencio en el que se ha mantenido el fiscal general ha sido ensordecedor. Pese a que es una figura importante dentro del Sistema de Justicia de Honduras, su mutismo y obvia indolencia ante casos de corrupción o situaciones importantes para la vida democrática del país, resultan pasmosas. Su papel le ha valido el fuerte cuestionamiento de un amplio sector de la sociedad que, de cara a la ascensión de un nuevo gobierno se pregunta, de manera general, ¿cuál es el futuro del fiscal general de Honduras?, pero, de forma más específica, ¿continuará con su actual papel?, ¿qué hará con él, el gobierno de Xiomara Castro?

En breve, algunos datos para no olvidar

Óscar Fernando Chinchilla Banegas ha sido fiscal general de Honduras en dos ocasiones. La primera vez fue electo la madrugada del primero de septiembre del 2013, en la que se llamó “maratónica jornada”, pues el Congreso Nacional comenzó a sesionar en horas de la noche del 31 de agosto, para elegir al fiscal. Pero fue una elección en medio de intensos cabildeos, componendas políticas y hasta denuncias de compra de las voluntades de muchos congresistas para agenciarle a Chinchilla su nombramiento.

Ese último aspecto enunciado calza a la perfección con el hecho de que Chinchilla era y sigue siendo un reconocido activista del Partido Nacional, y que recién había renunciado al cargo de Magistrado Presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de asegurar que la mayoría de los diputados apoyarían su candidatura.

En efecto, así ocurrieron los hechos. La moción, proponiendo a Óscar Chinchilla como fiscal general y a Rigoberto Cuellar como Fiscal Adjunto, fue planteada por el diputado nacionalista Mario Pérez, presidente de la comisión especial que hizo las audiencias públicas. Y al filo de la 1: 20 a.m., del primero de septiembre, los periódicos registran que Chinchilla fue electo fiscal general con el voto favorable de 92 diputados, entre ellos 8 liberales.

La segunda ilegal reelección de Chinchilla

El Congreso Nacional de Honduras eligió a Óscar Chinchilla como fiscal general, por segunda vez, en junio del 2018. Pero su reelección aconteció en medio de irregularidades peores que en la primera, pues este abogado ni siquiera estaba en la lista de los cinco candidatos elegidos por una junta que se encargó de analizar a las personas “más idóneas” para asumir ese importante puesto.

La junta, luego de analizar las hojas de vida de los aspirantes, escogió a los cinco candidatos y envió sus nombres al Poder Legislativo para que entre ellos se seleccionara al fiscal general y al fiscal general adjunto. Pero de esa lista solo se eligió al abogado Daniel Sibrián Bueso, para ocupar el cargo de fiscal general adjunto. Los otros cuatro postulantes no fueron tomados en cuenta. Pero, en un sorpresivo acto, la junta directiva del Congreso Nacional decidió someter a votación de los 128 diputados la dupla conformada por Sibrián y Chinchilla, a quien incorporaron ilegalmente.

Así ocurrió una segunda votación en la que 88 congresistas votaron a favor de Chinchilla, 38 en contra y dos abstenciones.

Seguimos en el proceso de lucha por una Honduras más justa», indicó Juan Orlando Hernández en un mensaje en Twitter”, dando el beneplácito a lo que acababa de ocurrir en el Congreso Nacional.

La dos arbitrarias elecciones de Óscar Chinchilla como fiscal, solo han sido superadas por su lamentable actuación durante el gobierno de Hernández, en especial luego de la salida de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH). El olvido, el relego y el marginamiento al que confinó a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), y a su coordinador, el abogado Luis Javier Santos, ha sido un hecho aborrecido por la sociedad, porque con su actitud ha apoyado a los grupos de poder que integran las redes de corrupción que, en opinión de muchos, se han burlado del sistema judicial hondureño.

Los tres escenarios de Óscar Chinchilla, antes de su salida

Dos abogados de renombre en Honduras, consultados para analizar los escenarios probables que tiene Chinchilla en el año y medio que le queda al frente del MP, y en el marco de la ascensión de un nuevo gobierno, coinciden en lo siguiente.

Escenario uno: mantener la postura actual.

Joaquín Mejía es abogado y doctor en Derechos Humanos, y dice el fiscal general “mantendrá la posición que ha tenido. Es decir, permanecer escondido, sin hacer nada”. Pero, al ahondar en este aspecto, trae a colación el lúgubre papel que ha jugado Chinchilla y el Ministerio Público con la criminalización de la población.

Cita, de forma literal, el caso de los defensores de Guapinol, ocho pobladores de Tocoa, Colón, que llevan dos años en prisión, acusados de una serie de delitos que tienen de fondo, la defensa férrea que han hecho del río Guapinol, contra la instalación arbitraria de la empresa Inversiones Los Pinares.

Escenario dos: convertirse en obstáculo para el nuevo Gobierno

Un segundo escenario de actuación que tiene Chinchilla, es que se alíe, aún más, con los grupos de poder que ha estado protegiendo, para convertirse en un obstáculo activo en las actuaciones del nuevo gobierno, dice el abogado, especialista en derecho penal y procesal penal, Omar Menjívar.

Agrega que, considerando que el fiscal es y ha sido una pieza muy comprometida con el régimen saliente, lo más probable es que se dedique, en el tiempo que le queda, “a cerrar del modo más favorable a sus mandantes los casos que pudieran estar a este momento en investigación o a nivel de denuncia”.

Escenario tres: que juegue un rol importante

Un tercer escenario tiene como telón de fondo Los Estados Unidos.

Con la presión que hay, ahora, con la nueva administración de Los Estados Unidos, es probable que el fiscal empiece a jugar un rol importante, en el sentido de sacar a luz y procesar las denuncias que hay contra los funcionarios del régimen de Juan Orlando Hernández”, valora Mejía.

Escenario cuarto: un juicio político contra Chinchilla

Ambos consultados concuerdan que un juicio político para juzgar y retirar de su cargo a Óscar Chinchilla es viable, de acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la Ley Especial de Juicio Político, el que literalmente dice lo siguiente:

Artículo 5, definición de causales de Juicio Político. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

  • Denuncia grave en el desempeño en su cargo:

Es cuando el servidor público realiza acciones orientadas a ejercer actividades ilegales o recibir beneficios de negocios incompatibles con las funciones y responsabilidades que le competen, así como aquellas que impone sobre otros, para lograr objetivos personales fuera del marco legal debido a su superior posición como autoridad del Estado;

  • Actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el Interés Nacional:

Es la realización de acciones u omisiones que manifiestamente sean contrarias a las funciones, obligaciones y atribuciones establecidas en la Constitución de la República para el cargo que desempeña o que lesiona el interés nacional, por ser contradictoria con las diferentes políticas de Estado y,

  • Negligencia, incapacidad e incompetencia para el desempeño del cargo:

La negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo; manifieste impericia, malicia o adolezca de enfermedad que le limite actuar con diligencia y ocasionen perjuicio al interés público.

En síntesis, para enjuiciar a Chinchilla debe existir una denuncia grave en el desempeño del cargo; la realización de actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional, y la manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

Chinchilla reúne las tres causales para que se inicie uno en su contra y que este procedimiento pueda permitir su destitución, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que él tiene, por todas las actuaciones negligentes y contrarias a la constitución y al interés nacional que él ha realizado”, afirman Mejía.

Menjívar, por su parte, considera que, si el gobierno entrante tiene un genuino interés por restaurar el Sistema de Justicia de Honduras, “tiene que meter mano en el Ministerio Público y una opción es el juicio político en contra de Chinchilla”.

Pero ambos consultados también concuerdan que para que un juicio político contra este funcionario ocurra, se requiere la mayoría calificada de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados y diputadas del Congreso Nacional.

Esa posibilidad depende de que se logre consolidar una mayoría parlamentaria que alcance el número mágico de 86 votos favorables, para lograr la destitución del actual fiscal general. De ahí en adelante te tocaría desmontar toda la estructura que se implantó a lo largo de más de ocho años”, dice Menjívar.

Mejía agrega que, así como está el Congreso Nacional en la actualidad, se requeriría de los votos de diputados del Partico Nacional y el Liberal. Pero sostiene que se deben tomar en cuenta dos situaciones: “que el Partido Liberal, por un lado, creo que está consciente que es la última oportunidad que tiene para enderezar el camino o para convertirse en un partido desigual. No creo que sea descabellado que asuma una posición crítica, que se desvincule del lado siniestro del Partido Liberal, representado en Carlos Flores, y sigan la línea de la alianza”.

La posibilidad que haya diputados del Partido Nacional, a los que Mejía llama “díscolos”, también puede considerarse. “Pero eso es bastante complicado”, agrega.

Urge de una sociedad que exija más del Ministerio Público

El fiscal general le debe muchas explicaciones a la Nación, dicen Menjívar, pero a estas alturas es casi impensable considerar que las dé, si no es a través de un juicio político. “Si no es a través de ese medio coactivo es impensable que se disponga a hablar. Una característica personal de él es el encierro; rehúye la interacción social y la exposición mediática. Es aún un rasgo de su personalidad que se ve reforzado por el hecho de su compromiso con la cuestionada élite corrupta de poder, responsable de todo el saqueo y ligazón con el crimen organizado en el país”.

Por otro lado, al finalizar la entrevista, Mejía advirtió sobre un aspecto en esta coyuntura muy importante: el papel del pueblo hondureño como contrapoder, tal como quedó evidenciado en las elecciones generales, en el nivel electivo presidencial.

“Para sumarnos en las calles y a través de otras medidas de presión, para que el Congreso Nacional no sea obstáculo en procedimientos que determinen la responsabilidad a funcionarios como Óscar Chinchilla, que han sido negligentes o han violado sus funciones y mandatos constitucionales”, agrega.

Mejía y Menjívar afirman que el papel del pueblo es fundamental, siempre como un contrapoder, para dar acompañamiento crítico a las propuestas del gobierno electo, encaminadas a la lucha contra la corrupción en Honduras.

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