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Para dar paso a proyectos mineros reducen zona núcleo de la Montaña Botaderos

Desde el 2013,  los diputados mediante decreto cambiaron la extensión del área protegida.

Por: Jessenia Molina

Tocoa, Colón. Se repartieron la zona núcleo del parque nacional Montaña Botaderos, un área protegida, que forma parte del sistema montañoso de Honduras y que conecta con el corredor biológico Mesoamericano, que es el que abastece de agua el valle del Aguán, en la zona Atlántica.

El Congreso declaró la Montaña Botaderos como un área protegida en agosto de 2012. Esta nueva zona tenía 23,223 hectáreas pero un año después los diputados modificaron lo que habían aprobado. Con un decreto del 16 de diciembre de 2013, los diputados quitaron 217.34 hectáreas a la zona núcleo del área protegida. Se abrió la puerta a proyectos mineros en la zona que debía ser protegida por su riqueza natural.

“El Congreso Nacional modificó 217.34 hectáreas y coincidentemente son parte de la zona núcleo donde se van a establecer dos de los proyectos mineros. Han solicitado 100 hectáreas cada uno. O sea que la cantidad que se reduce es la cantidad que requiere la empresa para hacer esta explotación minera, que antes no lo podía hacer porque era parte de la zona núcleo” dijo Juana Esquivel, de la Fundación San Alonso.

Estos inversionistas que se dividieron el territorio son la empresa Emco Mining Company, ahora Inversiones Pinares. Su plan es extraer óxido de hierro de la tierra del Parque Nacional Montaña Botaderos.

Llega la minería.

Fue el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), quien otorgó el permiso de operación el 28 de enero del 2014, a la minera Inversiones Pinares para explotar por 10 años la montaña. Para otorgar esta concesión, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población del lugar tuvo que ser consultada sobre su aprobación al proyecto, pero quien tenía que hacerlo, la Alcaldía de Tocoa, no lo hizo.

Plantel mina ASP

Plantel mina ASP

Cuando la maquinaria llegó a la montaña y empezó a trabajar, el malestar creció en los poblados que no quieren perder la montaña y no aceptan a la mina. La acción aseguran ambientalistas, violentó el Convenio 169, que habla sobre el derecho a la consulta y que se incluye en la Ley de Minería, aprobada en 2013, donde establece que se debe hacer un proceso de consulta.

Los pobladores ante la desinformación, denunciaron y vecinos del sector San Pedro, protestaron. El único camino que les quedó fue negar el acceso a la maquinaria de la empresa por su caserío, pero pobladores de otras comunidades lo permitieron, a cambio de un pago por usar sus caminos.

Pero si ya la minera Inversiones Pinares les afecta, también la empresa Businness Devolopment Resources S.A, de capital hondureño, es otra amenaza, está explotando otra mina, la de El Venado. Las mineras dicen los pobladores “están destruyendo la zona”.

Según la Fundación San Alonso, en las visitas de campo realizadas en la zona de explotación comprobó que esta mina está afectando de forma directa a dos subcuencas: la del Río San Pedro y Río Tocoa, así como la microcuenca La Zumbadora ubicada en el sector de la Abisinia. También afecta el nacimiento de los ríos Cuaca, Guapinol, Monga, Miangul y Taujica que conforman la red hídrica que alimentan la vida de la población en la zona de montaña y el valle del Aguán.

Rio San Pedro

Rio Tocoa

“Ninguna empresa le va ir a decir a una comunidad los impactos ambientales que genera la minería, al contrario, le pintan el mundo de colores y ofrecen proyectos como escuelas, alumbrado, iglesias, canchas de fútbol, uniformes para los equipos, pero al final hay un impacto negativo”, dijo Juan López, coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

En Colón la mina divide, hay una lucha entre los que quieren cuidar los recursos naturales y los que quieren a la mina operando. Pero la mina está activa, se instaló, y ahora hay alerta por la instalación de una planta procesadora de la roca.

El permiso.

“Para otorgar el permiso de explotación, forzosamente se requiere la licencia ambiental porque si no estaríamos incurriendo en abuso de autoridad, y ellos lo cumplieron” dijo Danilo León, representante de Inhgeomin. Esa fue la explicación que dio esa instancia de Gobierno, sobre el otorgamiento de los permisos de exploración y explotación en la montaña Botaderos.

Pero para los vecinos del sector San Pedro, el proceso fue ilegal. “A nosotros no se nos consultó. No nos tomaron en cuenta, por lo que todo es ilegal. El alcalde dice que no tiene nada que ver, se lava las manos y él aprobó también que la mina explotara el cerro”, afirmó José Santos Hernández presidente del Patronato de la comunidad de Las Flores, del sector San Pedro.

Los pobladores, se tomaron carreteras, la alcaldía municipal, exigían un alto a la explotación minera, pero no provocó ningún cambio. Son dos concesiones la ASP 1 y ASP 2 que durante 10 años explotará la montaña. Mientras unos se resisten y otros avalan a la mina. “Estamos de acuerdo con la minera, esa empresa nos está ayudando con la construcción de la carretera, lo que nadie había hecho por nosotros”, expresó Julio César Hernández, Presidente del Patronato “de la comunidad San José de García del sector de La Laguna.

Protestas de las comunidades

Hay preocupación en la montaña Botaderos, son 15 comunidades de la zona que luchan por detener la minería, pero en el Congreso Nacional, se trabaja por una nueva ley y temen que eso abra más la amenaza de otras minas llegando a Colón. Los diputados aseguran que buscan en la nueva ley disminuir los impactos de la industria minera a gran escala y regularizar la minería artesanal.

“Se detecta que el efecto mayor de protestas se provocan con la minería en gran escala. Se ocupa crear el marco legal para todos los niveles de explotación. Esperamos tocar ese tema para tener mayor conocimiento y citar a las partes para revisar el marco legal. Las partes de área núcleo le toca el tema a Serna (Secretaría de Recursos Naturales), pero es un tema que debe abordarse y estamos comprometidos en aprobar una ley que responda a las expectativas de todos”; dijo el diputado Juan Carlos Elvir, de la Comisión de Minas e Hidrocarburos.

En total, según la Fundación San Alonso, son unos 100 mil habitantes, los que se ven afectados por las operaciones de la minería y por eso se opusieron al proyecto. El alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, se niega a realizar el cabildo para prohibir la explotación minera en el municipio. “Si se hace la declaratoria del municipio libre de minería. se estaría incurriendo en abuso de autoridad y no se pueden parar las operaciones de la empresa minera, por las demandas económicas que no estamos en la capacidad de asumir”, dijo el alcalde.

Otros municipios cercanos a Tocoa, también en el departamento de Colón, Santa Fe, Trujillo, Balfate, Sabá y Bonito Oriental ya prohibieron la minería. La falta de consulta a la población, la negación del alcalde a declarar el municipio libre de minería y la modificación de la zona núcleo aprobada por los diputados ha provocado que desde este año, la maquinaria esté cortando árboles y contaminando algunas de los ríos de la zona protegida.

Las comunidades de Guapinol, Ceibita, La Lempira y la Concepción ya no pueden consumir el agua del río cercano y su paisaje ha sido modificado, los árboles siguen desapareciendo. Son 64 concesiones que Inhgeomin ha procesado para exploración y explotación en el departamento de Colón para minería metálica y no metálica. Las concesiones se ubican en los municipios de Limón, Bonito Oriental, Iriona, Sabá Trujillo, Santa Fe, Balfate, pero Tocoa, es el más afectado con 42 concesiones y de esas, seis ya están siendo explotadas.

Dato

Movilizaciones realizan los pobladores de la comunidad de Guapinol y zonas aledañas que ya empiezan a sentir los efectos de la explotación minera. Desde el 1 de agosto, se instalaron en la carretera que conduce al plantel de Inversiones Los Pinares, donde se mantienen de forma indefinida. Quieren impedir el paso a empleados y maquinaria.


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