El Gobierno prefiere maquillar la crisis antes que enfrentar la corrupción en el turismo
Por Nazareth Gómez / Reportar Sin Miedo
Islas de la Bahía, Honduras. El video publicado el pasado 28 de enero por Verdederos, una pareja de viajeros checos comprometidos con el turismo sostenible, hizo lo que pocas voces en Honduras se atreven a hacer: exponer la decadencia ambiental y social de Roatán sin filtros ni discursos vacíos. Maltrato animal, contaminación devastadora que ha aniquilado dos tercios del arrecife y precios inalcanzables para los propios hondureños.
Un paraíso convertido en un negocio excluyente, diseñado para turistas extranjeros mientras las comunidades locales ven su hogar privatizado y destruido.
¿Puro maquillaje?
La reacción de las autoridades fue casi inmediata, pero no para atender la crisis, sino para maquillar la imagen del país. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) respondió con una publicación asegurando que han realizado decomisos y liberaciones en la isla.
Pero se destapó una verdad incómoda: las imágenes que usaron eran recicladas de operativos anteriores, no hubo liberaciones recientes, no hubo respuestas contundentes; solo una estrategia desesperada para calmar la indignación pública sin tocar el verdadero problema.
Cortinas de humo
En un intento por distraer la atención, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció con bombo y platillo el decomiso de guacamayas, monos araña y un venado cola blanca en Comayagua.
Sí, el tráfico de fauna es un delito grave en todo el país, pero ¿por qué usar este caso para desviar el foco de Roatán? La verdadera pregunta es: ¿por qué los centros de explotación de animales en la isla siguen operando impunemente?
Verdederos también puso sobre la mesa la gentrificación y el turismo voraz que privatiza playas, destruye ecosistemas y deja a las comunidades sin acceso a su propia tierra.
¿Quién se está beneficiando realmente del turismo en Roatán? Claramente no son los hondureños. Mientras el Gobierno vende la naturaleza al mejor postor, la gente local pierde su derecho a disfrutar de sus playas, a vivir en un ambiente sano y a participar en un modelo de desarrollo que no los excluya.
Sin leyes, el tráfico sigue operando
El escándalo ha traspasado fronteras. Desde otros países de Centroamérica han comenzado a denunciar crisis ambientales similares. Mientras tanto, en Honduras, la ausencia de leyes fuertes y refugios adecuados permite que, aunque se decomisen algunos animales, los mismos centros de explotación sigan operando con nuevos ejemplares, como ya lo reflejan las reseñas en Google.
El mensaje de Verdederos es claro: ignorar estos problemas no los hará desaparecer. Pero parece que el Gobierno y la industria turística prefieren tapar el sol con un dedo en lugar de tomar acciones reales.
¿Cuánto más tiene que colapsar el ecosistema antes de que se decidan a actuar? Honduras no puede seguir construyendo su futuro sobre un modelo de turismo depredador que destruye su propia riqueza natural.
