En su momento, el alcalde de Nápoles, Italia, Luigi de Magistris, pidió verdad y justicia por la muerte de Mario Paciolla en San Vicente del Caguán, Colombia.

Forenses italianos determinaron que algunas heridas en el cuerpo del voluntario fueron causadas en estado agónico o incluso post-mortem.

El Espectador.com

La verdad sobre lo sucedido a Mario Paciolla, el voluntario italiano de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas que apareció ahorcado y con laceraciones en brazos y manos en su vivienda de San Vicente del Caguán (Caquetá) el 15 de julio de 2020, ha sido cubierta con el sello propio de la impunidad que acompaña a los asesinatos políticos en Colombia: dos investigaciones judiciales, dos autopsias, dos años y ningún resultado concreto a pesar de las evidencias que dan cuenta de la destrucción de pruebas, la alteración de la escena de los hechos, la simulación de un suicidio, y múltiples testimonios que controvierten la versión según la cual el poeta y periodista napolitano se habría quitado la vida por depresión.

Desde noviembre de ese mismo año, cuando el médico legista Vittorio Fineschi y la toxicóloga forense Donata Favretto entregaron en Roma los resultados de la segunda autopsia realizada al cuerpo de Paciolla, tanto las autoridades de investigación italianas como colombianas han mantenido la investigación en cámara lenta pese a la contundente conclusión de los científicos: “algunas pruebas -que no encuentran explicación alternativa en el contexto de la hipótesis del suicidio- apoyan predominantemente la hipótesis del estrangulamiento con suspensión subsiguiente del cuerpo”.

En otras palabras, Mario Paciolla fue víctima de tortura y asesinato y, posteriormente, del montaje de una escena para simular su suicidio, escena que, tal como en su momento lo denunció El Espectador, aparentemente fue alterada al día siguiente por funcionarios de la ONU encabezados por Christian Leonardo Thompson Garzón, entonces Oficial de Seguridad en San Vicente y actual jefe nacional del Centro de Operaciones de Seguridad (COS), adscrito al Departamento de Salvaguarda y Seguridad (DSS) en la Misión de Verificación.

Si bien la necropsia colombiana -realizada el 16 de julio de 2020 en Florencia (Caquetá) en presencia del médico de la Misión de Verificación Jaime Pedraza Liévano- estableció que la muerte de Paciolla era consistente con el suicidio, los expertos del Instituto de Medicina Legal italiano criticaron el mal manejo del cadáver, la descripción imprecisa del surco (señal que produce la presión extrema sobre el cuello y que permite diferenciar un ahorcamiento suicida y un estrangulamiento homicida) y de la forma en que estaba dispuesta la sábana que lo ocasionó, la insuficiente documentación fotográfica, así como la falta de detalle sobre, por ejemplo, los relieves de las heridas que presentaba el cuerpo. Todo ello les hizo imposible a los legistas establecer con “absoluta certeza” la causa de la muerte del napolitano de 33 años.

No obstante, según dejaron constancia en la respuesta a un cuestionario de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Roma que investiga la muerte de Mario Paciolla bajo el radicado 78824/20, aunque las heridas con arma blanca en el cadáver podrían a simple vista ser catalogadas como autoinfligidas, un estudio más detallado de las lesiones les permitieron a los forenses determinar que mientras las heridas de la muñeca derecha presentaban “claros signos de reacción vital”, en la mano izquierda éstas mostraban “matizadas características de vitalidad”, o “vitalidad difusa”, lo que los llevó a sugerir que algunas de las heridas pudieron ser infligidas “en limine vitae o incluso post-mortem”, es decir, cuando Paciolla se encontraba en estado agónico o ya había fallecido.

Una verdad que no conviene a nadie

La sustracción de elementos de la escena, la desaparición de dos ollas con gran cantidad de lo que según el propio Thompson parecía ser sangre y un colchón también ensangrentado, así como la limpieza del sitio de los hechos y el descuido de la cadena de custodia por parte de los agentes de la SIJIN que realizaron los actos urgentes la mañana en que Mario murió, al igual que la parálisis investigativa de la Fiscalía colombiana, demuestran que el “caso Paciolla” pretende ser arropado con el desinterés y la desidia que cobijan a casos complejos de violaciones a los derechos humanos en Colombia.

El pasado viernes, Thompson y su entonces jefe, Juan Vásquez García, junto a cuatro policías, fueron denunciados penalmente por la familia Paciolla por obstruir a la justicia. Vásquez llegó al Caquetá como jefe regional de Seguridad de la Misión luego de haber sido suspendido de un cargo similar en Pasto, luego de que sus vecinos lo grabaran en video propinándole una brutal golpiza a su mascota.

Nada ha indagado la Fiscalía sobre las denuncias de El Espectadorque sugieren que el asesinato de Paciolla pudo originarse en sus reclamos tras enterarse de que apartes de los informes que él y sus compañeros elaboraron sobre el bombardeo a las disidencias de Gentil Duarte en agosto de 2019, en el que murieron siete niños y otros más fueron rematados en tierra, habían sido filtrados al senador Roy Barreras, lo que generó la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero en noviembre de ese año.

Si bien Barreras, futuro presidente del Senado, ha negado en forma insistente haber recibido esa información de la Misión y ha asegurado que ésta provino de oficiales activos del Ejército nacional, siete fuentes diferentes al interior de ese organismo confirmaron a El Espectador que la filtración fue decidida con un puñado de funcionarios internacionales por Raúl Rosende, en aquel momento director de Verificación y desde hace cuatro meses representante especial adjunto y posible sucesor de Carlos Ruiz Massieu, jefe del organismo en Colombia, a quien la revista Proceso de México criticó recientemente de una impropia cercanía con el gobierno colombiano de Iván Duque. Aunque a Ruiz aún le faltan varios meses por cumplir el período reglamentario de cinco años, varios de los entrevistados consideran que su salida es inminente y que Rosende podría sucederlo dada su cercanía con ONG de derechos humanos y personas afectas al presidente electo, Gustavo Petro.

Veinte meses después del debate en el Congreso, varias fuentes aún recuerdan el “júbilo” y las celebraciones que se sucedieron en varios pisos de las oficinas centrales de la Misión al día siguiente de la renuncia de Botero, así como expresiones de admiración por “el músculo” demostrado por la Misión al haberse “cargado” a un ministro.

La investigación de El Espectador generó un remezón político que se manejó silenciosamente tanto al interior de las fuerzas militares, la sociedad civil y la ONU: dos ONG de derechos humanos llegaron a ofrecer atribuirse la entrega de la información sobre los niños muertos en el bombardeo de agosto de 2019 a Barreras como forma de “proteger a la Misión y el proceso de paz”; la Misión canceló el contrato de consultoría en la Misión al capitán retirado Ómar Cortés Reyes, exdirector de Inteligencia de la Armada Nacional y exintegrante de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC); y desde el Ministerio de Defensa no hubo pronunciamiento alguno.

Esta periodista tiene en su poder audios de reuniones internas de la Misión que se sucedieron tras la publicación del reportaje de septiembre de 2020 y en las cuales tanto Rosende como Ruiz Maisseu calificaron de ciertas “algunas” denuncias. También, documentos internos que demuestran que la Misión sí verificó los hechos que rodearon el bombardeo de agosto de 2019.

En mayo de 2021, la resolución 2574 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendió el mandato de la Misión a la verificación del cumplimiento e implementación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras un proceso de varios meses en medio del cual las publicaciones de El Espectador sobre el caso Paciolla llegaron a ser consideradas “un obstáculo” a la ampliación del mandato, el cual finalmente se dio tras solicitud expresa del gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc-ep.

El crimen de Mario Paciolla fue el primero de un funcionario de las Naciones Unidas en Colombia y el bombardeo de agosto de 2019 fue el único que logró cuestionar a las fuerzas militares por la muerte de niños reclutados. Desde entonces, el número de niños, niñas y adolescentes mutilados o asesinados en medio de operaciones aéreas contra la guerrilla se ha multiplicado sin que ninguna autoridad penal o disciplinaria haya realizado la más mínima investigación y sin que el Sistema de Naciones Unidas haya hecho crítica alguna.

Hoy, la familia Paciolla recuerda con una mezcla de dolor y rabia aquella llamada del 15 de julio de 2020 en la que Manuela Sessa, mano derecha de Raúl Rosende en el área de Verificación de la Misión, les anunció la muerte de su hijo y les preguntó secamente si querían que el cadáver de su hijo fuera enviado a Italia. Si ninguna investigación ha avanzado aún, ¿qué habría ocurrido sin la autopsia italiana?

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