Se ha conocido la presentación el martes 23 de mayo del presente año, de una nueva propuesta de reforma migratoria por parte de un grupo bipartidista denominada Ley Dignidad, que buscaría reducir el arribo de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, mientras se ofrece vías de estatus legal para alrededor de 12 millones de inmigrantes indocumentados que residen en dicho país, comparte el licenciado Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco.
Denominada como la “Ley Dignidad” la cual establecería medidas más drásticas y penas más duras para la migración irregular, siendo presentada por María Elvira Salazar, congresista republicana y Verónica Escobar, congresista demócrata co-autoras de la medida presentada hoy.
En la exposición de la propuesta, se considera que la misma, tiene como objetivo sacar de las sombras a las personas inmigrantes indocumentadas, y que la misma no tendrá costo para los contribuyentes, indicando que incluye vías en las que los migrantes, deberán realizar pagos para acceder a un estatus legal en EEUU.
El proyecto de ley, considera la creación del “Programa Dignidad”, el cual otorgaría un estatus legal a personas inmigrantes indocumentadas, acompañada por una autorización de trabajo y viaje, teniendo una vigencia de 7 años con oportunidad de renovación.
Al leer la propuesta, se considera que para poder optar a dicho programa, los inmigrantes tendrían que realizar un pago de 700 dólares al año al gobierno federal de EEUU, para un total de 5.000 dólares en el tiempo que pueden beneficiarse del estatus.
Adicionalmente, las personas deberán aprobar una verificación de antecedentes criminales y pagar impuestos, se indica.
El objetivo de dicha propuesta, sería limitar el acceso actual de las personas migrantes indocumentadas a servicios públicos como hospitales y escuelas, y obligar a financiar sus propios seguros médicos o educación privada, mientras pagan por mantener su estatus legal en EEUU.
A la vez, se considera, implementar un programa de “redención” por 5 años que serviría de continuidad al “Programa Dignidad” y que permitiría a quienes cumplan con requisitos adicionales como servicio comunitario y tras el pago de 5.000 dólares adicionales, acceder a la ciudadanía estadounidense.
En el caso de los fondos percibidos, serían utilizados para el financiamiento de programas de reeducación para ciudadanos estadounidenses “que sientan que han perdido su trabajo a manos de un inmigrante”.
Esto es el principio para el inicio de reuniones y conversaciones entre representantes de republicanos y demócratas, para que se considere aprobar tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de EEUU, recordando que el tema migratorio, es político y que en año preelectoral, será muy difícil obtener la aprobación de la propuesta que se presenta.
