Por Elia Castellón

La Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH, y La Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios, Gladys Lanza, con el apoyo de OXFAM y BILBAO, presentaron en San Pedro Sula los hallazgos de la Auditoría Social a la Unidad de Investigación de muertes violentas de mujeres, femicidios y operadores de justicia en el marco del covid-19 durante el año 2020.

La auditoría se llevó a cabo con el propósito de lograr un acercamiento con los sectores involucrados en el proceso de investigación y de aplicación de justicia, para incidir en la disminución de la impunidad, que alcanza actualmente un 96%.

HALLAZGOS:

En el análisis de datos obtenidos a través del proceso de investigación de la Auditoria Social, concluye en los siguientes aspectos relevantes y de importancia a considerar: 

Cortés es el segundo departamento más violento para las mujeres. Choloma y San Pedro Sula son los municipios con mayor violencia homicida. De 81 muertes violentas de mujeres en el departamento de Francisco Morazán, 74 ocurrieron en el Distrito Central. De 52 que tiene Cortés, 24 casos se reportaron en San Pedro Sula.

Los mecanismos comunes para dar muerte violenta a una mujer en Honduras son: Tortura, abuso sexual y disparos con arma de fuego.

Según información proporcionada por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, en la ciudad de Tegucigalpa, durante 2020 se han presentado 57 requerimientos fiscales en contra de 77 personas imputadas. Estos casos se han incoado por la muerte de 75 personas por diferentes delitos contra la vida y en el 2020 se ha asignado una persona a ese despacho fiscal.

Conforme a la información remitida por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, en el presente año se han contado 62 denuncias por diferentes delitos contra la vida de la mujer, consumados e intentados. Esta información corresponde a la ciudad de Tegucigalpa.

En 2020, las muertes violentas de mujeres en San Pedro Sula fueron 58. Los requerimientos fiscales por muertes violentas de mujeres son del 10% y el estándar de sentencias condenatorias es del 50%.

Hay un error en el registro oficial, porque se da muerte a una persona en un municipio y la reportan como si hubiera ocurrido en otro. Los riesgos más frecuentes que enfrentan las mujeres en las comunidades por la violencia durante la pandemia se deben a que no hay transporte para ir a la Policía.

Los diez municipios donde hay más violencia homicida son: Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Gracias, Villanueva y Tocoa. Por eso decimos que esta es una práctica cultural que afecta los derechos humanos de las mujeres porque son de todas las edades, de cero a 74 años. El instrumento es el arma de fuego.

ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES INSUFICIENTES DURANTE 2020

El INAM detalló los datos comparativos de enero a octubre sobre los casos atendidos a través de Ciudad Mujer, de forma directa o en alianzas con otras organizaciones en cumplimiento del Decreto Legislativo 99-2020, que ordenó: “Medidas especiales de difusión, prevención y atención de la violencia contra la mujer y acciones para garantizar la igualdad de género durante la vigencia de la emergencia nacional declarada a raíz de la pandemia COVID-19.

En atención a los indicadores de medición de resultados de la campaña iniciada en las cadenas nacionales de radio y televisión, con mensajes relacionados con la problemática de violencia contra la mujer, aseguran que realizan monitoreo del sistema de emergencia 911, considerando las cantidades de denuncias por violencia doméstica, para tomar acciones por medio de las OMM a nivel nacional e instituciones del Estado cuya competencia es atender la problemática de la violencia, tales como Conadeh, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad.

El incremento en la violencia no es tomado en cuenta aprobar los presupuestos para las instituciones del Gobierno. No se basan en estrategias de prevención ni en análisis de las múltiples causas. El presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer ha disminuido en los últimos años.

CONCLUSIONES:

El confinamiento de la ciudadanía no ha favorecido a las mujeres y las niñas al quedarse en casa, pues la violencia se da en el hogar. En 2020 se presentaron más de cien mil denuncias al 911.

Las estadísticas que presentan las instituciones del Estado son un subregistro. No contar con información oficial unificada contribuye a incrementar la impunidad.

Las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) no cuentan con personal suficiente ni recursos económicos y logísticos para atender a las mujeres. Por el confinamiento, muchas de las actividades planificadas no se realizaron y el número de atenciones disminuyó considerablemente.

Las instancias operadoras de justicia no estaban funcionando totalmente y la asesoría y atención emocional en línea no es igual que la presencial.

Las mujeres siguen sin identificar los tipos de violencia. En general, no se considera violencia doméstica si las mujeres no son golpeadas o violentadas.

Uno de los principales detonantes de la violencia doméstica se incrementó con la pandemia. Hay más desempleo y muchas mujeres pasan a depender económicamente del hombre, obligándolas a soportar dentro del hogar con su agresor.

Con el confinamiento, las mujeres están más expuestas a la violencia sexual, pues el 60% de los agresores son conocidos, es decir que están en la casa.

Los roles de género incrementan la vulnerabilidad, cansancio y estrés. Las mujeres cargan sobre sus hombros la triple jornada: el trabajo doméstico, el rol de madre y esposa y el rol como profesional, aprendiendo a ejercer sus tareas desde casa (teletrabajo).

Las instituciones y organizaciones que apoyan a las mujeres están restringidas por la falta de plataformas digitales para dar servicios, como el acceso gratuito a líneas de apoyo emocional y asesoría jurídica.

RECOMENDACIONES:

Se requiere contratar personal especializado: un fiscal especializado en violencia de género o una fiscal experta en juicios orales y públicos. Hasta la fecha no se cuenta con ninguno de ellos porque no hay partida presupuestaria. Se debe dar seguimiento a los testigos de los casos judicializados.

La doctora, Julissa Villanueva, define a Honduras como “un Estado femicida que no da respuesta a las muertes violentas de mujeres, con un 95-96% de impunidad. Es necesario investigar más y urgen reformas legislativas que promuevan la ciencia y la verdad científica”.

Las mujeres deben cambiar su conocimiento sobre los estereotipos de género en un sistema que les impone como tarea exclusiva los roles domésticos a las mujeres.

En estos momentos de emergencia, los gobiernos locales deben incorporar, en sus planes de desarrollo municipal, protocolos de género e inclusión para atender a la población de forma igualitaria.

El concepto de “quédate en casa”, debe incluir “mujer, quédate en casa segura y a salvo”, informando a las mujeres sobre los riesgos que enfrentan.

El Estado de Honduras debe crear más canales de comunicación para la denuncia de casos de violencia contra las mujeres mediante señales de alerta que permitan atender las emergencias, evitar que pierdan la vida e integrar a las organizaciones de mujeres en las mesas de toma de decisiones.

Construir una estrategia integral entre todos los sectores para reducir la vulnerabilidad de las mujeres en la emergencia.

Para María Luisa Regalado, directora de CODEMUH es urgente incrementar presupuestos para las Oficinas Municipales de la Mujer, así como contratar personal especializado en género.

En la presentación participaron organizaciones feministas, fiscales del Ministerio Público, coordinadoras de Oficinas Municipales de la Mujer y obreras de maquila.

La investigación estuvo a cargo de la consultoras Lourdes Ramírez y Daisy Bonilla.

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