Emelly Milla
Tegucigalpa. – La Plataforma Amplia Nacional Liberadora (PANAL) y la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) realizaron el sexto dialogo ciudadano para concientizar a la población ante los problemas nacionales y clarificar dudas que surgieron ante la aprobación de la nueva Ley Especial de la Junta Nominadora.
Posteriormente a la aprobación de la nueva ley, surgieron múltiples reacciones por parte de diputados, abogados y organizaciones, dejando en claro el descontento y rechazo de unos, y la satisfacción y esperanza de otros. Ante esas reacciones, surge la necesidad de conocer la opinión de expertos en el tema y acercar esos análisis a la sociedad, para que puedan conocer a profundidad sobre el proceso que se llevó a cabo al momento de la aprobación y qué se espera para un futuro, si dicha ley tiene éxito.
Jimena García, miembro de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), compartió que el proyecto de ley surgió desde la Organización Ayudemos Honduras (OAH) cuando la directora ejecutiva, Gabriela Blen, convocó a movimientos y a organizaciones para implementar esta propuesta de ley, y de esa forma fortalecer la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). García, reafirmó que la ACTJ busca que el proceso de selección de magistrados “no sea manejado de una manera partidaria”.
El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, coincidió con García, cuando expresó que Honduras no necesita magistrados que tengan compromisos partidarios, sin embargo, si es necesario que tengan un compromiso político para tener una visión más clara de su entorno y saber qué acontecimientos se están planteando en la sociedad.
Orellana expresó que: “Decir que un juez no va a tener una ideología o un entusiasmo político es un error. Lo que no necesitamos es una Corte Suprema partidaria, eso es lo que no queremos. Una Corte Suprema que responda al Partido Nacional o al LIBRE o a Salvador de Honduras, pero sí queremos magistrados políticamente comprometidos con las grandes metas y objetivos del país”.
En cuanto a la forma en la que se elegirán los nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia y los avances con la nueva ley, el ministro comentó que muchas personas han tenido dudas en la efectividad de la ley, debido a que miembros partidarios han aludido que “es más de lo mismo”.
“Estamos ante un hecho demasiado trascendental, y es la construcción de derecho. Los políticos saben que una corte con magistrados independientes es una amenaza para ellos y por eso querían destruir la iniciativa de ley”, afirmó, Orellana.
Asimismo, resaltó la labor de la abogada Maribel Espinoza, por agregar una salvaguarda en el artículo 15; el cual consiste en una declaración jurada que los postulantes a magistrados deberán hacer, confirmando que no cuentan con una investigación en curso o acusaciones en materia penal.
De comprobarse que existió mentira en la juramentación, estos incurrirán en un delito y la Junta Nominadora podrá enviar el expediente para ser procesado penalmente y así, quedaría inhabilitado para ser magistrado. Pese a ser “optimista” en relación con este artículo, sin embargo, existe el riesgo que un “abusador” llegue a la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a la matriz, Orellana, compartió que le “habían bajado la puntuación a la ética y a la integridad y le subieron la idoneidad”, añadiendo: “Solo nos revela una cosa, que en nuestro país los políticos están convencidos que nuestra sociedad no es íntegra ni ética”. Además, señaló que los abogados inconformes a la matriz es una situación “subjetiva”, señalando que no son íntegros, ni éticos.
Ante la posición de la votación por parte de las diputadas para modificar la nueva ley para que puedan postularse personas que tengan una sentencia en primera instancia, el doctor Orellana, mostró su preocupación debido a la posición que tomaron, dado que con esa decisión no estaban apoyando a su género sino ayudando a que violadores o abusadores lleguen a la Corte Suprema de Justicia; por lo que genera inquietud que mujeres así sean parte de esta. “Me preocupa una cosa, que esos cantos de sirena de la equidad de género que se han dicho desde los colectivos feministas, sea una simple bandera demagógica”, dijo.
Por otra parte, Nora Schmid, directora de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dio a conocer la importancia que tiene para el sector privado que la Corte Suprema de Justicia sea independiente. Expresó que: “Estamos convencidos que sin reglas claras y sin una correcta aplicación de la justicia no vamos a tener más inversión extranjera, eventualmente, la que ya tenemos se podría ir”.
Schmid, consideró que la nueva ley es algo positivo para el país: “La junta nominadora es la clave y nos queremos enfocar en escoger los mejores hombres que compondrán la junta nominadora”. La CCIC, está solicitando que se firme un pacto de integridad y transparencia entre las 7 organizaciones que forman parte de la junta nominadora.
La directora, informó que Honduras se encuentra en las últimas 10 posiciones en la lista del Proyecto de Justicia realizada en el 2021, la cual tiene como misión “trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo”. demostrando que el estado de derecho en el país es débil. “Nosotros tenemos la oportunidad en este momento de poder subir ese índice el cual nos va a permitir atrae mejores inversionistas, mejores empleos y detener un poco ese flujo de migrantes tan grande que producimos en Honduras”, afirmó.
Jimena García, aclaró que con la nueva ley ellos pretender defender al país y altos buscan altos estándares de justicia, para corregir los antecedentes de como la Corte Suprema de Justicia ha sido repartida entre partidos políticos, lo que causa impunidad en dichos partidos. “No estamos diciendo que los políticos son malos. Nuestra posición no va orientada a una discriminación de los políticos partidista, sino a un fortalecimiento de los profesionales que pueden postularse y que no tiene estos vínculos que pueden generar, eventualmente, compromisos con sectores de interés”.
Referente a la CICIH, el doctor Edmundo Orellana dijo que no veía ningún inconveniente para que Naciones Unidas la instale en Honduras, pero que ellos pueden encontrar otras dificultades como ser las leyes del código penal.
Orellana, afirmó que si las Naciones Unidas llega a la conclusión de que las elecciones no fueron transparentes allí “la responsabilidad va a ser de las organizaciones que mandaron a sus representantes de la junta nominadora porque allí es donde se va a frustrar el anhelo del país por transformar este país. No en el congreso, sino en la junta nominadora, porque a ella se le ha dado las herramientas para aplicarlas, unas técnicas de investigación adecuadas, unos factores de ponderación que no se puede salir y si se apegan a ella, a esas reglas lo que vamos a obtener son 45 magníficos profesionales, hombres y mujeres, que nos puedan representar en la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, el ministro Orellana recordó que la ciudadanía tiene desconfianza en el proceso de selección. También, incentivó a los abogados para que participen en el proceso, de forma que este se mejore y se pueda cambiar el sistema, recalcó que todos debemos contribuir y participar para poder ver cambios en la nación.
