País Peligroso

En febrero pasado, Aministía Internacional advirtió que los “asesinatos han ocurrido justamente en los países considerados más peligrosos para la defensa de derechos humanos en años anteriores: 13 en Colombia, tres en Brasil y tres en Honduras. Mientras los asesinatos han continuado en Honduras.

Asesinatos

Con al menos 20 personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas asesinadas a lo largo de América Latina en enero de 2022, el primer mes de 2022 demostró nuevamente el peligro que representa la defensa de los derechos humanos y el periodismo en América Latina, dijo Amnistía Internacional en febrero de 2022.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Los crímenes contra personas defensoras y periodistas han continuado en Honduras. Con la llegada de un nuevo gobierno, la esperanza de un activismo menos peligroso para el periodismo y la defensa de los derechos humanos se ha ido diluyendo por la incapacidad y abusos de la titular de Derechos Humanos, la historiadora Natalie Roque.

La evidencia más reciente es que bajo el disfraz de proteger la soberanía, con un discurso público violento sin precedentes, la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, exige que sus abusos permanezcan sin intervención de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas y da a entender que solo ella puede legitimar quienes son defensoras y defensores en Honduras.

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Historia de la ONU

Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en 1945, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Durante los siguientes dos meses, procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que, se esperaba, evitaría otra guerra mundial como la que acababan de vivir.

Cual si fuera la Reina de Isabel de la España colonial

No ha condenado enérgicamente los asesinatos y frecuentes agresiones contra periodistas ni alentado a las autoridades competentes para actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables, por el contrario, envió una carta a Naciones Unidas y al G-16 con un lenguaje estigmatizante en el que ataca a los concejales del Mecanismo de Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

La arrogante carta tiene un tono soberbio, grosero y agresivo, para deslegitimar la lucha de los y las defensoras de derechos humanos y legitimar sus abusos desde el poder. La funcionaria utiliza términos como “injerencista” y exige respeto a la dignidad de su cargo.

Se refiere con menosprecio a las y los defensores y le dice a la comunidad internacional que las y los defensores que ellos escucharon “tampoco representan necesariamente a las organizaciones de sociedad civil”.

Defensoras en riesgo frente al discurso público violento

Las y los concejales, que se retiraron de manera temporal del Mecanismo, denunciando abusos de la alta funcionaria son la defensora de derechos humanos con más tres décadas de trayectoria y directora del periódico Pasos de Animal Grande, Dina Meza, que ha sufrido exilio y amenazas en diferentes gobiernos.

De igual manera, la fundadora de diversos espacios de derechos de la mujer y directora del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, víctima de sabotajes en su vehículo, seguimientos, persecución y amenazas en el gobierno anterior; el director de la Asociación LGTBI Arcoíris, pionero de la lucha política de la diversidad sexual, Donny Reyes, que encabezaba las protestas de la Resistencia contra el Golpe de Estado, vestido como cardenal, promotor de derechos de la comunidad trans pese a la cantidad de crímenes de odio en el país.

La cuarta concejal es la pionera de Casa Refugio para indígenas sobreviventes de violencias y promotora de los derechos de la mujer en occidente, coordinadora de Las Hormigas, Eva Sánchez.

En la carta, la servidora pública hace alusión a que la sociedad civil no se había organizado para nombrar a los concejales que sustituirían en sus puestos a los representantes de las organizaciones de derechos humanos, pero además el Consejo está integrado por la Asociación de Prensa de Honduras, Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), entre otros.

También en esta misiva menciona una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las reuniones a las que convocaron únicamente a una parte de defensores (as) de derechos humanos y de las que excluyeron a periodistas y medios de comunicación alternativos, la historiadora aduce que en las reuniones con la CIDH no manifestaron desavenencias con su gestión.

La poderosa funcionaria –con acceso a los cuerpos armados del Estado como lo demostró hace unos meses–  también ha atacado a periodistas en sus redes sociales colocándoles en riesgo de sufrir violencia y exponiéndoles a mayor peligro, deslegitimando el valor de la labor periodística crítica por considerarla inconveniente para sus intereses en el poder.

Cinco asesinatos de periodistas

Mientras la funcionaria expone a riesgo a personas defensoras de derechos humanos, en el país ya suman cinco crímenes contra la prensa durante el actual gobierno. El periódico Pasos de Animal Grande informó en las últimas horas que con el hecho violento que terminó con la vida de Edwin Andino, ocurrido ayer, ya suman unos 95 periodistas asesinados desde el año 2001, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH.

El 90 por ciento de los casos está en impunidad. «Solo en lo que va de 2022 han ocurrido con este crimen, cinco víctimas mortales relacionadas con labores en medios de comunicación.. una de las primeras acciones que debió tomar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es ordenar una investigación rápida y científica donde se tome como punto importante la verificación del trabajo del periodista Edwin Josué Andino , qué temas estaba abordando para verificar si este crimen tiene vinculación con el ejercicio de la profesión. Sumado a ello el hecho de que los responsables estaban vestidos con vestimenta policial, según versiones».

En marzo de 2014 cuando Pen International y Pen Honduras, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el informe “Honduras: Periodismo a la sombra de la Impunidad”, donde estuvo presente una delegación del Estado de Honduras, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de ese momento, Catalina Botero, les recomendó que debía verificarse en la muerte de cada periodista si los crímenes no tenían una relación con su trabajo periodístico para lo cual se debía crear para dicha investigación un protocolo especial, sobre el cual esa relatoría podía brindar asistencia técnica al Ministerio Público, sin embargo ese ofrecimiento cayó en tierra infértil, dice la noticia del medio de comunicación.

La publicación destaca que Reporteros Sin Fronteras demanda investigar el crimen.

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