Las detenciones ilegales son el punto de partida de un proceso que puede llevar a la cárcel a una persona sin que sea responsable de cometer el delito del que se le acusa. La falta de investigación, carencia de pruebas, tortura o amenazas, son algunas características detectadas en las denuncias de fraudes procesales en donde la víctima no existe. Este es el testimonio de una psicóloga que enfrentó un procedimiento policial irregular, un proceso judicial y hasta estuvo en la cárcel por un delito que no cometió. 

La tarde en la que Ivy Gutiérrez fue llevada a la delegación policial, del 911 de Sonsonate, no entendía por qué había una acusación de robo en su contra.

“¿Vos por qué estás aquí?”, le preguntó el oficial de la delegación que tomó sus datos personales en la entrada. Dos horas antes había sido detenida por dos policías, a unas calles de su trabajo, cuando salía por su almuerzo.

Ivy, sentada frente al oficial, insistía en que lo único que sabía era que un señor la acusaba de haberle robado. Creía, en ese momento, que todo se trataba de un mal entendido, o eso defendía. Pero en la delegación, los policías le hicieron ver que el supuesto delito cometido era otro.

“Cuando me tomaron la foto, por el letrero me di cuenta que yo estaba detenida por extorsión”, relató a GatoEncerrado.

Ese 11 de febrero de 2016, Ivy Gutiérrez fue acusada de extorsionar desde su celular.  

Tenía 28 años, un título en psicología y un trabajo como asistente administrativa en una empresa a la que ya había presentado su renuncia.

Tres días después, cuando enfrentó la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó unas fotografías, que presentó como pruebas de la acusación. En las imágenes, aparecían enmarcadas las manos de Ivy sujetando un sobre, supuestamente con el dinero de la extorsión.

En esa audiencia, sin embargo, los fiscales no presentaron el paquete, ni videos donde se identificara, ni la supuesta denuncia de la víctima extorsionada.

“La fiscalía llevaba fotos que me tomaron el día de la captura y en el momento que me devolvieron el celular y el DUI. Me toman fotos y dicen que es cuando yo estoy agarrando dinero en un sobre con la extorsión”, contó.

La asociación defensora de derechos humanos Azul Originario (Azo), explicó a GatoEncerrado que detenciones como las de Ivy, que se hacen de forma infraganti, entran en un marco de fraudes procesales que pueden llevar un “sesgo”, ante la falta de una orden administrativa y que no siguen procesos de investigación previos a la captura.

“En estos casos hay una escasez de pruebas contundentes: las pruebas que se presentan están mal hechas, algunas en Power Point. Hay otros casos en donde no hay pruebas para la detención”, aseguró Wendy Morales, coordinadora de Azo.

Azul Originario detalló que cerró 2019 con 23 casos en su registro y a los que ha dado acompañamiento. Gran parte de los procesados son hombres. Estos casos están “relacionados con policías que realizan fraudes procesales”. La mayor parte de estos son del occidente del país, personas detenidas en zonas rurales de Tacuba, Atiquizaya, San Lorenzo, en Ahuachapán; Lourdes, La Libertad y Sonsonate.

Para Manuel Escalante, asesor de la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el fraude procesal se ha convertido en una constante que ha estado presente en buena parte de los casos que han acompañado o asesorado.

Señala que los litigios tienen un componente de detención ilegal, aparejada con otros más como la tortura, tratos crueles, como inhumanos o degradantes.

“Y si existe una reacción de parte de la persona detenida, exigiendo sus derechos o denunciando, se termina de cerrar el círculo con los fraudes procesales”, sostuvo.

En estos casos, la autoridad policial acusa a una persona de haber cometido un delito, de haber participado, o la incluyen en los “reportes de inteligencia” para detenerla en capturas masivas.

Para entrar en detalles, Escalante mencionó un caso paradigmático de fraude procesal, manejado por el IDHUCA en 2018 e incluido en su informe anual, relacionado a un joven que fue torturado por policías en La Paz. La víctima terminó en un hospital, 25 días en coma, con las costillas rotas y el cráneo destruido.

Su madre interpuso una denuncia contra los agentes, pero de inmediato el joven recibió intimidaciones y una acusación de haber violado a una menor. Mientras era procesado por violación, los agentes que casi lo matan seguían en libertad. Tiempo después, ante la falta de pruebas, además de que la supuesta víctima negó los hechos, el joven fue liberado por un juez. El IDHUCA ganó el caso y logró probar la culpabilidad de los agentes. 

El abogado Escalante asegura que casos como los de este joven pueden llegar, incluso, a terminar en un asilo en otro país, ya que al quedar en libertad se corre el riesgo de que las intimidaciones continúen.

“(El caso) no era un asunto ni de efectividad policial, sino de abuso de poder”, comentó Escalante.

El pasado 11 de enero, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) realizó un pronunciamiento público en el que expresó su preocupación respecto a las considerables denuncias que han recibido de abusos de autoridad de parte de algunos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el ejercicio de sus  funciones. Las denuncias llegan por detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas, amenazas, tortura e implantación de falsas evidencias.

“Algunas veces presumiendo el delito sin ninguna autoridad que ampare”, citó la comisión en el comunicado divulgado a medios.

Dentro de las peticiones, en las que si bien destacaron la labor de los buenos elementos, exigieron al gobierno realizar una depuración de los agentes “que más daño hacen a la institución” e instaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a mantenerse vigilante.

Unas 200 denuncias han llegado a Azul Originario, entre 2016 y 2018. Esos números encienden las alertas. Wendy Morales, sin embargo, sostiene que una dificultad que ve para que los casos de este tipo sean expuestos es que no siempre las víctimas están dispuestas a denunciar formalmente cuando han sufrido un fraude procesal.

“Para denunciar el hecho, hay que denunciar al policía y meterse con eso, tanto para la familia como para nosotros, es complicado (…) con justas razones”, dijo Morales.

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Entre audiencias aplazadas y un juicio que nunca llegaba

En las bartolinas de Sonsonate, Ivy se había convertido en la psicóloga del resto de mujeres que se encontraban en iguales o peores condiciones que ella. Las escuchaba a diario, se apilaban. Un minúsculo espacio se había convertido en consultorio. Desde que supieron que era psicóloga, la aprovecharon cada minuto. No importaba si las mujeres estaban vinculadas a la pandilla MS o al Barrio 18, ella era el punto neutro para hablar.

Así pasaron cuatro meses, a la espera de audiencias que fueron suspendidas en reiteradas ocasiones ante la ausencia de fiscales. Es en este punto que Azul Originario llama a poner atención: en cómo los aplazamientos de audiencias son una de los mayores obstáculos que se presentan para lograr que los procesos avancen.

“Nosotros nos preparamos, el abogado se prepara para la audiencia y se aplazan. También la burocracia del sistema blinda que las personas puedan salir pronto”, sostuvo la coordinadora de Azo.

Ivy Gutiérrez, luego de apelaciones de la fiscalía para que ella continuara en detención, logró que un juez declarara sobreseimiento provisional por un año, mientras continuaban las investigaciones: podía llevar su caso en libertad siempre y cuando se presentara a firmar cada 15 días al juzgado y no salir del país.

Fue hasta 2018 que pasó a juicio. La fiscalía pedía 11 años por el delito de extorsión. Ivy, por su lado, se había acompañado de un defensor particular. Durante las ocho horas que duró la vista pública, la jueza no encontró suficiente prueba para determinar su culpabilidad.

“Los fiscales llevaron al investigador y a otro policía a decir que yo había llevado a recoger el dinero con los billetes seriados. No hay víctima, no se presentó y las antenas del teléfono extorsionado con el extorsionista están juntas”, contó Ivy.

Fue en el instante de la detención, según dijo, que le quitaron su celular. Cuando se lo regresaron, el aparato ya venía con un número registrado a nombre de “Baby”, que es por el que fue inculpada del delito. 

La jueza deliberó cinco días después del juicio. No encontró pruebas suficientes, por lo que la absolvió del delito. Pero a los días, le fue notificado que la fiscalía apeló ante la Cámara de Sonsonate: pidió la anulación del juicio y que su caso pase a otro juzgado.

Más de un año ha pasado desde entonces. Aún no puede sentirse en libertad, no hasta que la Cámara de Sonsonate resuelva. “La Policía me hizo el montaje del delito, nunca voy a dejar de repetirlo”, en eso encierra lo ocurrido.

Ivy Gutiérrez ahora tiene 31 años. Desde que salió de las bartolinas, su tiempo es un vaivén de proyectos cortos, a los que ha llegado por amistades y periodos de desempleo.

“Ha sido difícil. Siempre fui buena estudiante, buena hija y tengo un montón de buenas referencias (…) pero no trabajo formal”, lamentó y agregó: “He pasado todo un año con el miedo, en otras ocasiones (la cámara) ha resuelto a favor de la fiscalía. Si esta vez resuelve a favor, me van a mandar juicio otra vez”.  

El defensor del IDHUCA, Manuel Escalante, hace énfasis en que se debe prestar atención a la corporación policial con respecto a las detenciones ilegales, pero también subraya una posible falla en el control preventivo del trabajo fiscal. En otras palabras: en los casos en los que el juez al final desestima la acusación, es decir, el declarar inocente a alguien o declarar que no hay suficientes pruebas, “lo que está diciendo es que la fiscalía hizo mal su trabajo”.

Pero este mal trabajo al que se refiere Escalante no radica en perder el caso, sino a esa falla en la investigación: “Es que hay casos que ni siquiera se tuvieron que haber presentado, porque la Fiscalía desde el inicio, quizá, sabía que la persona era inocente”.

Proceso común

Este es un resumen de lo que ocurre (o lo que debería ocurrir) en un proceso judicial común, según el Código Procesal Penal.

DETENCIÓN

Por orden de captura o flagrancia. Es lo primero que ocurre en un proceso judicial común.

REQUERIMIENTO FISCAL

Fiscalía cuenta con 72 horas desde la captura para presentar el requerimiento ante el Juzgado de Paz

AUDIENCIA INICIAL (JUZGADO DE PAZ)

Se valoran los indicios que pasarán a la etapa de instrucción. Si la persona detenida pasa a instrucción, se determina detención provisional o libertad condicional

AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN O AUDIENCIA PRELIMINAR

Se valoran pruebas para pasar a juicio

VISTA PÚBLICA O JUICIO

Valoración de la prueba que observa el tribunal de sentencia. Se decide si hay condena o si se absuelve a la persona imputada

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