Ante la CIDH documentan casos que posicionan a Honduras como uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa de derechos humanos
Por José Manuel Serén / Reportar Sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos en América Latina para la defensa de derechos humanos, afirmaron varias instituciones tras abordar la situación del Mecanismo de Personas Defensoras.
Entre enero del 2021 y septiembre de 2023 se registró el asesinato de 36 personas defensoras de los derechos humanos y cuatro periodistas, según datos que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En reunión con la CIDH se analizaron ese y otros aspectos del Mecanismo Nacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras.
Las instituciones reunidas concluyeron que es urgente un sistema nacional de protección diligente y garante de los derechos, integridad y vida de las personas defensoras en Honduras.
Sin embargo, el país se enfrenta al debilitamiento institucional y a respuestas insuficientes a las necesidades de los defensores. De hecho, la aplicación de las respuestas los expone a más riesgos.
1/4 El Estado de Honduras compareció a una audiencia temática sobre “Derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y mujeres con discapacidad en Honduras”, en el 188 periodo de audiencias públicas de la @CIDH pic.twitter.com/3dWK0e0Vs8
— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) November 9, 2023
Debido a esta situación, las organizaciones convocaron a audiencias ante la CIDH con participación de voces expertas y beneficiarias del Mecanismo de Protección de Honduras y otros países de Mesoamérica.
El objetivo de la cita era discutir la institucionalidad, operación y mantenimiento de los mecanismos. También hablar sobre condiciones y facilidades para garantizar la protección de la vida e integridad de defensoras de derechos humanos.
El quinto país más letal
Liliana Caballero, del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil), pidió garantías pertinentes y no represalias contra personas defensoras, familiares y organizaciones debido al alto riesgo por exposición en el desarrollo de este espacio.
Entre enero de 2021 y septiembre de 2023, al menos 36 personas defensoras y periodistas en Honduras fueron asesinados, informó Caballero.
De esta manera, Honduras se convierte en el quinto país más mortal del mundo para defender derechos humanos, hacer periodismo independiente y combatir la impunidad.
Caballero agregó que el país no ofrece condiciones seguras para esta labor y además identificó patrones de criminalización, hostigamiento y amenaza contra quienes denuncian y visibilizan las violaciones provenientes del Estado.
Asimismo, Nadia Mejía, del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, manifestó que la CIDH reconoció que Honduras es responsable internacionalmente de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente.
Estas muertes violentas sientan un precedente para construir una institucionalidad que proteja de manera contundente de la violencia sistemática y generalizada contra personas defensoras de derechos humanos en el país.
La representante del Equipo Jurídico recalcó que los asesinatos de ambientalistas como Carlos Luna, Carlos Escaleras y Janeth Kawas establecen los patrones de violencia letal que las organizaciones de derechos humanos siguen documentando y denunciando sin tener una respuesta eficaz del Estado hondureño.
Mejía manifestó que estas situaciones graves dieron paso para que en 2015 surgiera el Mecanismo de Protección en Honduras.
La institución se creó bajo el amparo de la ley de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia. Se trata de una oportunidad de responder a las necesidades históricas de estas personas.
Sin embargo, Mejía manifestó que el sistema tiene muchos obstáculos que impiden su debido funcionamiento. Asimismo, la desatención generalizada impacta negativamente en la seguridad y en la vida de quienes trabajan en la defensoría en Honduras.
Un Mecanismo incompetente
El Mecanismo de Protección en Honduras es incompetente, denunció ante la CIDH el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Walter Díaz, representante del Movimiento, comentó que la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público deben participar en el funcionamiento del Consejo Nacional que controla el sistema de protección.
Según Díaz, también deberían participar en el proceso instituciones como el Poder Judicial, la Procuraduría General, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa.
El representante del Movimiento Amplio denunció ante la CIDH que no hay corresponsabilidad institucional, ya que no asisten a las sesiones del Consejo Nacional o envían representantes sin capacidad de tomar decisiones.
Además, Díaz mencionó la ausencia de representantes del gobierno hondureño que impactan directamente en la toma de decisiones y obstruyen un trabajo eficaz y eficiente.
“Se acentúa la desconfianza de personas beneficiarias y usuarias del Mecanismo de Protección al notar una institucionalidad endeble y con poco respaldo del gobierno. Falta autonomía de la Dirección General del Sistema de Protección, limita su capacidad para la adopción de decisiones sobre desembolsos, contrataciones, gastos operativos y gestión de las organizaciones solicitantes”, señaló.
Según Díaz, el Mecanismo ha sido insuficiente para cumplir con sus obligaciones de ley, ya que su esquema de financiamiento es incompetente porque no está en el presupuesto general. Eso dificulta la implementación y seguimiento de medidas de protección.
Díaz recalcó que el comité técnico no sesionó de octubre del 2022 a junio del 2023, lo cual detuvo los casos y las evaluaciones y perjudicó la ejecución de planes de protección.
El problema se agudiza en febrero y agosto del 2022, cuando se documentaron una serie de despidos masivos del personal del Mecanismo.
Los despidos ejecutados por la ministra de Derechos Humanos generaron sobrecarga operativa e hicieron imposible gestionar todas las responsabilidades por múltiples casos.
La sobrecarga paralizó casi del todo los dispositivos de protección e imposibilitó que las unidades especializadas realizaran análisis de riesgo, más que todo en territorios indígenas y campesinos.
Hasta la CIDH llegó Reynaldo Barahona, del pueblo tolupán, quien mencionó su preocupación por la precariedad de los análisis de riesgos en el terreno. También denunció la falta del monitoreo de medidas otorgadas.
Barahona exhortó a evaluar la probabilidad de un peligro o agresión para una persona defensora, grupo o comunidad y no como historial de incidencias de seguridad. Ello se debe a que los esquemas de protección del Mecanismo carecen de enfoque integral, análisis diferenciado y distinción interseccional.
Según el líder originario, las propuestas se reducen a la presencia policial y los planes de protección no abarcan las características específicas de la persona defensora o los grupos.
Barahona expuso la necesidad de garantizar medios y personal suficientes para las necesidades en los territorios. Además exigió respetar los derechos de poblaciones indígenas y afrohondureñas para asegurar una mejor intervención en el otorgamiento y seguimiento de medidas de protección.
Agregó que esta instancia carece de recursos tecnológicos suficientes, como equipo de cómputo y teléfonos móviles, para contactar a las personas que se mantienen en riesgo en los territorios.
El líder tolupán dio conocer a la comisión que el Mecanismo no cuenta con condiciones óptimas para su trabajo. Esa situación, señaló, hace que los equipos de confidencialidad respondan con poca eficiencia a los casos.
Barahona apuntó cómo estos problemas repercuten en la vigilancia del contexto de riesgo y en la implementación de medidas para preservar la vida de las personas defensoras, periodistas independientes, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Siete defensores asesinados en dos meses
En 2019 se registraron dos asesinatos de defensores indígenas en San Francisco de Locomapa, reveló Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog).
Lara destacó los altos índices de violencia, pues sólo de enero a febrero del 2023 fueron asesinados siete defensores en la zona norte del país.
El 7 de enero perdieron la vida dos defensoras del río Guapinol y el 20 de enero asesinaron al presidente de la Cooperativa Campesina Los Laureles en el Aguán.
En el 2023 se ha criminalizado a defensores de los ríos Guapinol, Bonito y Gilamito. También a habitantes de Nueva Armenia, Chachahutes, Sambo Creek y Corozal.
Asimismo, el 28 de enero murió violentamente un integrante del Comité de Defensa de la Tierra de la comunidad Triunfo de la Cruz y el 13 de febrero fue asesinado el fundador de la empresa campesina Gregorio Chávez junto a su hijo, también en el Aguán.
Lara expuso que en todos estos casos fueron asesinadas personas bajo medidas de protección de la CIDH.
“El Mecanismo de Protección no actuó con diligencia el trámite de medidas de protección para prevenir hechos de violencia que atentan contra la vida de personas defensoras. No hay quien asuma institucionalmente la protección en los territorios”, lamentó.
El representante de Asonog agregó que en el 2023 se ha criminalizado a defensores de los ríos Guapinol, Bonito y Gilamito. También a habitantes de Nueva Armenia, Chachahutes, Sambo Creek y Corozal, así como a la comunidad lenca de Reitoca y Tierras del Padre.
Según Lara, algunas de las causas del miedo, violencia e impunidad son los conflictos socioambientales por la minería, las represas hidroeléctricas y la deforestación.
Además, mencionó que la agroindustria, los megaproyectos, el extractivismo, el narcotráfico y la seguridad privada desencadenan falta de institucionalidad, asesinatos, intimidación, criminalización y desplazamiento forzado.
Lara señaló cómo esta situación va más allá de la afectación a personas. Se trata, afirmó, de una represalia que amedrenta a quienes ejercen defensoría, comunicación y justicia.
Ante la CIDH, exhortó a fortalecer el Mecanismo y consolidarlo para proteger la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el combate contra la impunidad.
¿Quién atiende a las mujeres con discapacidad?
Juana Ramona Zúñiga, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, pidió garantizar la participación activa de instituciones estatales en la toma de decisiones.
Asimismo, solicitó asegurar recursos financieros para cumplir las obligaciones del Sistema Nacional de Protección y cubrir las necesidades operativas y materiales del Mecanismo de Protección, como instalaciones y equipos.
Además exigió personal capacitado para el Mecanismo y fortalecimiento sostenido en enfoque de género, interseccionalidad y territorialidad, así como derechos del pueblo indígena.
Por último, Zúñiga pidió asegurar la independencia económica y política del Mecanismo para proteger a personas defensoras, periodistas independientes y luchadores contra la impunidad.
En cuanto al sector discapacidad, las niñas y mujeres de la región afrontan marginación institucional, confirmó ante la Corte la defensora de derechos humanos Karina Flores.
La integrante del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Capradi) denunció cómo estas poblaciones también sobreviven a restricciones en salud y derechos sexuales y reproductivos, además de maltratos psicológicos.
Por otro lado, el defensor de derechos humanos y representante de sociedad civil Christian Murillo manifestó cómo niñas y mujeres con discapacidad sufren maltratos físicos y psicológicos, explotación y abuso sexual incluso cuando están bajo la protección del Estado.
“Han sido víctimas de un sistema patriarcal que las ha expuesto a la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo.
Murillo lamentó que la atención médica para niñas y mujeres con discapacidad sigue siendo un desafío, a pesar de que hay un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.
2/4 La audiencia fue solicitada por el @caprodihn que expuso la problemática en el tema, la audiencia encabezada por la secretaria de Derechos Humanos, @RoqueNatalie, además, compareció la @PGRHonduras, la @saludgobhn, la @Sedesolhn y la @semujer_hn. pic.twitter.com/G6CfusdfXw
— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) November 9, 2023
3/4 En su participación, la titular de la SEDH manifestó que el Gobierno Solidario de la presidenta @XiomaraCastroZ atraviesa por un enorme desafío, en cuanto a la lucha por una educación sexual integral y por la ejecución de las políticas públicas en la materia. pic.twitter.com/WgL9viOV0S
— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) November 9, 2023
Por todo lo anterior, es imperativo abordar esta problemática en un contexto de acceso a derechos.
La discriminación y vulnerabilidad en derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad contradicen las directrices del Comité de Discapacidad ylos objetivos 2030.
Según el Ministerio Público, el 54% de los embarazos no deseados son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Asimismo, el Centro de Derechos de la Mujer (CDM) señaló que 23,180 mujeres enfrentaron maternidad forzada sólo en el 2020.
Las estadísticas anteriores reflejan la invisibilidad de niñas y mujeres con discapacidad.
Honduras sigue luchando contra la debilidad institucional en el acceso a derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad en el sistema de salud público y privado.
🇭🇳#Honduras: más de 15 orgs. nacionales e internacionales participamos en audiencia ante la @CIDH sobre el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos
— The Observatory (@OBS_defenders) November 10, 2023
📢 Pedimos al Estado cumplir con sus nuevos compromisos #MecanismoQueProteja
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En el caso de esta carencia, el principal obstáculo es la falta de infraestructura y servicios adaptados a las necesidades específicas de este grupo. Asimismo, la falta de accesibilidad de las instituciones médicas obstaculiza el acceso a servicios de calidad.
Es fundamental garantizar la igualdad de condiciones, independientemente de la capacidad, identidad, orientación sexual y edad, para cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los objetivos de desarrollo sostenible 2030.
