En su informe final sobre la veeduría al proceso electoral, Honduras 2017, la Coalición de Observación Electoral No Partidaria (ON-26), plantea que la crisis política generada durante y después del proceso electoral 2017, revela claramente la necesidad de realizar una profunda reforma integral del sistema político-electoral en el país. Esta reforma debe ser integral y, sin limitarse a los asuntos puramente electorales, debe abarcar al sistema de partidos políticos y al sistema político en general.

ON-26 es una instancia independiente integrada por la Pastoral Social Cáritas Honduras; el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH); el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH); el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH); el Grupo Sociedad Civil (GSC); la Red Lésbica Catrachas; y Sien Comunicaciones, apoyada técnica y financieramente por el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés). 

Dentro de las propuestas de reformas, ON-26 pide aclarar y regular el tema de la reelección presidencial, crear y aprobar la segunda vuelta electoral y el mandato revocatorio para que a través de un referéndum el pueblo pueda destituir a los burócratas de altos cargos que no cumplen con las funciones asignadas, son entre otras las conclusiones del Informe final.

La coalición también plantea la Ley de Identidad de Género para que una persona pueda participar con el nombre que asume por su nueva identidad sexual; la reglamentación de la alternancia desde las elecciones primarias y la limpieza profunda y rediseño del Censo o Padrón electoral. 

Asimismo que en base a ley, el TSE de oficio o a petición de parte, aplique sanciones y ponga a disposición de la Ley a aquellas personas que impidan el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivo de orientación sexual o identidad de género de las personas que aspiran a cargos de elección popular. Para fortalecer la institucionalidad precisa además la creación del Tribunal de Justicia Electoral para asegurar la celeridad y la confianza en la resolución de impugnaciones en los ámbitos electorales.

ON-26 propone además, la transformación completa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), convirtiéndolo en una institución debidamente representativa, despolitizada partidariamente y, fundamentalmente, técnica y profesional; asimismo, la limpieza profunda y rediseño del Censo o Padrón electoral; la ciudadanización de las mesas electorales y el estudio y la creación de los distritos electorales.

En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, ON-26 recomienda la regulación de los recursos del Estado en las campañas, el control riguroso y efectivo de la financiación de los partidos políticos, y la regulación y el uso equitativo de espacios en los medios de comunicación.  

Sobre los partidos políticos demanda una nueva ley de partidos políticos que fortalezca la democracia interna, para que todas estas instituciones partidarias cumplan adecuadamente con su función política y social. En materia de planes de gobierno y ofertas electorales, propone diseñar formatos sobre lo que deberían contener las propuestas.

A las organizaciones ciudadanas sugiere generar e incorporar mecanismos  de vigilancia articulados, integrales y sistemáticos, y a los medios de comunicación, que establezcan mecanismos éticos de auto control.

Después de esta auditoria, ON-26 -que adopta este nombre por la fecha de las votaciones-, señala que es necesario construir un piso de legalidad que genere gobiernos incluyentes, pero también responsables, y honestos, mejores reglas del juego, más diálogo, más honestidad de los políticos,  mayor eficacia para gobernar y una política de consensos y de acuerdos liderada por la concertación de las fuerzas políticas sin que esto signifique un pacto entre las élites políticas. 

Por el desprestigio de las instituciones y por el descuadre en el modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, y genera graves dificultades de legitimidad,  urge un  diálogo que genere inicialmente un consenso político básico, sin embargo alerta que “persiste el riesgo de que los partidos políticos y los actores sociales se desgasten y profundicen la crisis, con agendas superficiales que no atacan los problemas de fondo, diálogo que tarde o temprano dejará a todos insatisfechos.

Recalca que Honduras “está altamente polarizada y se vuelven cada vez más complejas las salidas y la búsqueda de soluciones, que pasan, indefectiblemente por retomar los pesos y contrapesos de la democracia para definir los límites al poder. Ello pasa por rescatar y rehabilitar el consenso político en todas y cada una de sus dimensiones, evitando que los espacios de diálogo y de acuerdos se achiquen más de lo que están”. 

Recuerda  que “el cierre de esos espacios, combinados con la centralización del poder y el uso político-partidario de los órganos de seguridad, son ingredientes volátiles que aumentan la probabilidad de escenarios de violencia política. 

Finaliza señalando que en Honduras aún estamos a tiempo para disminuir las tensiones, si la sociedad y el Estado toman medidas preventivas orientadas a una cultura de participación ciudadana, de diálogo y respeto a los derecho, y reitera que “la coyuntura actual es propicia para promover cambios hacia una verdadera gobernabilidad democrática y hacia la salida de la crisis estructural instaurada desde hace años”. 

ON-26 fue se organizó para monitorear la calidad del proceso electoral, con la intención de alertar, en busca de correctivos, sobre las irregularidades que alteraban la marcha de las elecciones y que, al concluir, pudiera servir de punto de partida para la reflexión y definición de acciones que mejoren la democracia electoral.

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