“Recuperar el dinero es muy complejo pero no imposible”

El Telegrafo com

Ella explica el plan de prevención contra la corrupción que se establecerá con el sector público y el privado. En el primero habrá convenios con instituciones del Estado y los empleados se capacitarán en prácticas honestas. En cambio, para los empresarios se creará la Lista Blanca de Proveedores, que exigirá cumplir con condiciones tributarias.

Está en la Plataforma Financiera de Quito y allí se cambia de una oficina a otra. Tiene en sus manos la Subsecretaría  General Anticorrupción.

Dora Ordóñez, cuencana, cuenta con dos profesiones: es abogada e ingeniera civil con un máster en Gerencia de Proyectos para Desarrollo. También ha sido concejala del Municipio de Cuenca y consejera de la provincia del Azuay.

Ordóñez no ha dejado de asombrarse por la magnitud de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Ella conversó con este Diario sobre ese tema, sus tentáculos y la prevención de la llamada plaga del siglo 20.

El Ejecutivo dejó 500 denuncias de corrupción en la Fiscalía. ¿Qué encontraron?

En los últimos años se evidenció una corrupción con la lógica de una mafia. Hemos investigado y estamos asustados con lo que hemos encontrado. Es impresionante cómo todavía tienen enquistados a personajes en las instituciones. Estamos depurando y hacemos un gran esfuerzo; no es fácil. La conformación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE) es un hito en la historia del país y nos permite ir hacia la prevención, que es  importantísima para luchar contra la corrupción.

¿Por qué están asustados de lo que encontraron?

Hay una trama vinculada a los proyectos estratégicos y emblemáticos con testaferros que hacen transferencias de recursos del exterior, con contratos inexistentes, sobreprecios, obras sobrevaloradas y de baja calidad. Los documentos y algunas pruebas de todo esto han sido remitidos a la Fiscalía. Pero esa entidad trabaja de manera independiente y la fiscal Diana Salazar ha dicho que no requiere de mayor apoyo que el de su propia voluntad.  Ella no está esperando lo que diga el Ejecutivo. Incluso, el presidente Lenín Moreno autorizó investigar sus cuentas y las de su esposa, Rocío de Moreno.  Lo mismo ocurre con el Legislativo, la Corte de Justicia y la Contraloría.

¿Han logrado detectar cómo actuó el correísmo en ese sistema mafioso que usted señala?

Es una verdadera mafia que ha sido difícil desinstitucionalizar. Sin embargo, no es imposible; ya se hicieron grandes esfuerzos, pero todavía falta tarea. Hay que recobrar la confianza de la ciudadanía en lo público porque eso es muy importante. Este Gobierno hace una lucha frontal contra la corrupción y la gente sigue sin creernos.

Guatemala, por ejemplo, ha recuperado bienes y recursos, y encarcelado a 1.000 exfuncionarios. En Ecuador hay críticas porque no se ven tantos resultados concretos.

Para todo se necesita decisión y voluntad política. La Comisión de Expertos empezó por esa voluntad política. El Presidente pidió ayuda a la ONU para combatir la corrupción. Esa Comisión, que tiene cinco miembros,  es un ente asesor a nivel de consejería. Su trabajo tiene dos fases: la primera es de tres meses y podría ampliarse a seis meses. La segunda, es de dos años porque ese es el tiempo que  le resta a este Gobierno. Sin voluntad política de las autoridades, no habría cooperación con las instituciones que investigan los casos de corrupción. Y la Comisión no podría ni generar recomendaciones. También hay un proyecto de ley importante: la de Extinción de Dominio, que fue planteada por la Fiscalía y que aún no se trata en la Asamblea. Esa propuesta señala que, a través de un proceso administrativo, se puedan recuperar bienes y productos de actividades ilícitas para destinarlos a actividades sociales. Eso ha funcionado en Colombia, que tiene una ley parecida y ha ayudado mucho. En Guatemala también trabajó una comisión internacional de la ONU para enfrentar la corrupción y uno de los integrantes de nuestra Comisión de Expertos es de ese país.

¿Cómo puede aportar la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción?

Son expertos que conocen el tema. Por ejemplo, Carlos Hernández, el guatemalteco, tiene mucha experiencia en la institucionalización de prácticas honestas y  en tareas de prevención contra la corrupción. También hay un punto importantísimo, las prácticas deshonestas no vienen solo del sector público, sino también del privado. Eso ocurre con el caso “Arroz Verde”, pues los recursos de los contratistas son privados. Allí hay corruptos acostumbrados a tener prebendas con los gobiernos, a cambio de entregarles dinero. Es necesario generar un compromiso por la transparencia con las empresas privadas. Hemos trabajado con la Cámara de Comercio Internacional para elaborar una Lista Blanca de Contratistas con el Estado que cumplan con condiciones tributarias; habrá un cruce de información entre el SRI y el IESS, y prácticas honestas.

Los ciudadanos creen que traer el dinero robado no debe demorarse tanto tiempo.

Estamos elaborando el mapeo de los recursos de la corrupción en el exterior. Hay una cantidad de testaferros que prestaron sus nombres para hacer empresas, aperturar cuentas y fingir ser contratistas. Ellos se enteran de los procesos de investigación y de la identificación de una cuenta en un paraíso fiscal y, enseguida, mueven esos recursos a otros paraísos fiscales. La recuperación del dinero también cuesta, hay que pagar a los peritos forenses, a los abogados y a los fiscales en otros países. Eso resulta costoso, sin embargo, a través de fideicomisos se pueden bajar esos gastos para el Estado. Además hay inversionistas extranjeros que pueden participar en esa recuperación del dinero, pero ellos se quedan con una parte de él. Recuperar el dinero es muy complejo, pero no  imposible.

Usted habla de la prevención contra la corrupción. ¿Cómo funciona?

El Gobierno ha querido marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Ese después es el futuro del país que está relacionado con la sanción a los casos de corrupción y con la prevención. Tenemos una campaña de educación de varios pilares. Uno de ellos se estrenará la próxima semana, se trata de un convenio llamado “Juego Limpio”, con el excandidato a la alcaldía de Quito, Juan Carlos Holguín. A él le pedimos utilizar el título de su libro para esa campaña en escuelas y colegios. Es importante ese segmento de la población. Por ejemplo, hay microcorrupción cuando un estudiante copia un examen. Eso se tiene que modificar porque no podemos normalizar la corrupción. En cambio, en lo público trabajaremos en un plan piloto con 10 instituciones y capacitaremos a  más de 3.000 funcionarios que deben pasar el módulo de prácticas honestas. (I)   

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