Primero: El equipo de Reporteros de Investigación ve con intranquilidad y temor el ataque intimidatorio, mediante la figura de delitos contra el honor, en contra de la periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza.
Segundo: En cada gobierno, Dina Meza ha estado de frente al peligro por la incomodidad que causan sus críticas, el contenido de sus reportajes y su acompañamiento a casos de alto riesgo.
Tercero: Los contenidos de Dina Meza han sido expuestos en tribunales penales de Honduras cuando han servido de referencia en querellas contra personas formadoras de opinión pública, sin embargo, ningún gobierno había ejercido censura al extremo de utilizar los delitos contra el honor para amedrentar a la periodista.
Cuarto: No solo funcionarios del gobierno mantienen una campaña de desprestigio muy sútil contra Meza, en esta misma acción se pronuncian por redes sociales activistas de oenegés afines al gobierno que anteponen su interés particular a su ética del Derecho a Defender Derechos. A la fecha ninguna organización local de derechos humanos escucha a la periodista.
Quinto: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido en diferentes comparecencias que el Congreso Nacional aumentó las penas para castigar los delitos contra el honor mientras disminuyó las penas por corrupción.
Sexto: Hemos venido denunciando que las querellas son una figura de permanente intimidación utilizadas en Honduras sobre todo por asesinos de personas defensoras de derechos humanos, narcopolíticos y corruptos que bajo el argumento de que se vulnera su honor, pretenden llevar a prisión a la prensa.
Séptimo: Con el precedente de la condena contra David Romero Ellner se generó una práctica que expone a los periodistas a prisión, colocando a Honduras como un país peligroso para el ejercicio periodístico. Este es un país de periodistas muertos y de periodistas que viven en el exilio por la censura. El panorama no mejora.
Ante todo lo anterior, solicitamos al Congreso Nacional una vez más:
Despenalizar los delitos contra el honor y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE-CIDH) tomar en cuenta la situación de Dina Meza y de más de 20 periodistas más expuestos a prisión en Honduras.
